Pobladores del Valle de Tehuacán y Sierra Negra se integra en un nuevo frente contra proyectos de muerte, reunidos con motivo del “Día Mundial de la Madre Tierra” denunciaron las problemáticas comunitarias y acordaron la defensa del territorio y la lucha contra el despojo.

Este fin de semana durante el foro en “Defensa del Agua, la Tierra, el Aire y la Vida”, realizado en el nodo ejidal de Chapulco, pobladores de las comunidades de Chapulco, Azumbilla, Cañada Morelos, Miahuatlán y Tehuacan, Nicolás Bravo así como pobladores de la Sierra Norte denunciaron las intervenciones en sus territorios de las trasnacionales Iberdrola, Minera Liner Gold Corp o grupo Ferrominero Autlán.

Pobladores externaron su preocupación por las consecuencias que ya se viven en las comunidades como persecución a quienes se oponen a estos proyectos, la merma de los recursos naturales y las graves violaciones de las que son objeto.

En la mesa de discusión abierta por el Colectivo Hermanos Serdán se hizo público que las empresas Iberdrola y Pier lV han incumplido con los compromisos del medio ambiente y el pago de renta al Ejido de San Pedro Chapulco, predio donde se instala el Parque Eólico considerado el más grande del sector privado energético en Puebla.

Denunciaron las irregularidades del megaproyecto para la generación de energía eléctrica a través del viento que fue impuesto a base de engaños.

Reconocieron que el plan energético, que ya tiene un 75 por ciento de avance, podría considerarse ilegal pues el proyecto se ha instalado en una zona que históricamente forma parte del “Señorío Popoloca” y nunca existió una consulta libre, previa e informada acorde al marco internacional.

El permiso que otorgó la Comisión Reguladora de Energía a las empresas y a la imposición del proyecto, reclamaron, podría constituirse en una clara violación a su derecho a ser consultados como pueblo indígena.

A la fecha ni los pobladores ni ejidatarios conocen cuántos aerogeneradores se han instalado pues el acceso a la zona ha sido restringido para cualquier habitante. El  avance del proyecto es visto desde lejos y los recorridos se hacen únicamente con la venia de las autoridades municipales.

Las nuevas autoridades ejidales que han relevado a la administración anterior, señalaron que el Contrato de arrendamiento del Ejido San Pedro Chapulco, municipio de Chapulco en la sección tercera denominada Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo y Pier IV. S.A de C.V., fue firmado “en corto” por la anterior administración ejidal que no hizo nunca público el convenio y a la fecha se desconocen los permisos correspondientes.

En entrevista, Lorenzo Osorio Rosas, presidente del comisariado ejidal del Ejido de San Pedro Chapulco -para el periodo 2017-2010-, denunció que la empresa inició el contrato con la administración del comisariadado anterior, Jorge Martínez Cuevas, pero el documento fue ni siquiera expuesto a los demás ejidatarios.

Aseguró que a la fecha, se desconocen los permiso de uso de suelo por parte del ayuntamiento municipal encabezado en ése momento por José Valeriano Jiménez, “que no dejó ningún Acuerdo de Cabildo sobre el tema”.

A decir de autoridades ejidales, en 2012 representantes de la empresa Pier lV buscaron un acercamiento para negociar un contrato en la renta del predio por 30 años para la instalación de un Parque Eólico, prometiendo un pago de 1 millón de pesos 613 mil pesos anualmente por el arrendamiento del predio que tiene una extensión de poco más de 11 mil hectáreas.

También se comprometía a un pago de compensación instalaciones como caminos, cimentaciones, canaletas, líneas de transmisión, cercas, casetas, registros, subestaciones y toda obra necesaria, así como un recurso económico destinado para obras sociales.

Pobladores describieron que el contrato fue celebrado aprovechando un conflicto territorial, pues la propiedad del predio se debatía entre las comunidades entre Azumbilla, Puente Colorado y San Pedro Chapulco, y no se habría determinado si era ejido o bienes comunales.

