El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha construido un gran número de evaluaciones y recomendaciones para la administración pública federal, con el propósito de mejorar las acciones que desarrolla el gobierno para dar cumplimiento a los derechos sociales de la población.
Algunas de ellas tienen que ver con la homologación de la calidad de los servicios públicos, y es una de las estrategias que la nueva administración deberá poner en marcha de manera inmediata a partir del día 1º de diciembre.
Por ejemplo, si se piensa en el sector salud, la diferencia en la cobertura, calidad y posibilidades de atención que tiene la gente, dependiendo de a qué servicio puede acudir, es notable. En efecto, si se comparan los cuadros básicos, equipamiento y capacidad de atención del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, pero también respecto del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del esquema de atención de Pemex, y del que cuentan la mayoría de las universidades estatales, lo que resulta es un abismo de diferencias que pone en desventaja a los más pobres.
En el caso del sector social, uno de los temas más sensibles se encuentra en las capacidades institucionales para la prestación de servicios de guarda, protección y educación de niñas y niños en guarderías. Nuevamente, si se compara la calidad de servicios que se presentan en el IMSS, el ISSSTE y algunos Cendis de calidad del Sistema DIF, frente a las estancias infantiles que se operan con el apoyo de Sedesol, la diferencia, otra vez, es notable en detrimento de quienes tienen menos recursos.
Otro ejemplo se encuentra en programas específicos como la “dotación de uniformes y útiles escolares” para niñas, niños y adolescentes. Dependiendo de la entidad federativa o del municipio, la pertinencia y calidad de los materiales y apoyos que se entregan es muy desigual y obedece sobre todo a una lógica clientelar y de ganancia político-electoral, antes que a un diseño estratégico de política pública.
Hay otros esquemas que deben revisarse y que generan condiciones de injusticia para millones de familias. Por ejemplo, si se piensa en el acceso a crédito de viviendas. Hay muchos casos en los que una persona ha trabajado en el sector público y en el privado.
Esas personas han tenido acceso a seguridad social tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y en esos casos, al momento de solicitar un crédito para adquisición de vivienda, es imposible que puedan sumar sus recursos, que están en manos de dos instituciones públicas distintas, para acceder a una mayor cantidad de financiamiento, y adquirir una vivienda que cumpla con los criterios constitucionales y de la Ley Federal de Vivienda, particularmente lo establecido en su artículo 73.
Este último ejemplo permite ilustrar cómo desde el Estado se pueden, aun de manera involuntaria, generar condiciones para la reproducción de la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, si un trabajador cuenta con 200 mil pesos en su subcuenta de vivienda en el Infonavit y con 100 mil en el Fovissste, y pudiera sumarlos al momento de solicitar un crédito hipotecario –recordemos, ese dinero es total y absolutamente suyo–, podría acceder a un crédito de mayor monto y posibilidades de acceder a una vivienda digna.
La conclusión es de sentido común: las instituciones públicas no deben desarrollar esquemas de atención con criterios diferenciados, sin posibilidades de facilitar y potenciar la suma de los recursos disponibles a favor de la población y, sobre todo, sin atender al carácter progresivo, con un ritmo uniforme y común a todas las dependencias que están dirigidas a la atención de lo mismo.
Uno de los retos para el nuevo gobierno será ese: unificar dependencias, estrategias y programas duplicados para con ello construir, no por voluntarismo, sino de forma estructural, un gobierno austero que evite el dispendio, pero que sobre todo gaste con total eficacia el dinero que es de todos.
