Como complemento de la información generada por sus Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el INEGI presentó la primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2017.
En ella, el Instituto integra información estadística sobre el procedimiento penal de los adolescentes de 12 a 17 años y de las personas adultas jóvenes de 18 años y más, y da cuenta de sus características sociodemográficas y socioeconómicas.
La Encuesta contiene información de todos los Centros de Internamiento habitados del país (53 centros, a lo largo de las 32 entidades), y se llevó a cabo en una muestra de 3,308 adolescentes y jóvenes que contaban con una sanción penal y cumplían su proceso en libertad o en internamiento. En todo el país, hay en total casi 7 mil jóvenes en estas condiciones, de los cuales, 92% son hombres y solo 8%, mujeres.
Al momento del levantamiento de la ENASJUP 2017, ocho de cada 10 adolescentes en el sistema de justicia penal tenían ya una sentencia y en el 65% de los casos se trató de una medida de sanción no privativa de la libertad, mientras que en el 17.2% la sanción se cumplía en un Centro de Internamiento.
Entre los principales resultados de esta encuesta, Coahuila destaca en el tema de la corrupción, de manera que de los 74 jóvenes que pertenecen al sistema de justicia penal, al menos 26 de ellos fueron víctimas de algún acto de corrupto desde su arresto, hasta su estancia dentro del Centro de Internamiento.
Coahuila forma parte de la zona noroeste del país (junto con Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas), y es el tercer estado con la tasa más elevada, con 345 víctimas de actos corruptos en cualquier etapa de su proceso por cada mil adolescentes. Solo se encuentra por debajo del estado de México, cuya tasa es de 363 víctimas, y Veracruz, con una tasa de 361 víctimas por cada mil adolescentes.
De los 44 adolescentes que se encuentran en los Centros de Internamiento coahuilenses, tres aseguran haber sido víctimas de algún acto corrupto dentro del mismo, es decir, el 6.8% de esta población.
Asimismo, tras haber sido víctimas de actos de corrupción, el 75.1% no presentó denuncias ante tales casos.
