La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este 10 de febrero, una Recomendación a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, con la intención de resarcir el daño en numerosos casos tortura y violación sexual hacia personas detenidas y puestas a disposición de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, en los años 2011 y 2012.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Jesús Figuero Ortega, dio a conocer que la FGE cuenta con 15 días hábiles desde que se da a reconocer la Recomendación para hacer un análisis del resolutivo y decidir si se acepta poner en marcha las peticiones que realiza la CNDH.

“Necesitamos analizar que en efecto se traten de hechos que imputan a elementos de la procuraduría hoy fiscalía del estado, y después de esa aceptación cumplir con todos los requerimientos o recomendaciones”, manifestó en rueda de prensa.

Entre las recomendaciones, se encuentra la reparación del daño a las víctimas con atención psicológica, e incluirlas en el Registro Nacional de Víctimas.

“Asumimos como institución esta resolución pero lo vamos a ver con el debido análisis que necesitamos porque además es una resolución que contiene más de 300 páginas, las que debemos de analizar con mucho detalle”.

Agregó que parte de la investigación y análisis de la resolución, será la identificación de las víctimas y los presuntos agresores, puesto que la resolución no incluye ninguna clase de nombres, sin embargo, con la información preliminar se considera que participaron de entre 5 y 6 agentes ministeriales en estos casos de violación a derechos humanos.

Debido a la fecha en la que datan los casos señalados, el Fiscal cree poco probable que los involucrados continúen laborando en la institución

De acuerdo con la resolución, “el Organismo Nacional abrió un expediente de queja a partir de la información publicada en medios de comunicación en que familiares de 186 internos de los Centros de Readaptación Social de la entidad denunciaban a policías ministeriales y funcionarios de alto nivel de la entonces Procuraduría de participar en detenciones arbitrarias y actos de tortura contra personas detenidas en la casa de arraigo o en las instalaciones de dicha dependencia para que se autoinculparan.”

Del total de casos denunciados, sólo 25 personas decidieron que continuara la investigación de los hechos (5 mujeres y 20 hombres), aunque uno de ellos se desistió posteriormente.

En 101 no existieron los domicilios que las personas aportaron cuando fueron detenidas; 33 personas que fueron consignadas, al salir de los Ceresos ya no residían en los domicilios indicados y se entrevistó a 52 agraviados, de los cuales 27 señalaron haber sido víctimas de torturas, pero ante el temor de represalias optaron por no continuar con la indagatoria.

Esto indica que los actos de violación a los derechos humanos ocurrieron en su detención, por lo que Figueroa Ortega reconoció que alguna o varias de las víctimas pudieran estar actualmente recluidas.

Para la época en la que ocurrieron los casos, el Procurador de Justicia Estatal era Felipe Muñoz Vázquez, actual subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), quien fue señalado constantemente por medios locales de incurrir a la tortura y agresiones durante su administración.

El actual titular de la FGE rechazó haber entablado alguna comunicación con Muñoz Vázquez, con quien señaló tener una buena relación y de quien desconoció si pudiera existir alguna consecuencia legal en su contra tras darse a conocer estos casos.