La administración estatal encabezada por el priísta Carlos Lozano de la Torre heredó al actual gobierno al menos cuatro desarrollos habitacionales con irregularidades de documentación, trámites incompletos y omisiones de la autoridad en turno, indicó el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (SEGUOT), Armando Roque Cruz.
“Hemos trabajado con unos cuatro desarrollos y afortunadamente ha habido buena respuesta, pero estamos trabajando muy responsablemente. Se trata de trámites que se dejaron de hacer como integrar el estudio de impacto ambiental, la mecánica de suelos y otros trámites que son importantes para los proyectos ejecutivos de todo tipo de expediente”, refirió.
Desde el inicio de la administración se ha buscado que las empresas constructoras o inmobiliarias de los proyectos regularicen los aspectos que no se cumplieron en el sexenio anterior, a fin de dar certeza a los propietarios de esas zonas habitacionales, aunque no han sido cubiertos en su totalidad.
“Poco a poco hemos estado invitando a los desarrolladores para que terminen de integrar la documentación y haciéndoles ver la necesidad de generar alguna situación que haya faltado para que puedan generarlo”, afirmó.
Las omisiones más comunes son la duplicidad o no presentación de estudios técnicos como los usos de suelo, de vialidad, estudios topográficos, mecánica de suelos, entre otros.
“Nos hemos encontrado con algunos desarrollos que no cuentan con toda la documentación y se nos generan ciertos conflictos, ahorita estamos padeciendo conflictos y no podemos dejar esa problemática”.
Portón de San Ignacio, proyecto inconcluso
El condominio “Portón San Ignacio” es un ejemplo de ello, luego de que propietarios de lotes y predios del lugar se dicen defraudados por la empresa constructora y por las autoridades estatales y municipales.
En mayo de 2011, la empresa inmobiliaria Abitacasa y Estanislao Montes iniciaron la venta de lotes y predios de entre 200 y 400 metros cuadrados, por un valor de entre 600 mil pesos y cuatro millones de pesos en un nuevo desarrollo denominado “Portón de San Ignacio”, ubicado a unos metros del Antiguo Camino a San Ignacio.
En su momento, se les prometió a los propietarios un predio en una zona con alta plusvalía habitacional que incluía elementos como andadores verdes, diseño exclusivo para cada vivienda, área común de convivencia, instalaciones ocultas, aprovechamiento sustentable del agua, red hidráulica inteligente con sistema de bombeo y escrituración inmediata, entre otros incentivos.
Sin embargo los años pasaron y las promesas se convirtieron en incumplimiento. Para el 2014 debían quedar listos los elementos ofertados por la empresa constructora, pero para entonces la realidad era muy distinta.
De los 120 predios que contemplaba el proyecto, sólo se habían vendido entre 40 y 50, y de esa cantidad, pocos optaron por construir sus espacios habitacionales.
Era un lugar sin los servicios públicos básicos como agua, luz o drenaje. A pesar de ello, aseguran los condóminos que el pago de su predial oscila los 5 mil pesos, lo que consideran injusto.
Asimismo, se modificaron algunos conceptos establecidos en el contrato con la empresa constructora como por ejemplo el material de construcción de las avenidas del condominio, que originalmente serían de concreto hidráulico y se cambiaron por adocreto, a fin de abaratar costos.
Aunado a esto, por el predio atraviesa una presunta falla geológica, cuyas autoridades no han señalado el tratamiento que se le dará para que no afecte el desarrollo de las viviendas.
Por estas razones, a partir de 2015 los condóminos que habían adquirido un lote en Portón San Ignacio comenzaron a emprender acciones legales contra la empresa inmobiliaria y contra las autoridades que fueron omisas en la otorgación de los permisos de construcción.
De acuerdo al vocal del Comité de Condóminos de Portón San Ignacio, Guillermo Martínez Reyes, la última reunión con la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) y la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal (SEDUM) fue hace ocho meses, pero no hubo soluciones para los propietarios afectados.
“Nos duele más que las autoridades que están para defender nuestros patrimonios los apoyaron haciendo cosas muy irregulares como trabajar sin fianzas, sin permisos y haciendo una serie de tratos de amigos y de cuates, y a la fecha las autoridades reconocen que se actuó así y que a la fecha no nos atienden”.
Asimismo, lamentan que la empresa inmobiliaria continúe defraudando a más personas ya que a la fecha continúan vendiendo lotes y predios en la zona a pesar de las irregularidades cometidas.
¿Qué características tendría “Portón San Ignacio”?
De acuerdo al proyecto de dictamen de Portón San Ignacio presentado ante la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) en 2011, al que tuvo acceso Newsweek Aguascalientes, el tamaño del condominio era de 52 mil 355 metros cuadrados, de los que 30 mil 450 se destinarían para la construcción de desarrollos habitacionales y comerciales.
El abastecimiento de agua potable sería dotado por el ayuntamiento de Aguascalientes, de acuerdo a la factibilidad número FS-026-0856/11 de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA).
Para la red de distribución de agua se solicitó al promotor (Estanislao Montes) el pago de 807 mil pesos por concepto de derechos de conexión de agua potable, desconociendo si se efectuó el pago.
Además, CCAPAMA aprobó la instalación de sistema de drenaje de PVC de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana en la materia.
El pavimento de las vialidades tendría que ser de concreto hidráulico con un MR=38 con un espesor de 15 cm., con la posibilidad de ser modificado el material con previa autorización del ayuntamiento de Aguascalientes.
También en marzo de 2011, el Jefe del Departamento de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad aprobó el proyecto de electrificación del condominio.
Es un conflicto entre particulares, SEGUOT no intervendrá: Roque
Entrevistado al respecto, el titular de la SEGUOT, Armando Roque Cruz, aseguró que el incumplimiento en Portón San Ignacio es resultado de un conflicto entre la empresa inmobiliaria Abitacasa y el dueño original de las tierras, Estanislao Montes Macías, quienes iniciaron un proceso jurídico por intereses económicos y/o personales.
“El tema es un conflicto particular que tienen entre los socios, que es la empresa y el dueño de la tierra (…), se pelearon entre ellos, pararon el proceso de la obra y toda obra que está inconclusa provoca un daño, sin embargo no hubo entendimiento, es un tema ríspido entre ellos”, aseguró.
Por ello, asegura el funcionario estatal, la secretaría no puede intervenir hasta en tanto no se resuelva la situación jurídica del condominio.
“La instrucción que nos dio el gobernador fue que esperáramos a que se resuelva la situación jurídica entre ellas y ya no intervenir”, señaló el funcionario.
Indicó que al inicio de la administración estatal se buscó llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, pero al no lograrse la SEGUOT determinó imponer una sanción a la empresa Abitacasa, la cual fue por un monto de 75 mil pesos por incumplimiento en los contratos con los propietarios.
Sin embargo, la inmobiliaria interpuso un amparo ante un juzgado federal que definió revocar la sanción interpuesta.
Ante esta situación, Armando Roque Cruz asegura que el área jurídica de la SEGUOT se encuentra trabajando en el tema para llegar a una solución favorable para la urbanización de Portón San Ignacio.
“Estamos viendo qué estrategia hacer para resolver esto. Nosotros como autoridad estamos viendo el cómo sí resolverlo, a nosotros nos interesa resolver el problema a los ciudadanos”, concluyó.
