Niños, niñas y adolescentes con familia en conflictos: infancia rota


Niños, niñas y adolescentes con familia en conflictos: infancia rota

una niña de espaldas toma terapia jugando. Junto a ella está una psicóloga recortando y escuchándola.


Los hijos de Fa se tiraban al piso y empezaban a gritar que no querían estar con su papá. La niña y el niño lloraban y lloraban hasta que la trabajadora social se los llevó, apartados de su mamá, a un cuarto a dialogar. Ahí, durante 15 minutos, la trabajadora social, en presencia del padre, insistía y les pedía explicaciones.

“Se llevaron a los niños a una sala aparte donde no puedes ver, los separan de quien tiene la guarda y custodia a un cuarto donde los sientan y les preguntan por qué no quieres ver a tu papá, imagínate para un menor que le tiene miedo a su agresor. Una niña de ocho años y uno de cinco que le tenían que decir a su papá, pues no te quiero ver porque tú no me defendiste”, platica Fa.

Por órdenes del juez, la niña F y su hermano J debían ir a un Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) a estar una hora por semana con su papá, a quien en pláticas con el propio juzgador le habían pedido no hacerlo.

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La madre narra que un día la niña F, en ese entonces de ocho años, gritó delante de la trabajadora social que su papá les pegaba, que había visto cómo su tío le tocaba “la colita” y no había hecho nada. La mamá F y su abogado pidieron por la vía judicial que la trabajadora social entregara su informe sobre esa visita. Así lo hizo. Sin embargo, la funcionaria narró que la convivencia se había dado en buenos términos y que la niña F y su hermano habían tenido una visita amorosa y tranquila.

En Ciudad de México hay dos Centros de Convivencia Familiar Supervisada, ubicados muy cerca del metro Niños Héroes. Ahí, los papás, mamás y figuras parentales que se encuentran en conflicto llevan o visitan, según sea el caso, a sus hijos, hijas o adolescentes durante una o dos horas a la semana, según lo establezca el juez o la jueza.

En el espacio de convivencia hay juegos, casitas, espacios libres para correr, incluso una televisión. Durante la convivencia, el familiar y el infante son supervisados por una especialista en psicología o trabajo social, quien toma nota de lo que está sucediendo y observa el comportamiento de todas las personas involucradas en la crianza del niño, niña o adolescente.

Son espacios limpios donde las psicólogas y trabajadoras sociales tienen un trato respetuoso, pero que las mamás acusan de ser sesgado, distante y sin interés por sus historias personales.

Cada fin de semana, según la directora del Cecofam, reciben servicios 1,000 familias. De enero a marzo de este año se han realizado 1,864 convivencias. La institución del Poder Judicial encargada de regular los Cecofam es la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Ahí laboran 186 servidores públicos. Para la atención especializada tienen 64 psicólogos y 40 trabajadores/as sociales distribuidos en cuatro sedes del TSJCDMX, tres son Cecofam y una es para las terapias y diagnósticos psicológicos.

Las mamás que ahí se encuentran y han entablado amistades narran a Newsweek México que se sienten sobreobservadas y que la carga de responsabilidad no es igual para ellas que para los papás que van de visita.

Sobre las mamás cae la responsabilidad de llevar a los infantes, de cargar con los costos de traslados, alimentos, de salirse del trabajo y llevar a sus hijos aunque estén enfermos, pues si no lo hacen las multas son de 10,000 pesos.

Además, si los niños o niñas no quieren entrar, como ellas tienen la guarda y custodia, se les ha llegado a acusar de alienar a los niños y niñas en contra de sus padres y de impedirles una convivencia sana.

“Tenemos todo en contra, nos están sobreobservando todo el tiempo, nos regañan y nos dicen que nosotros nos metimos en esto. Si nuestro exmarido nos jalonea afuera del Cecofam nadie mete las manos, pero eso sí, nosotras tenemos que entrar a que se dé la convivencia para que no nos castiguen económicamente o vayan a poner en sus informes que no cooperamos y luego eso nos vaya a perjudicar con el juez.

