Emmanuel Rincón I Pachuca

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo confirmó que ocho empresas que se encuentran dadas de alta en el padrón de contratistas del gobierno estatal no se ubican en sus domicilios fiscales.

Esto, en seguimiento a la investigación periodística Cimientos de Corrupción, publicada en tres entregas por Criterio, la cual evidenció la irregularidad en que operan las constructoras al servicio de Ixmiquilpan, gobernado por Pascual Charrez Pedraza; Mineral de la Reforma, administrado por Raúl Camacho Baños, y Huejutla, cuyo alcalde es Raúl Badillo Ramírez.

De acuerdo con la encargada del despacho de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, María Verónica Hernández Valdés, se inspeccionaron 23 compañías citadas en el reportaje de investigación que este medio publicó.

“De las 23 empresas visitadas, reportadas en Mineral de la Reforma y en Ixmiquilpan, solamente a ocho de ellas no las encontramos en su domicilio en una primera visita”, confirmó la funcionaria estatal.

Tras la verificación, la responsable de la dependencia precisó que el procedimiento a seguir es realizar la segunda notificación, pues afirmó que la baja del padrón no puede generarse tras la inspección inicial.

“Tenemos la obligación de hacer una segunda visita, porque, de lo contrario, si iniciamos un procedimiento para la cancelación del registro, seguramente no va a prosperar”, justificó.

Agregó que, de reiterarse la ausencia de las empresas en las direcciones fiscales proporcionadas, se levantará un acta circunstanciada e iniciarán el proceso de baja del padrón estatal de contratistas.

“Vamos a hacer una segunda visita y, en caso de seguir sin encontrar el domicilio, vamos a levantar el acta circunstanciada y procedemos ya con la cancelación del registro. No podemos hacerlo arbitrariamente porque dejamos en estado de indefensión al ciudadano”, excusó Hernández Valdés.

Consultada sobre la razón social de las firmas, la funcionaria estatal se reservó los nombres de las ocho empresas que no fueron localizadas en las direcciones que reportaron.

“No quisiera darlas para no alertar. Vamos en tema sorpresa y si doy los nombres no sería conveniente”, estimó.

La encargada del despacho de la Secretaría de Contraloría estatal consideró que el tiempo que demora dar de baja a una empresa del padrón depende de si el imputado se protege legalmente.

“Si el ciudadano no se defiende, va a ser muy rápido, no creo que pase de seis meses, tal vez menos”, afirmó.