Aunque en Nuevo León el ritmo de crecimiento económico es superior al nacional, somos una entidad con gran desigualdad social. Además, en nuestro territorio viven 737 mil 765 personas en situación de pobreza y los niveles de violencia y corrupción en los que vivimos continúan en ascenso.
Durante su toma de protesta como gobernador de la entidad en 2015, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que la corrupción «sin llenadera» ha dañado nuestro estado y reconoció que para «limpiar el gobierno a todos los niveles [es necesario] ganar la confianza de la gente» y que para ello se requiere «demostrar resultados».
Asimismo, el gobernador neoleonés se comprometió a «hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir de América Latina. Ser una sociedad donde caben todos, donde no se abandona a nadie y tengamos el piso parejo, donde jalemos hacia arriba a los más pobres. Reducir de manera importante los casos de sobrepeso y diabetes en el estado, que tanto están afectando la salud de los nuevoleoneses. Además de combatir la violencia que le pega a la gente».
No obstante, a tres años de haber iniciado su mandato, la desconfianza en las autoridades e instituciones de la entidad continúa y los retos que enfrenta este gobierno, a la mitad de su administración, en materia de pobreza, desigualdad, violencia y corrupción siguen siendo de gran calado.
Aquí presentamos la magnitud de estos rezagos.
Menos pobres, pero más desiguales
Seguir reduciendo la pobreza y cerrar las brechas de la desigualdad es uno de los desafíos más importantes para nuestro gobierno. En Nuevo León, aún estamos muy lejos de alcanzar lo que los expertos llaman el círculo virtuoso de menor pobreza y desigualdad y mayor crecimiento económico. E
Aunque desde el año 2010 el estado mantiene un promedio de crecimiento del 3.7%, este crecimiento, que es superior al nacional de 3.1%, no se ha traducido en la erradicación de la pobreza y tampoco en mayor igualdad. Cabe destacar que los datos más recientes del Inegi muestran que en 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) de Nuevo León creció en un 3.0 por ciento y que es la tercera entidad que más aportó al PIB del país.
En Nuevo León viven 737 mil 765 neoleoneses en situación de pobreza, lo que representa al 14.2% del total de la población estatal, de ellos, 706 mil 300 son pobres moderados y casi 31 mil 500 son pobres extremos.
Además, el 34.6% de la población estatal vive con al menos una carencia social, 3 puntos porcentuales más que en 2010 cuando el indicador era de 31.6% y 6.6 puntos porcentuales más que en 2014.
Debe señalarse que, de acuerdo con los datos más recientes del Coneval, la pobreza en nuestro estado disminuyó en 6.8 puntos porcentuales respecto de la medición del año 2010 con lo que para 2016 había 257 mil neoleoneses menos en situación de pobreza. Lo mismo ocurrió con la pobreza extrema que pasó de 1.8% en 2010 a 0.6% en 2016, lo que significa que en ese periodo 55 mil personas salieron de la pobreza extrema.
Asimismo, la población en pobreza extrema pasó de 402 mil 600 a 213 mil 800 en seis años. No obstante, la población vulnerable por carencias sociales incrementó en 136 mil 400 personas, y la vulnerable por ingresos en 32 mil 500.
En el 14% de los municipios neoleoneses la pobreza es superior al 50%, en dos de ellos (Mier y Noriega, y Rayones) más del 70% de las personas son pobres.
La pobreza extrema es superior al 20% en el municipio de Mier y Noriega y en cinco (Dr. Arroyo, Aramberri, Gral. Zaragoza, Galeana y Rayones), más del 10% son pobres extremos.
Adicionalmente, en el 27% de los municipios de la entidad, ocho de cada 10 personas viven con al menos una carencia social, en tres de ellos (Mier y Noriega, General Zaragoza y Rayones) la población en esta situación supera el 90%.
Mientras tanto, solo en dos municipios (Apodaca y San Nicolás de los Garza), la población no pobre y no vulnerable es superior al 50%. En contraste, en Mier y Noriega y General Zaragoza menos del 2.5% de los habitantes no son pobres, ni vulnerables.
Si bien la incidencia de pobreza en nuestro estado ha mostrado una tendencia a la baja, debe evidenciarse que de acuerdo con la edición más reciente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en el año 2016, los hogares de la entidad obtuvieron ingresos promedios trimestrales por 87,653 pesos (los más altos a nivel nacional), ello que significa que en cada hogar hay un salario promedio al mes de 29,218 pesos.