“Mi niña de dos años no quiere entrar sin mí, le tiene miedo a su papá porque me pegó y a su hermana también, pero el juez dijo que era derecho de ella verlo, entonces aquí estamos, contra su voluntad y llorando a gritos”, dice Mónica, mamá de 28 años de edad con dos hijas.

Al Cecofam también van hombres que han denunciado a madres violentas y las reglas para ellos son iguales.

Para los papás que ejercen su derecho a las visitas dentro del Cecofam, si no acuden a la visita no hay sanción. Queda por escrito y llegará al juez un informe, pero no hay multa como cuando sucede a la inversa.

Newsweek México habló con mamás que visitan los Cecofam y ninguna recibe una pensión fija ni constante. Describen que, además de tener a su cargo el cuidado y crianza de los infantes, deben arreglárselas para cumplir con las órdenes del juez sin que el juzgador tome en cuenta que deben trabajar para la manutención de sus hijos e hijas y, además, convencer a sus empleadores de dejarlas salir.

LA HISTORIA DE FA Y SUS DOS HIJOS

Fa dice que los problemas legales comenzaron cuando el papá de sus hijos dejó de pagar la pensión. En ese entonces, F, la niña mayor, tenía cinco, y J, su hermano, tres años. Con el tiempo, “mi hija ya no quería ir. Pagué un peritaje y salió que mis exsuegros y el papá les pegaban. También se encontró con que los niños comían los alimentos que les producían alergias y se enfermaban. Después, en una ampliación de peritaje salió abuso sexual del tío, hermano de mi esposo, hacia mis dos hijos. El abuso era consentido por el papá y los abuelos”.

Fa cuenta que su hija, también de nombre F, se tardó un año en decirle porque la amenazaron con no volver a ver a su mamá. De ahí se abrió una nueva carpeta de investigación por abuso.

El juez solo restringió que pernoctaran con el papá, como el abusador no era el padre, pues no se podía impedir la convivencia. El problema también era, agrega Fa, que los niños sentían que su papá no los defendía, además les pegaba y consentía que los encerraran en un sótano. “Lo asociaban con la violencia y el miedo”.

Mariana Ortiz habla en su oficina, mueve las manos y trae un saco color salmón

Mariana Ortiz Castañares, coordinadora de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. / ANTONIO CRUZ

El 27 de marzo de 2017 empezaron las idas y vueltas al Cecofam. Los niños no dejaban de llorar. Tenían siete meses de no ver a su papá. Era una figura que les infundía miedo porque rompía vidrios en la casa y era violento. “De pronto, llegas al centro de convivencia, y los sueltas ahí”.

La trabajadora social no sabía la historia. “Eso se me hace pésimo, no es psicóloga infantil y no conoce por qué llegaron mis hijos a esta situación. La trabajadora decía que por qué no los soltaba, y yo los abracé y le pregunté que sí sabía por qué mis hijos no querían y ella de muy mala forma me advirtió que iba a decir al juez que yo impedía la convivencia de mis hijos con su papá y que me iban a multar porque yo estaba exhibiendo a mis hijos enfrente de todos los demás usuarios”.

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Las visitas de F y J a su papá duraron un año y medio hasta que Fa logró la suspensión. El caso aún no está resuelto ni tiene una sentencia final. Mientras hablo con Fa, sus hijos ya tienen diez y seis años, juegan en un centro de juegos Recórcholis y su mamá los cuida a la distancia.

Mariana Ortiz Castañares es coordinadora de Intervención Especializada para Apoyo Judicial y bajo su cargo está la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Dentro de esto, los Cecofam.

Explica en entrevista que las reglas han cambiado para bien. Antes, efectivamente las trabajadoras sociales no conocían los casos y debían insistir a los infantes en convivir con sus familiares en caso de que se negaran.

En noviembre del año pasado, abunda, entró en vigor una nueva etapa dentro de las convivencias familiares en la cual se han implementado mejorías que van desde hacer un diagnóstico de las familias hasta apoyos terapéuticos para los infantes y personas adolescentes, así como para sus figuras parentales.

Según Mariana Ortiz, se trata de un modelo único en el país en el que se busca lograr, a más tardar en un año, una convivencia sana sin mediaciones (del personal del tribunal) entre mamás, papás, hijos, hijas y adolescentes.

