Sigue siendo vigente la vieja sentencia de que la primera víctima de una guerra es la verdad. Ahora lo vemos en el tema de la gasolina, donde la desinformación fluye a borbotones y escasean los datos concretos y los análisis razonados que contribuyan a entender y afrontar la emergencia.

Desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador surgen explicaciones efectistas que hasta hoy han logrado su objetivo de poner a la población de parte de la lucha contra el robo de combustibles, aunque, como en cualquier parte de guerra, los datos sean más propaganda que información contrastable.

Por lo pronto la comentocracia nacional, que tan bien le tenía tomada la medida a los gobiernos del PRI y del PAN, sigue desconcertada ante el crecimiento del respaldo popular a AMLO, pese a la evidente deficiencia con la que se afrontó esta primera batalla contra la colusión entre delincuencia y poder.

El apoyo a la batalla contra el huachicol, coincidente en todas las encuestas, trata de ser explicada de mil maneras por los analistas de los medios, y se asegura que no es para siempre, lo que resulta una obviedad. Lo que no se aborda es que los ciudadanos, con la escasa información con la que cuentan, parecen haber valorado más la decisión de hacer algo para enfrentar el desastre en uno de los innumerables frentes que dejaron las administraciones anteriores, que las molestias personales.

Quizá por eso, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, ha evitado subirse a las críticas contra López Obrador y más bien decidió jugar en su cancha en un papel de colaboración. La búsqueda de soluciones al abasto, en entrevistas con el director de PEMEX y en su viaje a Houston, Texas, el mandatario local ha querido ponerse proactivo y ha dejado en claro que busca “ayudar al presidente”.

El gesto fue respondido con la misma cortesía por López Obrador en su conferencia matutina del martes 15, donde valoró positivamente las acciones de los gobernadores para gestionar ante las empresas que tienen permisos de importación que los empleen.

Sin embargo, los anuncios de trenes mágicos que de acuerdo a la prensa local casi llegan el mismo día en que los anuncia el gobernador, no se compaginan con la realidad. Las importaciones de gasolina directa al estado de Guanajuato solo se realizan por la empresa ExxonMobil, cuyas estaciones no han dejado de vender combustible, salvo en los lapsos en que la demanda excesiva las ha vaciado.

Al no depender de PEMEX y la aleatoriedad de sus pipas, Mobil mantiene un abasto continuo y programado y si no da servicio continuo es porque no puede suplir la carencia de gasolina del resto de las estaciones por si sola.

Así los ferrotanques que llegan a San José Iturbide no se han detenido y quizá puedan aumentar en una proporción razonable, pero no de manera exponencial, por carencia de infraestructura de almacenamiento y reparto. Duplicar el suministro implicaría duplicar el número de pipas y el tiempo de trasvase, algo que resulta lógico y sencillo de concluir.

Una inversión en infraestructura sería redituable si hay un plan de negocios de largo plazo, no solo una medida coyuntural para salvar la emergencia. Ninguna empresa de este tipo invierte sin una perspectiva de largo plazo.

En cambio, lo que si debe hacerse es buscar la reactivación de los ductos de transporte de combustible, exentos de amenazas de sabotaje y de perforaciones ilegales. Usar esa infraestructura es la solución más barata, más eficiente y sostenible en el largo plazo.

Para ello se requiere restaurar el estado de derecho y combatir la impunidad con la que hasta ahora se ha venido realizando el robo industrial de combustibles, incluyendo una red de distribución clandestina que reintroduce el combustible a numerosas gasolineras establecidas, como dejan ver los primeros informes de operaciones sospechosas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que cifran en más de mil millones de pesos el lavado de dinero por ese concepto.

Los políticos deben empezar a respetar más a esa población que ha mostrado entender perfectamente las prioridades del actual momento nacional. López Obrador está obligado a llegar a las últimas consecuencias jurídicas del enorme saqueo al que ha decidido enfrentarse. Diego Sinhue Rodríguez tiene que identificar como una prioridad el restablecimiento de la seguridad en el estado.

La emergencia del abasto pasará y dejará de ser noticia las gestiones pantalla para traer gasolina o para enfrentar el sabotaje. Lo que viene es una larga, dedicada y compleja batalla por recuperar lo que cualquier nación y estado que quieren ser viables necesitan: leyes que se respeten, autoridades aplicadas a resolver problemas y no a salir en los periódicos.

Ahí está para empezar, en el caso de Guanajuato, el robo de al menos dos pipas en carreteras que pasan por la entidad. No puede ser una respuesta argüir que son delitos federales, para justificar que las autoridades locales hurten el cuerpo.

Si el nombre del juego es coordinación y trabajo conjunto, si como ha dicho el gobernador Sinhue, se trata de “ayudarle al presidente” en el combate a un flagelo ya insostenible, es hora de que se lo diga también a Carlos Zamarripa, su candidato a fiscal al que ya se aprestan a imponer los diputados del PAN en el Congreso.