El procurador de derechos humanos, atrincherado en su inseguridad, se niega a explicar el caso de los doctorados “patito” entregados en sus instalaciones
Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.
“No hay posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG, una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de comunicación.
Esa situación ha pasado a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos guanajuatenses.
La respuesta tanto del responsable de comunicación social, Martín Guardián, como del coordinador de promoción, Francisco Aguilar Rivera, al ser inquiridos sobre la realización del evento en sus instalaciones el 16 de mayo pasado, fue similar: no hay comentarios.
Entrando más a fondo en un diálogo que no consistía propiamente en una entrevista sino en la insistencia para conocer la posición de la PDHEG sobre el hecho flagrante de que sus instalaciones hayan albergado lo que a todas luces resulta un fraude académico, la respuesta fue que tanto la investigación de POPLab como la de otros medios de comunicación que abordaron el tema fue “una falacia”.
Los funcionarios de la procuraduría fueron enfáticos en subrayar que el préstamo de sus oficinas a la activista Norma Nolasco no los hacía responsables de lo que había ocurrido durante el evento.
No obstante que el reglamento para el otorgamiento del espacio establece con claridad que solamente se pueden realizar reuniones que tengan como finalidad la promoción de los derechos humanos o que sean de carácter académico, ambos funcionarios insistieron en que no es su obligación constatar lo que ocurrió el 16 de mayo ni tener una posición al respecto.
También se insistió que ningún funcionario de Derechos Humanos estuvo presente cuando el doctor José Luis Alcántara, rector de la Universidad CIEN y un autodenominado príncipe de Camerún, país que hoy por hoy es una república, presidieron la ceremonia de otorgamiento de doctorados honoríficos.
Resulta particularmente preocupante tanta laxitud en una institución que le cuesta al estado de Guanajuato 111 millones de pesos en este 2019 y que no tiene una respuesta para justificar una complicidad, por decir lo menos, en un acto fraudulento que atenta directamente contra la seriedad de los grados académicos y vuelve un chiste y un negocio lo que debería ser uno de los más relevantes reconocimientos a la trayectoria de personas que realicen aportaciones relevantes a la sociedad.
Sin embargo, en el caso de la procuraduría de Derechos Humanos de Montero ya nada es de extrañar.
Por ejemplo, si se accede a la página oficial de la institución se encentrará con las recomendaciones que deben ser públicas por ley apenas llegan a septiembre de 2018, con un retraso que abarca 9 meses. Grave omisión para una dependencia con esa volumen de subsidio.
Pero, además, las obligaciones de transparencia sobre información pública de oficio, donde se concentra el gasto de la dependencia, su nómina, su estructura, los contratos que ha firmado, el gasto publicitario que no es poco, están ausentes del sitio. El enlace respectivo se encuentra roto y conduce a una página que evidencia el “error 404”, que en la jerga cibernética quiere decir que la información fue retirada.
Eso sí, la página se encuentra llena de comunicados de prensa cuya principal misión es construirle una imagen a Raúl Montero de Alba y exhibirlo con toda clase de personajes locales y nacionales, como si la fortaleza de la PDHEG dependiera de la capacidad de socialización de su titular.
No es lo único donde se denota la pobre presencia de la defensa de los derechos humanos de los guanajuatenses en manos de esta procuraduría, la cual fue elegida en el tramo final del gobierno de Miguel Márquez bajo la consigna de seleccionar un procurador que no fuera “problemático”, lo que se logró apenas con los votos suficientes para salvar el trámite.
Montero se ha negado a recibir a los familiares de Leo Reyes, el migrante asesinado en San Miguel Allende por una partida de policías estatales que alegan la respuesta a una agresión para justificar el homicidio, algo que choca frontalmente con las circunstancias del joven trabajador de la construcción sin antecedentes de violencia y con apenas una semana de haber llegado de Texas a su terruño. El titular de la PDHEG no solo se ha negado a recibir a los padres de Leo, sino que inexplicablemente ha retrasado la publicación de su resolución sobre el caso.
En otro caso, hace unas semanas un grupo de periodistas y activistas de derechos humanos solicitamos una cita con el procurador para hacerle saber de un inusitado incremento de los ataques desde cuentas anónimas en redes sociales a varios de ellos.
Fue imposible obtener ni siquiera una comunicación telefónica con la oficina de Raúl Montero. Sus guardianes orientaron la petición hacia un subprocurador a fin de que se tramitara una queja, cuando la intención de los solicitantes era sencillamente la de tener un intercambio de ideas y externar una preocupación.
Así, en Guanajuato, quien se ostenta como “defensor del pueblo”, quizá solo por el puesto que le otorgó la bancada panista y por el sueldo que cobra, pero no por sus actitudes, dejó en claro que su oficina está cerrada para dialogar con los ciudadanos guanajuatenses, sobre todo si son críticos, mostrando no solo intolerancia, sino también inmadurez y, probablemente, temor al diálogo con quienes no piensan como él.
Por todo ello, no es extraño que el procurador, resguardado por una guardia pretoriana de funcionarios de alta jerarquía, no tenga opinión alguna sobre el aval otorgado, por lo menos de forma física al haber cedido el espacio, a la escandalosa práctica de entregar reconocimientos seudoacadémicos carentes de toda validez.
Quizás, al final hay algo de congruencia: tan falso como el valor de los títulos entregados y el rango nobiliario del invitado de honor, parece ser el compromiso de quien usurpa el título de defensor del pueblo y disfruta de un presupuesto millonario que hoy por hoy es un absoluto desperdicio.