Antes de que empezara a ejecutarse el nuevo modelo, las trabajadoras sociales, así como los y las psicólogas desconocían el expediente y los antecedentes familiares, la intención era que hubiera objetividad en el trato y fuera sin prejuicios. Sin embargo, esto en poco ayudaba a los infantes y, mucho menos a los juzgadores, pues no podían tener la retroalimentación certera de quienes observaban las convivencias.

Ahora, explica Mariana Ortiz, cuando se llega a la convivencia, tanto los familiares, figuras parentales e infantes ya pasaron por un diagnóstico, apoyo psicológico y cuentan con mayores herramientas para convivir.

En la fase uno, cuando recién llegan las familias al centro de convivencia pueden presentarse muchas resistencias, explica Mariana Ortiz. La resistencia no nada más se da por parte de las niñas, niños y adolescentes, la enorme resistencia y con la que se enfrentan con mayor frecuencia es con la de los adultos.

Entonces, debido a las problemáticas familiares, a los afectos involucrados, a los duelos irresueltos, las convivencias se dan en contextos complejos, comenta.

Por ello, en la primera etapa se da el diagnóstico, el apoyo terapéutico y, en caso de ser necesario, la asistencia o intervención de una trabajadora social o psicóloga.

En la fase dos, agrega, las condiciones son más favorables, el especialista no tiene que estar inmerso en la convivencia y participa más como observador, no interactúa, a menos de que la situación lo amerite.

Se trata de permanecer lo más atrás que se pueda para permitir que la convivencia se dé de manera espontánea.

Existe una fase tres en donde las niñas, niños y adolescentes conviven con sus familiares en un área cerrada de Chapultepec. Ahí están contenidos y hay vigilancia, pero el tiempo que pasan juntos o juntas es en un espacio abierto. La cuarta fase es cuando ya conviven de manera libre y sin intervenciones.

La idea, explica Mariana Ortiz, es que puedan darse convivencias sanas sin intermediación, pues con el modelo anterior se dieron casos en donde niños y niñas aprendieron a relacionarse siempre con intermediarios y con la idea de que, si como personas adultas no podían dirimir sus conflictos, entonces podían recurrir a la autoridad.

El caso más extremo es el de una niña que pasó 15 años de relación con sus familiares dentro de los Centros de Convivencia, dice la también psicóloga.

LA HISTORIA DE LAURA, SU HIJA JU Y PEDRO

Cuando Laura se divorció de su esposo, a quien le diremos A, acordaron una custodia compartida. Los hijos que tienen en común, una adolescente de 16 años diagnosticada con enfermedades crónicas, a quien nombraremos Ju, y su hermano menor, a quien le diremos Pedro, pasaban una semana con A y su pareja y una semana con su mamá, Laura.

Hasta que un día, tanto el niño como la joven ya no querían ir a casa de su papá. Resulta que una sobrina de la actual pareja de A, quien los visitaba con frecuencia, abusó sexualmente de Pedro, lo golpeaba, e incluso, una vez quiso ahogarlo en una alberca.

A no les creyó. Pero su mamá sí. Levantaron una denuncia y empezaron las idas y vueltas a los juzgados, con los peritos y al centro de convivencia.

“La sobrina le pegó, abusó sexualmente de él, lo torturó, llevé todo al ministerio público, levanté denuncia, se dictó auto y por eso el padre va al centro de convivencia”.

A través de una puerta de cristal se ven dos escritorios, uno para adulto y otro paraniños. Hay sillas de colores y juguetes.

Vista de una sala de terapia donde se trabaja con los infantes en sesiones individuales. / ANTONIO CRUZ

Laura cuenta que el trato en el centro de convivencia es respetuoso. Su trabajo, dice, es que se lleven a cabo las convivencias, a cumplir con la orden del juez, lo que no comparte, insiste una y otra vez, son las formas y el reglamento.

Si sus hijos no quieren entrar a ver a A, considera ella, pues se les debería escuchar, pero “tienen que estarles dando cada 15 minutos, diles que no quieres. Imagínate una criatura, no tiene lógica, si el niño dice no quiero, debería ser no”.