La empresa en el contrato advirtió que el pago se dividiría entre los propietarios, y también estableció que quien resultara el ganador del juicio por la propiedad que se llevó a tribunales, recibiría el pago de la renta anual de 1 millón 613 mil pesos.

Mario Betanzo Castillo, tesorero del comisariado ejidal de San Pedro Chapulco reveló que aunque se tiene una sentencia a favor de San Pedro Chapulco donde el V Tribunal Colegiado reconoció la propiedad del ejido, a los ejidatarios que renovaron el cargo este 2017, las empresa sólo ha pagado la suma de 1 millón 613 mil pesos en el 2017, por lo que a la comunidad le debe la renta correspondiente al año 2018 y un adeudo de pago de compensaciones por 254 mil pesos, lo que suma 1 millón 867 mil pesos de adeudo.

Aunque se ha girado oficios especificando el número de cuenta y se ha buscado que el adeudo quede saldado, ni los pagos ni las promesas a la fecha han sido cumplidas.

Y lo que sí ha sucedido es que este proyecto ha dividido de manera brutal a las comunidades, avivando el viejo conflicto territorial.

Para Gustavo Rosas Martínez, abogado del Ejido San Pedro Chapulco, la situación no es menor. Describió que el megaproyecto actualmente no sólo ha provocado un desastre ecológico sino social, pues el conflicto entre comunidades por la posesión de la tierra se ha revivido y está latente pudiendo escalar a niveles mayores entre habitantes de Azumbilla, Puente Colorado o Chapulco e incluso -dijo- puede llegar a estallar.

Persecución a muerte a defensores del territorio

Alfredo Guerrero Santos, representante de la coordinación estatal del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), ponente en el foro denunció que la resistencia contra megaproyectos en la zonas indígenas en Puebla se ha convertido en una lucha a muerte.

En su turno al micrófono hizo desplegar una manta en la que aparecían los rostros de los defensores del territorio, Antonio Esteban Cruz y Manuel Gaspar Rodríguez, quienes fueron asesinados junio de 2014 y marzo de 2018, respectivamente, por participar activamente en la lucha contra la imposición de una subestación de la CFE en el municipio de Cuetzalan.

Aún con el riesgo, dijo que habitantes no cesarán en la denuncia de la colusión de autoridades federales y estatales con empresas particulares para la realización de “proyectos de muerte” en las cuencas hidrológicas poblanas.

“La lucha no la pararán, vamos a defendernos. Sabemos del riesgo, pero tenemos mucho porque luchar y aún con miedo nos vamos a levantar”, asentó.

El ecocidio alcanzará al que se cree más a salvo: Barrios

En su turno, Martín Barrios de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán señaló los daños de la minería a cielo abierto a la vida de las comunidades y el atroz daño a la flora, describió la explotación del cerro La Yerbabuena que comprende varios municipios de la región de Tehuacán.

Señaló que la empresa canadiense, Linear Gold Corp, por medio de su filial Minera Plata Real, avanzan en los trabajos de la cordillera que comprende los municipios de Tehuacán, Chapulco, Nicolás Bravo y Santiago Miahuatlán, depredándolo, incluso los “territorios sagrados” en la zona.

Acusó el uso de cianuro para extraer minerales usados por las mineras que buscan oro y plata, por lo que la defensa emprendida es “una lucha por la vida”, y llamó a tomar conciencia de que el daño es para todos, habitantes o no de la zona afectada.

“Nos dejan solos en las luchas que se hacen aisladas, se considera que el problema es lejano, allá con los indígenas, pero la verdad es que no hay vida que no toquen los megaproyectos, la contaminación crecerá y alcanzará a todos, en esta zona se lleva a cabo un ecocidio del que nadie escapará ”advirtió Barrios

El foro terminó en un acuerdo de pobladores para celebrar una reunión regional y emprender acciones coordinadas de lucha estratégica contra los que fueron reconocidos “proyectos de muerte”.