No obstante, el 10% más rico de los hogares neoleoneses tuvo, en promedio, ingresos por 452,238 pesos al trimestre, lo que representa 5,025 pesos al día, mientras que el ingreso promedio del 10% más pobre fue de apenas 13,485 pesos, o bien, de 150 pesos diarios, es decir, 33.5 veces menos que el segmento de los más ricos, con lo que nuestra entidad es la más desigual del país.
Estas brechas de ingreso se perciben también entre el ámbito urbano y rural del estado, pues, mientras que, en las localidades de más de 2,500 habitantes el ingreso promedio trimestral fue de 91,004 pesos, en las localidades rurales fue de 33,090 pesos, lo que significa que los ingresos de los neoleoneses que viven en áreas urbanas son 2.75 veces más altos que los de los que viven en áreas rurales.
Por otra parte, no debemos olvidar los desafíos que en materia de salud pública tiene nuestro estado y que requieren, con urgencia, de respuestas institucionales eficaces.
En Nuevo León, datos del Coneval indicaron que en 2016 había 690 mil personas en vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios de salud, cifra que representa al 13.3% de la población estatal.
En ese contexto, los registros del Inegi evidencian que, entre 2006 y 2017 hubo 36,164 muertes por diabetes mellitus, 7,151 por enfermedades hipertensivas, y 45,902 por enfermedades isquémicas del corazón. En tanto, las defunciones que tienen como causa algún tipo de cáncer o tumor sumaron en dicho lapso 45 mil 502 fallecimientos.
De los más violentos
Otro de los temas que el gobierno del estado debe atender con urgencia es el aumento de la violencia que se extiende, en sus distintas formas y manifestaciones, a lo largo de nuestro territorio.
Entre enero de 2015 y octubre de 2018 se cometieron en Nuevo León 4,270 homicidios. En el 53% de los casos se trató de homicidios dolosos, los cuales, en total, sumaron 2,273 muertes, cifra que coloca a la entidad en el lugar 15 con el mayor número de casos en el periodo señalado a nivel nacional.
Además, en los 10 primeros meses de 2018 se acumularon 569 homicidios dolosos, 26% más que los registrados en todo 2015, cuando se consignaron 450. Destaca que el 70% de ellos se cometieron con arma de fuego.
Al interior de nuestro estado, la capital es el municipio con el mayor número de casos con 647 homicidios dolosos cometidos desde enero de 2015 y hasta octubre de 2018. Le siguen Guadalupe, con 195 casos; Apodaca, con 162; General Escobedo, con 148; Santa Catarina, con 144; Juárez, con 142; Cadereyta Jiménez con 141; y García, con 123. En contraste, hay cinco municipios en los que, en el mismo lapso, solo se cometió un homicidio doloso.
Algo similar sucede en relación con los feminicidios, pues, con los 114 registros consignados entre 2015 y octubre de 2018, Nuevo León presenta un aumento del 56% en este delito, pasando de 43 casos en 2017 a 67 en los 10 primeros meses del año pasado.
Desconfianza y corrupción
La crisis de la violencia que permea nuestro país surge en un contexto en que la desconfianza de las personas hacia las autoridades de seguridad y la percepción de corrupción se encuentran en niveles muy altos.
En Nuevo León, el 36.1% de la población mayor de 18 años desconfía algo o mucho de la policía preventiva municipal, 30.2% de los ministerios públicos y de la procuraduría estatal, 34% de la policía ministerial o judicial, 26.7% de la policía estatal y 20.6% de la policía federal.
Además, actualmente el 89.8% de los habitantes de Nuevo León piensa que es muy común que exista corrupción en el estado. Según cifras de la ENCIG 2017, en nuestro estado se presentó un aumento de 4.1 puntos porcentuales respecto de 2013, cuando se reportó que el 85.7% de los neoleoneses tenía esta percepción.E
De hecho, los datos señalan que en el estado hay una tasa de incidencia de corrupción de 22 mil 559 delitos por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos, mayor que la registrada en 2013 cuando fue de 8 mil 745 delitos por cada 100 mil habitantes y que en 2015 cuando fue de 16 mil 292 por cada 100 mil.