Desde el punto de vista de Laura, las terapias no lo son. Son apoyos, no tratamientos serios, “lo que les importa es que se lleve a cabo la convivencia. Mis hijos se ponían atrás de mí y decían: no queremos entrar, no queremos entrar.

“Al principio lo repetían tres o cuatro veces, decían: no quiero ir, no quiero entrar, y el papá empezó a gritar y entonces es el cuento de nunca acabar, escucharon su voz, se intimidaron y entraron.

“Es una situación traumática, los niños se vuelven a confundir porque hay una lealtad a su padre, se confunden cuando lo ven, lo ven una hora, no pasa nada y juegan. Él no es el violento, pero hubo tortura psicológica”, asegura.

Aline Miranda Hernández, directora del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), explica que son un área ejecutora a la cual se le ordena seguir la instrucción de un juez. Con la reglamentación anterior, es decir, previa a noviembre de 2018, se tenía que insistir al infante 15 minutos antes de aceptarle una negativa. Ahora ya no es así, asegura. Cuando el niño no quiere, no quiere, dice.

La hija de Laura, Ju, ha llegado a sentirse muy mal de salud, pero aun así debe ir al centro de convivencia, si no lo hace, dice su mamá, le ponen multas de 10,000 pesos por cada ausencia.

Laura ha pedido a sus doctores que vayan a ratificar que su hija está enferma, pero no siempre pueden, además les tiene que pagar.

Aline Miranda afirma que cualquier eventualidad o justificación no se resuelve con el Centro de Convivencia Familiar, sino con el juez. Es la autoridad que conoce la situación especial, ya sea de una enfermedad crónica o de cualquier eventualidad que tenga un infante y es quien dicta qué debe proceder.

Laura vive la misma situación que Fa, el primer caso narrado en este reportaje. Económicamente se las tienen que arreglar como pueden. A Laura cada vez le dan menos pensión, entonces se sientemuy limitada para atender las enfermedades y actividades de su hija, además de las necesidades de Pedro.

Sin embargo, la multan cuando no lleva a Ju porque está enferma, además cada mes le depositan menos. “Todos los meses deposita, pero cada vez es menos, ahora me da 9,000 pesos por dos hijos, renta, niña con lupus y diabetes, sin pagar los seguros médicos”, se queja.

“No se cómo le hago, ni cómo le he hecho. La hemos pasado duro. Quién me va a dar trabajo, si te llaman al búnker (Procuraduría de Justicia de Ciudad de México) tienes que salir corriendo o a San Lázaro a ver lo del amparo, es una pesadilla.

“El viernes llegamos cansados y el sábado despiértate para volver a ir, es un sentir de que no acabo, no acabo, y el domingo no quiero ir ni al parque, no quiero hacer nada. Es un desgaste emocional y físico para mí, para todos”.

MÓNICA Y SUS NIÑAS

A diferencia de los otros casos, Mónica pidió que las convivencias de su ex con su hija de dos años fueran en el Cecofam. La razón, su miedo a que él no la devolviera.

“Un día que se la llevó, me mandó mensaje que decía: espero que te hayas despedido de ella porque no la vas a volver a ver y si te acercas a donde ella está, te mato. Obviamente me acerqué, sí hubo violencia, casi me pegó, pero me pude llevar a mi hija”.

Mo considera que en los centros de convivencia hay mucha gente y lo que quieren es darle trámite a todo de manera rápida. “Tienen mucha gente y quieren sacar así todo, rápido, que se despeje el área, emiten recomendaciones, y también creo que emiten recomendaciones que no están basadas en la realidad”, asegura.

 

a través de una puerta de cristal se observa, a la distancia, a dos psicólogas trabajando en un escritorio.

Las terapeutas trabajan en equipo y se retroalimentan sobre las observaciones que hacen de cada infante.  / ANTONIO CRUZ

Mo platica que en las recomendaciones que ha leído sobre las convivencias de su hija con el padre dice que es una excelente figura paterna, que podría ver a la niña afuera y que es una convivencia saludable.

