Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país

La violación sistemática a los derechos humanos que existe en nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”[1], e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”[2].

La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a actos violatorios de los derechos humanos.

Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

No obstante, en México siguen ocurriendo con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población, e incluso en este sexenio han tenido lugar casos emblemáticos como:

• La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en Guerrero.
• La detención arbitraria y ejecución extrajudicial de 22 personas por parte militares, tras un enfrentamiento armado en 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
• La ejecución extrajudicial por parte de elementos federales de al menos 16 civiles desarmados que se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán en 2015, en Michoacán.
• La muerte de 42 civiles tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo de criminales en el cual se presume hubo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas en 2015 en Tanhuato, Michoacán.

En Guanajuato también existen casos de violaciones a derechos humanos de gran relevancia como las agresiones a periodistas, pues es de destacar que de las 507 agresiones que ocurrieron en todo el país durante 2017, en nuestro estado se cometió el 3.3%, es decir, lo equivalente a 17 agresiones en contra de comunicadores. De este modo, Guanajuato ocupó ese año, el lugar número 11 entre las entidades que registraron un mayor número de agresiones a periodistas.

Además de todos estos casos, en los que se evidenció a gran escala la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman miles.

Los derechos humanos en cifras

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).

Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacional y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.

Según este censo, el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más ha sido vulnerado en nuestro país. Este derecho agrupa un conjunto de violaciones tales como: la detención arbitraria, la retención ilegal, la violación del principio de que las funciones públicas se realicen en el ámbito de la legalidad, la violación al principio de inocencia, entre otros.

Tales violaciones constituyen más del 37% de todas las ocurridas en el país, lo cual involucró un poco más de 56 mil casos registrados en los expedientes.

La situación de Guanajuato

En 2016 se registraron en Guanajuato mil 625 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, es decir, cerca del 1% del total de los casos ocurridos a nivel nacional.

Con ello, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ocupa el lugar 20 a nivel nacional con más hechos presuntamente violatorios registrados; en tanto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es el organismo defensor de derechos humanos con más casos pues concentra el 21% del total.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concentró el 10% del total, ocupando el tercer lugar nacional.

Tal como ocurre en el contexto nacional, en nuestro estado el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el más trasgredido.

Se trata de poco más de 800 hechos violatorios, los cuales representan el 51% del total estatal. En particular, se tiene registro de que en 153 casos hubo detenciones arbitrarias.

En el caso de Guanajuato, las trasgresiones que se relacionan con el derecho a la integridad y seguridad personales se ubican en segundo lugar, ya que sumaron 434 hechos violatorios.

Los actos que vulneran el derecho a la protección de la salud ocupan el tercer lugar en Guanajuato, pues se registraron 79 hechos, en particular, por obstaculizar, restringir o negar el acceso a los servicios de la salud.

Los derechos civiles también se han visto trasgredidos en la entidad, de acuerdo con los registros, hay 70 hechos violatorios, de los cuales 47 están relacionados con la vulneración al derecho de petición y a la protección de la propiedad.

Desaparecidos

La violación del derecho a la vida es el noveno más frecuente en nuestro estado. Este derecho incluye las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Si bien las estadísticas de derechos humanos no documentan casos de desaparición forzada en Guanajuato, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró durante 2016 la desaparición de 122 personas investigadas por el fuero común.

A nivel nacional, esa cifra ascendió a 4 mil 525 personas investigadas por el fuero común y 45 por el fuero federal.

De acuerdo con ello, durante la última década (entre abril de 2008 y abril de 2018) se registró en el fuero común la desaparición de 594 guanajuatenses y de seis en el fuero federal.

La imagen muestra los nombres de las personas desaparecidas desde 1968. El tamaño de cada nombre está relacionado con la frecuencia con la que aparece en la base de datos.

Igualdad ante la ley y no discriminación

El organismo estatal de derechos humanos reportó que se cometieron 19 actos violatorios al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación.

La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 reveló que, en Guanajuato, el 15.9% de la población que tiene 18 años y más fue discriminada por algún motivo como el tono de piel, la manera de hablar, su peso o estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, por su clase social, el lugar donde vive, sus creencias religiosas, sexo, edad u orientación sexual.

Las víctimas

El Censo Nacional de Derechos Humanos identificó que 152 mil 807 personas fueron víctimas de al menos una violación a sus derechos. De ese total, 2 mil 532 son guanajuatenses, es decir, el 2% del total nacional.

De tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron víctimas poco más de 400 guanajuatenses, mientras que 265 lo fueron de detención arbitraria.

En la entidad, se evidencian también omisiones de brindar medidas efectivas de protección (128 víctimas), obstaculización, restricción o negativa al acceso a los servicios de salud (86 víctimas), tortura (78 víctimas), violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública (74 víctimas) y transgresiones a la libertad sexual (57 víctimas).

La cantidad de quejas que se presentaron ante el organismo de protección a los derechos humanos y la cantidad de hechos violatorios que de ellos han derivado es solo una muestra de la cantidad de arbitrariedades que se comenten.

De ahí el reto y el largo camino que aún queda por recorrer para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo primero constitucional: garantizar el cumplimiento de todos los derechos que reconoce la carta magna y en los tratados internacionales de los que
México forma parte.

[1] CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html

[2] Entrevista para el programa México Social del 12 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FrDbjA8ggQE&t=738s

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