Las mexicanas sufren cada vez más discriminación y violencia. Pero una inesperada oleada de legisladoras es la esperanza de muchas.
Desde su infancia en los suburbios de Ciudad de México, Citlalli Hernández abrigaba grandes ambiciones políticas. “Siempre pensé que había un problema en el país; que debía hacer algo para transformarlo”, informa la mujer de 28 años. “Quería ser la primera presidenta”.
En un país que ocupa la posición 81 en el índice mundial de igualdad de género (según el Foro Económico Mundial), semejantes ambiciones han sido inalcanzables: en la década de 1990, cuando Hernández era niña, las mujeres solo ocupaban 8.4 por ciento de los escaños en la Cámara de Representantes, y 4.7 por ciento de los cargos senatoriales. “En México, sigue siendo difícil entender que las mujeres pueden ejercer el poder”, agrega Hernández. “Por desgracia, los hombres siempre han tenido más oportunidades en la política”.
Hernández no se intimidó. En 2014, se afilió a Morena, el partido político recientemente fundado por un izquierdista apasionado y con aspiraciones presidenciales propias: Andrés Manuel López Obrador. Un año después, la joven se postuló para un escaño en el Congreso de la Ciudad de México; y ganó. Después, con la victoria electoral de López Obrador, el 1 de julio, Hernández se convirtió en la persona más joven en la historia del Senado mexicano.
Su victoria formó parte de una revolución política para las mexicanas. Aquella noche, los votantes de Ciudad de México eligieron a Claudia Sheinbaum como su próxima alcaldesa, tal vez el segundo cargo público más importante del país. No solo eso, las mujeres también conquistaron tantos escaños que ahora integran la mitad en casi todas las cámaras de representantes estatales. Con todo, el mayor logro fue para la legislatura nacional: el 1 de septiembre, cuando Hernández ocupó su sitio en el Senado, se sumó a las más de 300 mujeres que ingresaron en el Congreso. Esto significa que, por primera vez, la igualdad de géneros es casi absoluta en las dos cámaras.
Es así que ahora México ocupa el cuarto lugar mundial en términos de representación legislativa femenina; en cambio, Estados Unidos ocupa la posición 102, con apenas 23 mujeres en el Senado, y 84 en la Cámara de Representantes, lo cual se traduce en una participación femenina de menos de 20 por ciento en la cámara baja. “Es una oportunidad histórica para promover los derechos de las mujeres”, asegura Hernández. “De nosotras depende difundir el ejemplo e inspirar a muchas más mujeres a romper los prejuicios culturales”.
Esta victoria podría tener grandes repercusiones en todo, desde las protecciones en el lugar de trabajo hasta el derecho al aborto y la brecha salarial de género en México. Además, las legisladoras parecen contar con el apoyo entusiasta de López Obrador pues, cuando ocupe la presidencia, el 1 de diciembre, por primera vez habrá paridad de géneros en un gabinete presidencial, con mujeres al frente de departamentos clave como economía, energía, y trabajo.
Entre ellas se cuenta Olga Sánchez Cordero, ex jueza de la Corte Suprema y próxima secretaria de Gobernación, uno de los cargos más poderosos de la nueva administración. Durante su campaña, promovió un documento llamado “Femsplaining”, el cual proporciona soluciones para abordar los problemas más apremiantes que enfrentan las mexicanas, incluidos violencia doméstica, acoso, y subempleo en el lugar de trabajo. Incluso se comprometió a despenalizar el aborto cuando López Obrador tomara las riendas. “Cambiaremos este sistema patriarcal por un sistema de democracia familiar”, dijo Sánchez Cordero, levantando el puño durante una reciente conferencia de prensa. “Ese es mi proyecto”.
No será fácil implementar sus propuestas. México es una nación católica, mayormente conservadora, y el aborto solo es legal en Ciudad de México. Más problemática es su histórica hostilidad cultural contra las mujeres, la que a menudo conduce a la violencia. El país está sacudido por una epidemia de feminicidios, con mujeres asesinadas, específicamente, debido al género. En 2017 asesinaron a 3,256 mujeres en todo el país, respecto de 2,790 feminicidios durante el año anterior.
“Esa violencia es resultado de las costumbres sociales, culturales y políticas que la respaldan; de la tolerancia para las conductas agresivas de los hombres”, informa Georgina Cárdenas, experta en estudios de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. “El machismo de este país está matándonos”.
