Estados Unidos aumentó este viernes la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro al imponer sanciones contra el canciller venezolano Jorge Arreaza y prometer nuevas medidas contra Caracas y “aquellos encargados de conducir su diplomacia”.
Washington impulsa una serie de sanciones contra instituciones políticas y financieras de Venezuela en el marco de su campaña por el reconocimiento del líder parlamentario Juan Guaidó, que en enero se proclamó presidente interino al considerar que el segundo mandato de Maduro iniciado el 10 de enero carece de legitimidad.
“Estados Unidos no va a quedarse mirando cómo el ilegítimo régimen de Maduro priva al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
Tras el reconocimiento de Guaidó, ambos países rompieron relaciones diplomáticas comenzó una pugna por quién tiene el derecho de ejercer la representación diplomática de Venezuela en Washington, actualmente ocupada por activistas de izquierda favorables a Maduro.
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Arreaza advirtió el jueves desde la ONU en Nueva York que si Estados Unidos ingresa a la embajada de Caracas en Washington, su país podría realizar una acción recíproca.
Las sanciones anunciadas este viernes también afectan a la jueza Carol Padilla, involucrada en la detención el mes pasado del jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero.
“Como resultado de las sanciones de hoy, todas las propiedades de estos individuos y cualquier propiedad que tengan, de forma directa o indirecta, en un porcentaje del 50% o más, que estén en Estados Unidos o en posición o en control de personas en Estados Unidos quedan bloqueadas”, indicó el Departamento del Tesoro.
Estados Unidos reiteró que estas sanciones no tienen por qué ser permanentes y tienen como objetivo un “cambio del comportamiento”.
Una serie de sanciones
Venezuela, sumida en una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, vive desde enero un pulso por el poder entre Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, y Maduro, quien cuenta con el apoyo de países extranjeros como Rusia y China.
Paralelamente el país atraviesa la peor crisis de su historia moderna, con una hiperinflación prevista en 10,000,000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2.7 millones de personas desde 2015, según la ONU.
El Tesoro informó que estos activos deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La serie de sanciones que Estados Unidos ha emprendido contra el gobierno de Venezuela comenzó en 2014 durante el gobierno de Barack Obama con una ley que impuso penalidades contra personas responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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Ya bajo el gobierno de Donald Trump, el Tesoro sanciona a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por fallos que han “usurpado” la autoridad de la Asamblea Nacional, el Parlamento elegido democráticamente y controlado desde enero de 2016 por una mayoría de partidos de oposición.
En julio de 2017, el Tesoro sancionó al presidente Nicolás Maduro, un días después de la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con miras a imponer “un régimen autoritario”.
Tras el inicio del segundo mandato de Maduro el 10 de enero, Estados Unidos impuso sanciones contra la petrolera estatal PDVSA para impedir a Maduro que desvíe activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición, o un nuevo gobierno elegido según las normas democráticas.
