Los defensores de la tierra y el territorio han sido criminalizados bajo acusaciones de “oponerse al progreso”, denunció el consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), José Bernardo Rodríguez Alamilla.
Y es que de acuerdo a un recuento de organizaciones de la sociedad civil, de diciembre de 2016 a la fecha, en la entidad 13 activistas que enarbolaban causas ambientales contra mineras, presas y el sector energético, así como el respeto por la libre determinación de los pueblos indígenas han sido asesinados.
En octubre de 2018 en Santiago Astata, Oaxaca, Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) fue ultimado, la agrupación atribuyó la agresión al trabajo de activismo de este hombre de 44 años.
En julio de ese año, hombres armados y vestidos de militares secuestraron a Abraham Hernández Gonzales en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla. Después de varias horas, el entonces coordinador local de esa misma organización fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad.
La agrupación denunció que el crimen se sumaba a los homicidios de Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez ocurridos el 12 de febrero de 2018 en la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel, de aquella emboscada sobrevivió Abraham Ramírez Vázquez.
Mientras tanto, en 2017, el representante de la “Resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica y contra la minería en San Pedro Tapanatepec”, fue golpeado y posteriormente falleció en un hospital.
Por su parte, el “Informe Ciudadano: Bajo ataque. Los derechos humanos en Oaxaca”, presentado en septiembre de 2018 destaca que “las violaciones a derechos de pueblos indígenas se han agudizado de manera alarmante, principalmente por la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, además de la implementación de la Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec”.
El documento precisa que en la entidad se encuentran programados 67 proyectos hidroeléctricos. Y destaca que en algunos ríos se proyecta la construcción de entre nueve a 14 presas en un mismo cauce; el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la Costa de Oaxaca, afectaría a 97 mil personas de pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos.
“De 2006 a 2013, en el Istmo de Tehuantepec se instalaron 24 parques eólicos en los municipios de Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Santo Domingo Ingenio. Los contratos se han realizado en condiciones de desventaja para los propietarios, porque las empresas eólicas se hacen del derecho de posesión de la tierra durante 30 años, con posibilidades de renovarse otros 30 y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos, al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada”, indica.
En este maco, durante el “Conversatorio política ambiental y derechos humanos”, Rodríguez Almilla afirmó que es indispensable visibilizar el trabajo que llevan a cabo las personas que se dedican a la protección del medio ambiente y el cuidado de los territorios.
Lamentó que en muchos casos los defensores son acusados de oponerse al progreso, cuando realizan una labor para beneficio no solo de sus comunidades, sino de un entorno global.
Además, consideró fundamental mejorar los mecanismos de protección para las y los defensores de los derechos humanos y periodistas, ya que estos tienen una operación deficiente en algunos casos.
