En un comunicado firmado por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, así como por los diferentes consejeros del órgano autónomo, la Comisión llamó al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y al Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como a sus homólogos de los demás estados, a impulsar y aprobar una ley de protección al patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
La CNDH indicó que ha elaborado una investigación en la que se obtuvieron testimonios de diversos grupos de personas dedicadas a la artesanía en varios estados del país, en la que pudo comprobar como es que la apropiación indebida de la cultura, así como la falta de reconocimiento intelectual por parte de empresas de diferentes ramos industriales, afectan directa e indirectamente a los artesanos indígenas mexicanos.
En su comunicado, la Comisión llamó a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a presentar una iniciativa de ley en la que se contemple el establecimiento de un sistema interinstitucional que garantice el reconocimiento colectivo y la protección integral del patrimonio cultural de los pueblos.
También se conminó a los poderes legislativos de cada entidad a discutir, estudiar, diseñar y promover las iniciativas presentadas que contemplen un ordenamiento jurídico, el cual establezca el debido reconocimiento colectivo de la obra intelectual de las comunidades indígenas de cada estado.
Varias empresas textiles y gastronómicas, tales como la empresa textil española Inditex, la tienda departamental Liverpool, y la empresa textil Mango, han sido acusadas de plagiar diseños propios de productos típicos de comunidades indígenas de diversas regiones. Artesanas de varios estados han pedido que, para detener el plagio de propiedad intelectual de estas comunidades, se elimine el término “artesanas” para valorarlas como “artistas”, ya que su trabajo debe ser valorado como arte.
Esta recomendación general fue realizada y presentada a los gobernadores desde el pasado 28 de enero y presentada a la opinión pública el pasado 17 de febrero.
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