La Secretaría de la Función Pública define a la corrupción como el abuso del poder para el beneficio propio, ya sea económico o de otra índole. En Coahuila, alrededor del 86% de la población de 18 años y más afirma que la incidencia de esta acción es frecuente o muy frecuente.

Asimismo, los pobladores perciben que los sectores en donde más se presenta la corrupción son la policía, los partidos políticos y el gobierno estatal.

Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG), elaborada por Inegi, indican que, del total de la población coahuilense de 18 años y más (poco más de 1.55 millones) que vive en áreas urbanas, el 51%, es decir, alrededor de 785 mil 600 personas, afirman que la corrupción en Coahuila es muy frecuente.

De manera similar, el 35.2% de esa población (546 mil 981 personas) percibe que la corrupción se presenta en la entidad de manera frecuente. Solo el 11% cree que es poco frecuente y únicamente el 1.9% aseguró que en Coahuila no hay corrupción.

Los tres más corruptos

Para la población coahuilense la policía es el sector en donde se presentan más actos de corrupción. Los datos de la ENCIG indican que para el 64.5% de la población coahuilense de 18 años y más los policías incurren en actos de corrupción de manera muy frecuente y el 25.4% piensa que sucede de manera frecuente.

Los partidos políticos son la segunda cuna de la corrupción en el estado, debido a que el 60% de los coahuilenses de 18 años y más (929 mil 731) afirmó que en este sector los actos de corrupción se presentan de manera muy frecuente, mientras que el 26.7% indicó que sucede de manera frecuente.

El gobierno estatal es el tercer sector en donde abunda la corrupción, según la percepción de la población de Coahuila (de 18 años y más), debido a que el 52.5% cree que la incidencia de la corrupción suele pasar de manera muy frecuente, mientras que el 27.7% opina que es frecuentemente.

¿Eficiencia de las leyes anticorrupción?

El Instituto Mexicano para la Competitividad, Coparmex y Transparencia Mexicana elaboraron en junio de 2017 el Semáforo Anticorrupción, el cual tiene la finalidad de documentar y estudiar la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales.

La Reforma Constitucional en torno a este tema es uno de los dos elementos que el Semáforo Anticorrupción evalúa, en la cual Coahuila registró una implementación del 95% de dicha reforma, lo que la califica como satisfactoria.

El otro elemento es la Ley del Sistema Local Anticorrupción, en donde nuestro estado registró el 97% de la implementación de la Ley, lo que la calificó también como satisfactoria.

Los resultados que otorga la ENCIG 2017 dejan ver que por alguna razón estas leyes que han sido implementadas satisfactoriamente en el estado no están funcionando del todo.

De acuerdo con los datos de la encuesta, para el año pasado existían 11 mil 272 personas (de 18 años y más) por cada 100 mil habitantes en la entidad que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron, lo anterior es equivalente a 140 mil 425 usuarios. Sin embargo, la encuesta indica que el total de trámites en los que existió alguna experiencia de corrupción fueron 279 mil 747 casos.

Lo anterior implica que  de los 140 mil 425 usuarios, en promedio cada uno de ellos experimentó algún acto de corrupción en dos trámites.

Aunado a lo anterior, los datos indican que 43 mil 54 coahuilenses (de 18 años y más) por cada 100 mil habitantes tienen algún conocido que experimento algún acto de corrupción en la realización de algún trámite.

Corrupción en México

A nivel nacional, México tuvo uno de los peores sexenios en materia anticorrupción durante la gestión pasada. Según cifras de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 19 dependencias gubernamentales habían presentado desvíos de recursos por más de seis mil 650 millones de pesos, por lo cual fueron presentadas más de 60 denuncias en contra de funcionarios de dichas instituciones. La secretaría que presentó más desvíos de recursos, según esta organización, fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se registraron desvíos de más de mil 748 millones de pesos, seguida por Pemex, con desvíos de hasta mil 143 millones de pesos.

La misma organización señaló en el documento “Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018: ¿Ahora con quién me enojo? Herramientas de exigencia ciudadana” que, en México, una de las razones por las que existen altos niveles de corrupción es el exceso de trámites debido a sus altos procesos burocráticos, por lo cual es necesaria una reforma regulatoria, además de la existencia del denominado Ramo 23, donde existen grandes márgenes de discrecionalidad y generan el llamado “fondo de moches”.

Muchas instituciones han realizado iniciativas para detener este nivel de corrupción existente en México. Una de las primeras fue la iniciativa #TresDeTres, con la que se busca transparentar los recursos de los funcionarios públicos, o la iniciativa #Reforma102, la cual busca hacer una reforma eficaz al Artículo 102 Constitucional para crear una Fiscalía General de la República autónoma y con el suficiente poder como para juzgar a funcionarios públicos que realicen actos de corrupción.

El costo de la corrupción

Para la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social. Los datos que proporciona la organización indican que cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales por la corrupción, lo equivalente al 5% del Producto Interno Bruto de todo el mundo.

Además, de acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo se calcula que en los países en desarrollo se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor a la que se dedica a la asistencia oficial para el desarrollo.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, de Transparency International, pese a los esfuerzos llevados a cabo en decenas de países para frenar la corrupción, los avances, cuando los hay, son demasiado lentos. El caso de México es alarmante: en una escala de 0 a 100, en la que 0 indica mayor corrupción, México empeoró al pasar del lugar 30 en 2016 (de 180 países) al 29 en 2017.

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