Pero Mónica dice que cómo no va a ser la convivencia perfecta si le lleva regalos y papas y la niña se pone feliz. La verdadera convivencia, asegura, se da en el día a día. Cuando las tienes que apurar para la escuela, cuando tienen hambre y se les debe de dar de comer, cuando pelean y están cansadas, ahí se da la vida de verdad, no dentro de cuatro paredes y bajo vigilancia, declara.

Mo considera que los horarios son muy difíciles para una mamá que, como el resto de las entrevistadas, debe trabajar porque las pensiones son irregulares y con una cantidad simbólica.

En los juzgados dicen que están en pro de los menores, pero –se pregunta Mónica— tienen que ir al Cecofam a las 18:00 horas y luego ir en transporte público a sus casas y al otro día levantarse a la escuela, a veces no les da tiempo ni de cenar.

La vida con tanto estrés, asegura, no es nada favorable para la niña. Dicen que es en pro de los niños, pero los obligan a estar en donde no quieren estar.

Los horarios afectan los tiempos escolares del niño, sus actividades recreativas, no puede tener ni un taller en la tarde, “la verdad es que es horrible, entonces muchas veces meten a todos los fines de semana, dicen que es en pro de los niños ir a ver a quien no quieren ver.

Las convivencias son privadas e íntimas, adentro hay trabajadora social, hay cámaras, en todos lados, tú las ves, no sabes si funcionan, la primera, a mí no me han tratado mal, más allá de las recomendaciones en las que escriben que todo es una maravilla con él”.

Mo siente que, con los cambios en el reglamento y estrategia hechos por los tribunales, ahora quieren despachar rápido a la gente sin buscar cambios de fondo.

Dan cursos generales donde una persona da un testimonio de éxito y habla en términos generales para todas las mamás y papás que asisten. Desde su punto de vista, la idea es darles algunas herramientas, pero no conocerlos a fondo y resolver a fondo, sino “despacharlos en un año”.

A ella no le gusta la idea de las convivencias en Chapultepec, no confía en el papá de su hija y teme que esa laxitud las ponga en riesgo.

 LA PERSPECTIVA EXTERNA

El abogado Luis Figuereo, del despacho Vizcaíno y Figuereo, dice que, si se hace una evaluación general, el Cecofam de Ciudad de México es un centro bastante más útil o lo suficientemente útil, si se voltean a ver otras entidades federativas.

“Si recorres el país, te vas a dar cuenta de que las convivencias en un municipio muchas veces se dan en un entorno hostil, hay mucha gente sin preparación, parecen oficinas administrativas, deficientes, descuidadas, hay poca supervisión, si ese es el punto de comparación, pues está bastante mejor, entonces estos centros los veo como buen intento para que se ejerzan las convivencias, pero tampoco son la solución para estos casos”.

Sin embargo, reconoce que de parte del Poder Legislativo se podría dar más atención y presupuesto. Los legisladores, afirma, probablemente sí lo tienen a la vista, pero consideran que hay otros asuntos más relevantes.

En la foto se ven solo las piernas de una mamá y una niña. Es una foto tomada desde debajo de una mesa.

Ninguna de las entrevistadas quiso revelar su identidad por temor a represalias en el Cecofam.  / ANTONIO CRUZ

Por el presupuesto que se ha asignado a los asuntos familiares, de infantes y género, el abogado Luis Figuereo piensa que están muy castigados y podría aguzarse la problemática.

“Si Cecofam es un órgano que te permite estas convivencias, pero cortas presupuesto, lo poco o mucho que hay va a acabar deteriorándose y dejar de cumplir su función”.

El abogado reconoce que ha habido una evolución y avance en materia familiar, pero –declara— requiere de una constante actualización.

Sí ha adquirido atención distinta, sin embargo, la carga que tienen los tribunales en lo familiar es impresionante, no se dan abasto, no se puede atender con la calidad a la que estarían obligados, analiza.

Se llega con tema urgente y programan audiencia dos, tres y hasta cuatro meses después. Los procesos son lentos y los orales no están abiertos a todas las materias, se han abierto de forma gradual, hace falta más estructura, mayor presupuesto, concluye.

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