Nuestro sistema ha sido proclive a la sobreproducción de cuerpos legales, algunas veces realmente necesarios y otras no tanto. Como quiera que sea, el principio del Estado de derecho es un concepto indispensable para sustentar las bases del funcionamiento de la sociedad.

No basta asumir un estado de legalidad, sino arreglarnos conforme a la supremacía de la ley, fundada en la protección y garantía de defensa de los derechos humanos. Para ello, la ley debe ser eficaz, legítima y cumplida por la sociedad y por el estado. Mucha falta hace a nuestro orden interno la observancia y verdadera aplicación de las normas jurídicas.

En los próximos días tendrá lugar un ritual al que no debe restársele importancia: la renovación del Poder Legislativo en Guanajuato. Se trata de un hecho trascendente, puesto que se trata de la cristalización misma de nuestra democracia, y afirmar eso no es un tema menor.

Una legislatura culmina sus tareas para dar lugar a la renovación de uno de los poderes del estado, reafirmando con ello las bondades de la doctrina liberal de la separación de los poderes públicos. En lo personal, ahora que termina mi gestión como legisladora, debo decir que ha sido una responsabilidad sumamente inspiradora y un elevado honor representar a mi distrito.

Los resultados, si bien satisfactorios, siempre dejan algo que desear. Los rezagos y las necesidades sociales son muchas y resulta complicado abarcar más. Pero, finalmente, no se trata de la gestión de una sola persona, sino de un cuerpo colegiado vivo y nutrido por el diálogo y el convencimiento de nuestros pares.

De esta manera, hemos hecho el esfuerzo por acreditar que la figura del legislador no necesariamente debe ajustarse a la imagen negativa que, con justicia o sin ella, se ha forjado esta función. La conclusión de esta etapa de la vida legislativa del estado significa un momento de reflexión para quienes hemos asumido la responsabilidad con la única intención de aportar nuestro trabajo e iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos de Guanajuato. Nunca nos movió otro objetivo que no fuera ese.

No obstante, es innegable que siempre queda un dejo de insatisfacción cuando se hace el balance entre los verdaderos resultados y aquello que se quiso cambiar, mejorar o instituir, y por lo cual se trabajó. Los cambios deseados no vienen de manera automática ni se actualizan por el simple hecho de reformar o crear una ley.

Eso es solo el principio para que desde el Estado verdaderamente puedan generarse las mejores condiciones de vida para los guanajuatenses. Desafortunadamente, no bastan solo las mejores intenciones y esfuerzos para que el estado de cosas se altere en beneficio de quienes requieren mejores condiciones de vida; no obstante, el esfuerzo debe hacerse desde el seno mismo del Congreso, donde nos ha tocado trabajar.

Guanajuato es una entidad que sufre una grave crisis de inseguridad pública. Es deber del Estado, en todas sus dimensiones e instancias, procurar que ese flagelo acabe de una vez por todas. Como diputada, y presidenta de la Comisión de Justicia,  fue tema recurrente y altamente preocupante, y desde la tribuna parlamentaria ofrecimos nuestras aportaciones para encontrar una salida.

Reconozco con humildad que el esfuerzo ha sido insuficiente, por más que hemos legislado al respecto, ya sea aumentando penas, tipificando delitos, implementando otras medidas como la defensa legitima privilegiada. Ante el reto y las problemáticas que representa el estado, también en temas como la impunidad, falta mucho por hacer.

La corrupción ha sido otro de los jinetes de nuestro propio apocalipsis. Todo el poder público debe trabajar para erradicar esta funesta práctica de nuestra entidad. Desde el Congreso trabajé para sumar a que ello suceda; en este sentido, mi participación en la elaboración del entramado jurídico necesario para sustentar la lucha contra este vicio fue causa y efecto esencial de mi gestión parlamentaria.

Espero que mi trabajo en pro de ello y mi disposición a facilitar los acuerdos en este tema supongan el nacimiento de una verdadera cultura de honestidad y control del poder público. Guanajuato, más temprano que tarde, está llamado a constituirse como paradigma de buenas prácticas gubernamentales y de transparencia. Ojalá que los principios legales que hemos logrado crear junto con mis compañeros legisladores sean un instrumento verdaderamente útil para dar sustento jurídico a este alto objetivo.

Escribo este artículo a pocos días de concluir la encomienda que me fue otorgada por la ciudadanía para ser su representante en el Congreso del Estado de Guanajuato.  Aprovecho estas líneas, sin que suene a discurso, para agradecer a quienes en su momento decidieron darme la confianza para ocupar este cargo y espero haber respondido en alguna medida a su encomienda.

Me voy con la satisfacción de quien ha procurado cumplir con honestidad y profesionalismo la misión que le ha correspondido en estos últimos tres años.  Ha sido un honor.