*Con controversias constitucionales, Chihuahua, Zacatecas y Guerrero reclaman que el programa federal acabe en un esquema de ‘tandas’
A tres meses de asumir el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador encontró “una veta de oro” en el Fondo Minero, que entre el 2014 y 2017 aportó 11 mil 360.7 millones de pesos en el país, y ahora se pretende explotar sin la participación de estados, municipios, compañías y comunidades, tal y como ocurría desde hace un sexenio que se constituyó.
De ese paquete de recursos acumulados a través del cobro de un impuesto especial a las mineras de 7.5% sobre sus utilidades, más 0.5% de la venta de oro, plata y platino, todavía hay unos 3 mil 738.9 millones de pesos recaudados en 2017, pendientes de ejercer, ya que no se materializaron a pesar de estar asignados para financiar proyectos sociales.
Con la bandera de evitar más prácticas desleales y corrupción en la aplicación de los recursos del Fondo Minero, el gobierno anunció que cambiaría las reglas de operación para aplicarlos “sin intermediarios y de manera ágil para que los recursos lleguen a quien tiene que llegar”.
Aunque el recurso se ha invertido primordialmente para obras de introducción de agua, pavimentación, electrificación, infraestructura educativa, de salud y cultura, entre otros, ahora se habla de privilegiar la entrega de créditos a la palabra, cada uno por alrededor de 6 mil pesos para impulsar pequeños negocios en las comunidades mineras y que el gobierno federal decida, qué tipo de obra o proyecto es necesario hacer en los municipios.
La iniciativa presidencial provocó la inconformidad constitucional de gobernadores y alcaldes, así como la postura encontrada de presidentes y directores de clúster mineros, cámaras y asociaciones empresariales, acusando que con ésa y otras decisiones similares, se deja atrás más de 30 años de avance en la lucha contra el centralismo y la soberanía de las entidades federativas.
Al son de las consultas públicas…
La decisión del control único del Fondo Minero por el Ejecutivo Federal, se fundió en el crisol de la incertidumbre, en la que a decir de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) se encuentra ahora el sector.
En un comunicado de prensa, manifestó su preocupación porque la minería nacional enfrenta un año 2019 incierto, debido a que los proyectos serán sometidos a consultas públicas.
“Las mineras que operan en México enfrentarán grandes incertidumbres en los primeros 365 días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues a menos de un mes de asumir, el partido oficialista –es decir Morena— presentó una iniciativa legislativa destinada a endurecer los reglamentos comunitarios y ambientales, y se comprometió a someter los proyectos mineros a votación en consultas públicas”.
En el análisis de la Cámara, las empresas del ramo enfrentan un entorno laboral difícil con la designación en el Senado, de Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero nacional.
“Si bien se puede decir que cada uno de estos desafíos es manejable ante el largo historial minero de México, la fuerza laboral calificada y la riqueza mineral, las compañías también libran un estado de incertidumbre general”.
La CAMIMEX reproduce lo señalado por el analista de la británica Control Risks, Eduardo Arcos, quien apuntó que la seguridad es un importante riesgo para las mineras en México, al operar en áreas controladas por poderosos cárteles delictivos pero aún más preocupante será el uso de consultas públicas de AMLO, ampliamente criticadas por ser consideradas erróneas.
Ejemplificó que el presidente ha prometido a los lugareños del estado de Baja California Sur, una votación sobre el proyecto aurífero de 250 millones de dólares “Los Cardones”, propiedad de Invecture Group, parte del cual se encuentra en una reserva natural.
También se realizarán consultas sobre otros nuevos proyectos mineros bajo las propuestas del Primer Mandatario.
“Si las consultas se implementan a nivel estatal o federal, existe un mayor riesgo de que se politicen y movilicen a personas en contra de cierta opción, sin que ellas realmente se preocupen por el proyecto”.
En torno a la cuestión sindical, subrayó que es probable la intensificación de las movilizaciones a favor de las propuestas de López Obrador, a la sombra de su postura en favorecer al trabajador pero también porque Gómez Urrutia, es un colaborador cercano y podría presionar por reajustes salariales, incluso estará detrás de posibles huelgas de larga duración. Ya comenzó con las plantas maquiladoras.
REPORTAJE COMPLETO EN LA REVISTA NEWSWEEK CHIHUAHUA #2
