Durante los últimos sexenios, México se ha caracterizado por una sistemática serie de violaciones a los derechos humanos, teniendo como principales víctimas a los grupos más vulnerables de la sociedad. Estas violaciones han sido denunciadas y registradas por los medios de comunicación, los cuales también han sido víctimas de violaciones a sus derechos y de ataques físicos que han llegado incluso a provocar su muerte.
Mujeres y periodistas son víctimas constantes de la represión y la impunidad, lo cual deja, por lo tanto, a las mujeres que ejercen el periodismo en una clara desventaja en cuanto a acceso a la justicia se trata.
Es por eso que la actuación de organizaciones civiles pro derechos humanos, tanto de mujeres como de periodistas, es de suma importancia, sobre todo a la salida de una administración marcada por la violencia hacia ambos estratos.
La directora de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Lucía Lagunes, habló en entrevista para Newsweek Estados sobre su último informe “Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento”, donde presentan un amplio panorama sobre el saldo que Enrique Peña Nieto ha dejado con respecto a las periodistas víctimas de violaciones a sus derechos humanos: “Uno de los datos que damos a conocer es que este sexenio es el más violento en relación con las agresiones contra periodistas. Desde que inició el gobierno de EPN hasta septiembre de 2018, logramos documentar 422 agresiones contra mujeres periodistas. Si comparamos las agresiones que documentamos en el sexenio de Felipe Calderón, encontramos que hay un incremento del 222% entre uno y otro, cuando en este sexenio, además, se supone que ya no hay guerra”.
Es importante señalar que los atentados en contra de periodistas coartan los derechos no solo de las víctimas, sino también de la sociedad en general, ya que ellos son los que transmiten la información y ayudan a los espectadores a formarse una opinión sobre su gobierno y su comunidad.
Es aquí donde la señal de alerta cobra más fuerza, ya que son los mismos trabajadores del gobierno, los funcionarios públicos, los principales victimarios de los periodistas y, la mayoría de las veces, estos casos quedan en la impunidad.
Al respecto, Lagunes resalta que “es muy importante hablar del impacto que esta (la impunidad) tuvo en el ejercicio periodístico, porque la ausencia de justicia lo que deja a las periodistas, y también a los compañeros, es que la autoridad responsable de investigar no le importa lo que está ocurriendo. Quienes suelen agredir a los periodistas son funcionarios públicos, y entonces cuando le toca a la autoridad revisar a sus pares, no investiga”.
“Este es un mal mensaje hacia el gremio periodístico porque no va a morderse la cola, no va a investigar cuando hay estas agresiones y cuando se sabe que quienes están agrediendo son los propios funcionarios públicos”, subrayó.
En este contexto de impunidad y violaciones a los derechos humanos, las periodistas viven un doble riesgo, tanto por su género como por su profesión, que las deja expuestas a diversos ataques: “la violencia psicológica es una de las principales violencias que enfrentan las mujeres periodistas; hablamos de este tipo de agresiones que se dan a través de amenazas, campañas de difamación, mensajes en redes sociales, y todo esto, obviamente, les genera a las reporteras una enorme ansiedad y desazón”, señala Lagunes.
“Le sigue la violencia física, la violencia patrimonial, que significa el robo de sus equipos de trabajo, y la violencia sexual que antes no estaba tan presente, pero el hecho de que aparezca ahora nos está hablando también de que las violencias contra las periodistas están ampliándose, y me parece muy importante señalar esto, todas estas pueden ser violencias que ocurren hacia una periodista”.
Esta diversificación de la violencia ejercida en contra de las periodistas demuestra el grado al que puede llegar la desventaja por su condición de género y la impunidad ante actos tan graves como la violación sexual con la intención de coartar su voz.
Con el objetivo de ayudar a las víctimas y orientar a sus colegas para evitar estos actos en medida de lo posible, CIMAC abre sus puertas para que se acerquen a ellas. Una de las maneras más importantes que tienen para ayudar es “visibilizar lo que está ocurriendo con las mujeres periodistas. Cuando en México empiezan los atentados y agresiones contra la libertad de expresión, las mujeres periodistas no éramos parte de las estadísticas”.
“Es a raíz del trabajo que hacemos en CIMAC que visibilizamos lo que estaba ocurriendo con las mujeres periodistas, y eso es muy importante, porque entonces lo pones en el escenario público y obligas a las instituciones a que tengan que actuar de manera mucho más directa con las reporteras; no solamente documentamos su caso, sino que acompañamos a las reporteras cuando entran al mecanismo de protección y las acompañamos cuando hacen la denuncia”.
Buscando garantizar los derechos de las mujeres y penalizar la violencia ejercida en su contra, en 2009 fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo cual se busca garantizar su seguridad.
Lucía Lagunes indicó que su creación e implementación es muy importante para el establecimiento de un real Estado de derecho, ya que reconoce a las mujeres como sujetos de derecho y sus derechos como tales, además de que también les da la oportunidad de exigirlos. Sin embargo, también detalló que el gran reto ha sido su verdadera aplicación por parte de las instituciones encargadas.
Tomando en cuenta todos los avances en cuestión de legalidad a favor de las mujeres, el periodismo da un vuelco importante para su real incorporación en la profesión, por esta razón existen organismos que se dedican a distribuir información. Para Lagunes en México “empieza a haber una reflexión interna en los medios de comunicación y entre periodistas de revisar qué es la perspectiva de género y como se podría aplicar en la labor periodística”.
“Entender que no solamente es hablar de mujeres, hablar de mujeres o sobre mujeres o de los temas de las mujeres y para las mujeres, y es una equivocación”, señala, “es entender que la tarea periodística como principio fundamental cuando se trata de pluralidad, no solamente se trata de las diferentes ocupaciones, esa pluralidad debe reconocer que la sociedad está compuesta por mujeres y hombres, y que tenemos el mismo derecho a ser informados y a que nuestra libre expresión sea considerada en los medios de comunicación. Cuando logremos eso, efectivamente, estaremos hablando de periodismo con perspectiva de género”.
Ante el inminente cierre de un sexenio que termina con una aprobación apenas del 24%, la siguiente administración llega con altas expectativas en lo que a paridad de género se refiere, ya que el 48% del Congreso de la Unión está compuesto por mujeres, además de que altos cargos en la función pública, como la Secretaría de Gobernación o la de Economía. “Me parece que es súper interesante mirar si esto va a permear para que tengamos un cambio dentro del gremio periodístico”, comentó al respecto la directora de CIMAC.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instaurado por la ONU el 25 de noviembre debido a la convocatoria de movimientos feministas latinoamericanos, con la intención de conmemorar la muerte de las Hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa Mirabal), quienes denunciaron los delitos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, exdictador de República Dominicana, quien, para callarlas, ordenó su tortura y asesinato.
Es por esto que la ONU declaró este día como el Día Naranja para la lucha en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres y, tal como las hermanas Mirabal, las periodistas también denuncian constantemente las violaciones a los derechos, no solo del género femenino, sino de todas las comunidades existentes.
