Se han dicho varias cosas sobre el Coordinador General de Desarrollo, un nuevo cargo en la estructura del gobierno federal que llegará para reemplazar a los delegados de las Secretarías de Estado en las 32 entidades de la república.

Se plantea que ayudará a prevenir y combatir la corrupción, además de adelgazar la estructura de un sistema complejo, burocrático y difícil de controlar, según entrevistados para este reportaje.

Pero también que es inconstitucional, centralizador y que representa un retroceso para el federalismo.

Todavía no existe la figura jurídica que desglose cuáles serán las facultades y obligaciones del cargo, pero desde que este se anunció en julio pasado, las competencias del Coordinador han sido tema de discusión para los gobiernos municipales y estatales del país, así como para algunas asociaciones empresariales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por ejemplo, emitió su postura a través de un comunicado ese mismo mes.

Advirtió que la creación de estos Coordinadores Estatales debilitaría “los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y municipales con la Federación”.

Pero hay tantas opiniones como personas con plataformas para emitirlas.

Y pocas son las certezas que de momento se tienen.

La próxima legislatura tendrá que modificar la Ley Orgánica de la Administración Federal, que es donde actualmente se detallan las competencias de los delegados federales.

Mientras tanto, se critica solo un bosquejo del cargo.

“No hay nada particularmente nuevo en esto, salvo la reorganización”, dice Lorenzo Meyer, investigador del Colegio de México.

Apunta que el cambio del que se habla es solo administrativo. No constitucional, ni de fondo como lo plantean Coparmex y otras autoridades.

“La relación federación o gobierno federal-estado se mantiene en principio como estaba antes, nada más que con un solo responsable”, agrega Meyer.

Alfredo Estrada, director de la Escuela de Derecho en CETYS Universidad campus Tijuana, coincide que esta figura no debería generar juicios anticipados.

“De principio me parece difícil que sea inconstitucional”.

Dice que los gobernadores tienen temor de ver sus proyectos con una sola persona, como ocurrirá una vez que entre en funciones el coordinador, porque pueden perder su capacidad de negociación.

“La verdad es que [algunos] delegados federales, sobre todo aquellos que se encargan de ver que se gestionen proyectos a nivel estatal, son gente que trabaja muy en armonía con los gobiernos estatales. A veces de más”, apunta Estrada.

Para este trabajo, se buscó la postura de los delegados en Baja California, sin embargo se negaron a dar entrevistas, argumentando que no les corresponde comentar o posicionarse.

El coordinador general, además de trabajar con las delegaciones, fungirá como enlace entre el gobierno estatal y el federal a la hora de gestionar recursos.

También se encargará de vigilar cómo se utiliza el presupuesto que llega de la federación.

Así, aunque el Gobierno Federal tendrá menos ojos en cada estado, ganará más control.

“Es más fácil para el presidente y el secretario de Hacienda controlar a 32 [coordinadores] que controlar a decenas y decenas [de delegados]”, opina Lorenzo Meyer, investigador del Colegio de México.

Y es eso lo que disgusta a los gobiernos estatales y municipales, según Estrada.

En Baja California, el funcionario que ocupará este cargo será Jaime Bonilla.

Ganó la senaduría en las elecciones pasadas, pero ha dicho que solo estará en la Cámara Alta entre septiembre y diciembre.

Después pedirá licencia para entrar en funciones como coordinador, cuando López Obrador suba a la presidencia.

“Vamos a tener tres meses para estar trabajando en el proceso y los ajustes de la ley”, dice Bonilla sobre la tarea de incorporar al Coordinador General de Desarrollo en la Ley Orgánica de Administración Federal.

Asegura que es posible y Estrada está de acuerdo.

“No veo por qué no lo podrían hacer. Tendrán fuerza suficiente en ambas cámaras para poder hacerlo”, dice el director de Derecho en CETYS Universidad.

Bonilla explica que el interés de esta medida es evitar que se repitan casos como el de César Duarte en Chihuahua, Humberto Moreira en Coahuila y Javier Duarte en Veracruz, que desviaron millones de pesos siendo gobernadores.

Dice que en Baja California esto también sucede, con base en reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunque de momento, la entidad fiscalizadora no se ha pronunciado al respecto.

“Si pueden justificar que el dinero se gastó en otra parte bueno, hay que justificar, pero si a ti te dan dinero para desarrollo social y resulta que lo gastaste en carreteras o en educación, es una omisión y una grave falta, no lo puedes minimizar”.

Ahí es donde opina que es necesaria la figura de los Coordinadores Generales de Desarrollo.

La parte criticable según el doctor en Derecho, Álvaro González, es que esta figura, al ser el único contacto de las entidades con el gobierno federal, podría convertirse en un funcionario muy poderoso.

“El gobernador, que es el principal gestor de los recursos federales, ya no tendría mano en ello. Quedaría por debajo [del Coordinador] si bien le va, y eso no puede estar sucediendo. Debemos tener una autonomía”, explica.

El gobernador y los alcaldes sí tendrán que negociar directamente con el coordinador de su estado si requieren de presupuesto federal.

Pero Bonilla dice que los recursos estatales, seguirán siendo competencia del gobernador, así como los municipales de los alcaldes, de modo que no afectará la investidura de otros gobernantes.

Dice también que todavía hay detalles por acordar, así que la figura estará ajustándose y adaptándose para que sea congruente con el resto del marco legal.

“Sería una aberración tratar de imponer [al coordinador] sin tomar en consideración todo lo demás”, agrega.

Para Estrada, de CETYS, lo importante a subrayar es que la nueva administración debe ofrecer cambios para obtener resultados diferentes a los que han dado otros gobiernos.

Es un paso que le parece lógico al pensar en los 30 millones de votantes que le dieron la victoria a López Obrador en julio, buscando un gobierno distinto.

“El problema sería ver que nada va a cambiar. Ese sí sería un problema”, dice Estrada.

Acepta que los cambios, por sí mismos, no son la panacea pero sí son un comienzo.

Y si alguno de estos detona más problemas que soluciones, apunta que la presión social será esencial para dar marcha atrás a lo que no funciona.

Lorenzo Meyer también opina que estas medidas pueden ser o no acertadas, pero que deben intentarse con el fin de encontrar caminos nuevos.

“La corrupción puede volver. Puede tener otro rostro. Ahora vamos a ver si entre todos vigilan a este personaje. En cierto sentido es más fácil vigilarlo así. Para nosotros como sociedad también es más fácil”, concluye.