La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó a la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018”, debido –entre otras causas—a su sobrepoblación. En tanto, el Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula, continúa sin funcionar desde hace tres años.
El edificio inaugurado por el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo en marzo de 2016, tuvo un costo de dos mil 642 millones de pesos, con inversión de origen federal y estatal. Y estaba planeado para albergar a mil 584 internos, distribuidos en 12 pabellones; entre éstos, dos para sujetos a protección y uno más para personas con discapacidad mental.
La prisión tenía como objetivo abatir el hacinamiento y sobrepoblación de la cárcel ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino.
Sin embargo, a tres años del corte del listón inaugural esta obra, su funcionamiento es incierto. Mientras tanto, la penitenciaría de Ixcotel obtuvo un 5.52 en calificación (la única reprobada del estado) por parte de la CNDH, debido a que no garantiza una estancia digna, ni condiciones de gobernabilidad y tampoco reinserción social.
El centro tiene una población de 899 personas privadas de su libertad, contra una capacidad de 850. Aunado a ello, se tienen deficiencias en salud, falta de prevención a las violaciones a los derechos humanos, falta de normatividad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, de acuerdo con el Diagnóstico de la Comisión de Derechos Humanos.
*Irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación detectó en la revisión de Inversiones Físicas 14-A-20000-04-1003 efectuada a la Cuenta Pública 2014 –a un monto de 541 millones 706 mil pesos del gasto federal destinado a este proyecto– diversas anomalías en el Centro de Reinserción varonil de Tanivet, Tlacolula.
El documento identificó el manejo poco transparente de los contratos por parte de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra); inconsistencias en la obra; falta de presentación de fianza de garantía de cumplimiento de contrato y el pago por obra no ejecutada que suma 27 millones 649 mil nueve pesos por parte de la sociedad conformada por las empresas Constructora Copora, S.A. de C.V. y Concretos y obra civil del pacífico.
En la revisión, la ASF señaló que el 2 de agosto de 2012, Sinfra formalizó el contrato de obra pública número J03 UI 02 08 0095/2012, adjudicado directamente a las empresas en convenio de participación conjunta antes mencionadas por un monto de mil 97 millones 530 mil nueve pesos, a quienes fijó un plazo de 550 días naturales para la realización de la obra, comprendidos del 20 de agosto de 2012 al 20 de febrero de 2014, pero el 21 de septiembre de 2013, la Secretaría dio terminación anticipada al acuerdo.
Lo anterior, bajo el argumento de que la Secretaría de Finanzas carecía de recursos para cubrir los trabajos durante el ejercicio fiscal 2013. Este proceso formalizado el 30 de septiembre de ese año, generó un finiquito por 452 millones 71 mil pesos pagados en 48 estimaciones.
No obstante esta revocación anticipada, cinco meses después de ello, el 7 de febrero de 2014, Sinfra recontrató ambas empresas bajo el acuerdo JO3 UI 02 08 0001/2014, por un importe de 888 millones 196 mil pesos para la terminación de la construcción y equipamiento de mobiliario fijo del Centro de Reinserción Social, sin contar nuevamente con la suficiencia presupuestaria, detallaron los auditores.
La obra desde el arranque de la actual administración continúa cerrada y se desconoce cuándo se echará andar, o el proyecto que se tiene para la misma.
