Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha recibido la denuncia de hechos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la presunta participación de personal de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado en actos de tortura en contra de personas detenidas durante el anterior sexenio, a pesar de que la semana pasada se dio contestación afirmativa a la recomendación del organismo nacional.
Dentro de las recomendaciones a la institución se incluye un apartado en el que se señala que “la Fiscalía deberá integrar una carpeta de investigación con motivo de la denuncia de hechos que la CNDH presentará en contra del personal policial y ministerial involucrado”, sin embargo, hasta el momento no se ha girado la denuncia, por lo que aún no se ha iniciado la investigación de los funcionarios, o ex funcionarios, involucrados, así lo mencionó el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, en reunión con víctimas de tortura.
“La comisión nos pide que colaboremos en la integración de la carpeta, que se forma una vez de la denuncia de hechos que se presentará, pero hasta el momento no se ha presentado, la estamos esperando para que se empiecen a recabar todos los testimonios y las entrevistas de todas las personas que tengan que rendir aquí su declaración”.
Señaló que su responsabilidad como titular de la Fiscalía es investigar e iniciar las carpetas de investigación correspondientes, así como aplicar las sanciones que ameriten los responsables de los actos.
En caso de que los eventos señalados ya hayan prescrito según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, deberá quedar asentado en el expediente laboral de los funcionarios involucrados.
“En el supuesto de que la responsabilidad administrativa de las autoridades responsables haya prescrito, que ya no se pueda hacer nada porque ya pasó mucho tiempo, se deberá dejar constancia de la recomendación en el expediente laboral”.
Asimismo, refirió que podrían reabrirse los casos de algunas víctimas que permanecen privadas de su libertad en centros penitenciarios para analizar si podrían acceder a mecanismos de defensa en sus juicios, al acreditarse la tortura.
“Vamos a ir personalmente a los CERESOS a recopilar información de las personas que estén detenidas, y vamos a ir a los lugares a los que tengamos que ir”, afirmó.
Ante la petición de familiares de víctimas de tortura de que fueran destituidos al menos 24 trabajadores de la Fiscalía General del Estado que habrían participado en los casos de tortura, Figueroa Ortega mencionó que por el momento eso es inviable ya que primero se deberá iniciar una investigación para acreditar su responsabilidad y evitar destituciones arbitrarias.
“Si yo los despido ahorita sería una arbitrariedad. Si yo los destituyo sería una consecuencia si encontramos una responsabilidad, pero no puedo meterlos a la cárcel sin antes investigar su participación en la tortura”, subrayó.
Por lo pronto, aseguró que ya se está cumpliendo con otro apartado de la recomendación de la CNDH, que se refiere a la impartición de cursos de capacitación al personal de la Fiscalía General del Estado sobre la implementación del Protocolo de Estambul y mecanismos de prevención de la tortura.
“La semana pasada ya vinieron dos personas a capacitar a policías ministeriales, tenemos videograbada la conferencia, tenemos constancias de que vinieron personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en un plazo de tres meses demos esa capacitación”.
Finalmente, los familiares y víctimas de tortura solicitaron al fiscal mayor seguridad por temor a represalias, a lo que este se comprometió a dotar de elementos de seguridad en el momento que lo soliciten.
