Una ‘Comisión de la verdad’ podría investigar los proyectos en Asociación Público Privadas (APP), aprobados por el gobierno estatal saliente, como promete el candidato a gobernador Jaime Martínez Veloz.
Víctor Espinoza, investigador del Colegio de la Frontera norte (Colef), dijo que la propuesta del candidato es viable y serviría para conocer si hay conflicto de intereses en la aprobación de construcciones como el doble piso a Playas de Tijuana o la desalinizadora en Playas de Rosarito.
Las comisiones de la verdad han sido usadas cuando se trata de violaciones a derechos humanos. En México la tuvo el caso Ayotzinapa, en Argentina la desaparición de personas bajo la dictadura militar y en África la reconciliación tras la segregación racial.
En este caso, la propuesta de Martínez Veloz fue difundida en un comunicado de prensa fechado el 3 de abril en el municipio de Tecate, y en entrevista para #GatoxLiebre dijo que la intención es conocer si el respaldo de funcionarios y ex funcionarios daña el patrimonio financiero, medioambiental o territorial del estado.
“Hay un peligro inminente de hipotecar el futuro de Baja California por varias generaciones”, comentó el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), bajo la ley de APP’s aprobada en 2014 hay nueve proyectos autorizados.
Esto implica pagos mensuales por hasta 189 millones 796 mil 346 pesos, según la información difundida por la misma dependencia en su portal digital.
Entre las obras hay un edificio para la Policía Estatal Preventiva (PEP), otro para la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), el doble piso a Playas de Tijuana, la rehabilitación de carreteras en Mexicali, y la desaladora en Playas de Rosarito.
En esta última Martínez Veloz afirmó que no sólo debe ser investigado el gobernador Francisco Vega, sino también el candidato de Morena a la gubernatura, Jaime Bonilla.
“Aunque no ha sido funcionario del gobierno del estado, ha sido funcionario del gobierno norteamericano que está involucrado en los proyectos que ahora el gobierno de ‘Kiko’ Vega está aprobando”, comentó.
Explicó que en la comisión habría especialistas en el tema de agua, juristas, ambientalistas, historiadores y antropólogos que en unos cuatro meses entregarían un análisis sobre todos los involucrados en la autorización de las APP, y gobierno estatal presentaría las demandas.
Espinoza Valle, agregó que para no caer en una discusión sin fin, igual debería ser abrogada la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California que permite esas asociaciones desde el 2014.
Esto porque los contratos pudieron haber sido firmados bajo un marco legal, pero pueden ser cuestionables desde un punto de vista ético.
“Aún en ese contexto que no se abrogara la ley, creo que funcionaria bien una comisión que estudiará las irregularidades y el conflicto de intereses”, dijo.
Y aunque tanto el candidato como el doctor en sociología política creen que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) puede ayudar, también opinaron que no bastaría.
Espinoza Valle recordó que el SEA sigue sin funcionar, y Martínez Veloz cuestionó que legisladores panistas y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hayan peleado por el control del nuevo ente anticorrupción.
“No tengo señalamientos personales. Lo que sí sé es que son grupos de poder que han estado involucrados en los negocios derivados del gobierno o en las acciones gubernamentales. Los tendría que ver con reserva”, comentó el candidato.