Agrega que tener más mujeres en altos cargos es un primer paso importante para cambiar las actitudes sociales y los marcos legales que conducen a la violencia: “Simboliza que las mujeres, obviamente, tienen la misma capacidad que los hombres para posiciones de poder. Y muchas veces, esas mismas mujeres promueven agendas a favor de la igualdad de género”.
Para las mexicanas, quienes obtuvieron el derecho de votar hace 65 años, la igualdad de género se ha postergado mucho. Sin embargo, a diferencia de la oleada de mujeres que compiten por cargos públicos en Estados Unidos -apuntaladas en el activismo anti Trump y el movimiento #MeToo-, la nueva generación de políticas mexicanas es producto de reformas gubernamentales ideadas para trastocar una estructura de poder que ha mantenido a las mujeres fuera de la vida pública. “Hace años que el movimiento feminista de México ha pedido esto”, declara Araceli Damián, congresista mexicana que también forma parte de Morena, el partido de López Obrador.
Este proceso cobró bríos en 2003, cuando México implementó una cuota femenina de 30 por ciento en las boletas electorales (en México no hay aspirantes individuales; los partidos políticos designan a sus candidatos). En aquellos días, las mujeres ocupaban apenas 17 por ciento de los escaños en la cámara baja, pero la cuota aumentó a 40 por ciento en las elecciones de 2009.
Pese a ello, Damián apunta que los influyentes de los principales partidos encontraron la manera de hacer trampa con ese sistema, postulando candidatas para distritos donde seguramente perderían. Y si ganaban, esos funcionarios presionaban para hacerlas renunciar y reemplazarlas con hombres.
El cambio significativo ocurrió hasta 2011, cuando una importante decisión judicial estableció que los partidos debían cumplir rigurosamente las cuotas de género. Tres años después, una enmienda constitucional exigió iguales cifras de candidatos masculinos y femeninos para las legislaturas federales y estatales. “Las reglas se hicieron para garantizar que no funcionaran esas trampas”, explica Magda Hinojosa, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Arizona, quien ha observado cuidadosamente las legislaciones mexicanas sobre paridad de género. “Permitirán consolidar las ganancias enormes que han alcanzado las mujeres, ganancias que no podrán revertirse”.
El continuo incremento de las mujeres en el ámbito político empieza a tener un impacto importante en las leyes mexicanas: en su estudio de 2011, la Universidad de California en San Diego reveló que “legisladoras presentan la gran mayoría de los proyectos de ley en beneficio de las mujeres… [los cuales] promueven una visión progresista y abrumadoramente feminista sobre los derechos y el papel de las mujeres”.
Este 6 de septiembre, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, senadoras recién electas, de todos los partidos, se reunieron para anunciar un plan que reformará 15 artículos de la Constitución y extenderá el mandato de la paridad de género a los poderes ejecutivo y judicial. La senadora Kenia López señaló que la propuesta ayudará a “eliminar la discriminación, la exclusión, el acoso, la violencia, y el riesgo constante de violar los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres”.
Pero, en opinión de Hinojosa, lo más importante es que una mayor representación podría modificar la cultura y la sociedad mexicanas de una manera más amplia. “Ver mujeres en cargos públicos genera un cambio social tremendo “, dice. “Comunica el mensaje de que las mujeres son valoradas, que tienen cabida plena en la política y en cualquier otro ámbito”.
Persisten los desafíos, incluida la oposición de otras mujeres. Lo que preocupa más a los activistas del aborto es el surgimiento del Partido Encuentro Social, un grupo evangélico de extrema derecha que, gracias a su alianza con Morena, recibió impulso en las elecciones pasadas.
No obstante, la mayor inquietud para la nueva generación de políticas mexicanas sigue siendo la epidemia de feminicidios, así como la impunidad desenfrenada que plaga al sistema de justicia penal del país, y que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. En un estudio de 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio halló que las autoridades solo han dictado sentencia en 1.6 por ciento de los casos de asesinatos investigados como feminicidios. “Ha llegado el momento”, afirma la joven senadora Hernández quien, por ahora, está muy centrada en su nuevo cargo para pensar en la posibilidad de postularse a la presidencia.
Pero ¿qué opina de que México llegue a tener una presidenta? Hernández no tiene la menor duda. “Creo que ocurrirá mucho antes de lo que pensamos”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
