El Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió un amparo a internos del Centro de Readaptación Social (CERESO) Aguascalientes que hace unos días se habían quejado públicamente por los alimentos que recibían al interior del centro penitenciario, por considerarlos insuficientes, insalubres y poco nutritivos.
De acuerdo al amparo 82/2018 resuelto por el juez, se comprobó que el Estado vulneró el derecho humano a la alimentación ya que se verificó mediante un perito que el alimento recibido por los internos no cumplía con los estándares de valores nutricionales, suficiencia y calidad, además de que no contaban con cubiertos para ingerir el alimento.
En las evidencias presentadas por la autoridad estatal, se indica que la dieta de alimentos está basada sólo en tortilla, bolillo y pan dulce, que a criterio de la autoridad, no proporciona los valores nutricionales que garanticen una alimentación digna y de calidad.
Asimismo, en las muestras de alimentos proporcionadas se detectó la presencia de la bacteria “Escherichia Coli” y hongos, los cuáles pueden provocar diarrea, náuseas, fiebre, dolor abdominal y de cabeza.
De igual modo, el perito certificó que los horarios en los que los alimentos son asignados a los internos no son los adecuados ya que favorecen un ayuno prolongado que puede desencadenar problemas en la salud.
Por lo anterior, el juez determinó las siguientes medidas de carácter inmediato:
– Proporcionar una alimentación sana, adquirir insumos de calidad y equipos para su almacenamiento y refrigeración, además de aplicar medidas de higiene en el manejo de los alimentos y establecer horarios adecuados para la dotación de los alimentos.
Asimismo, se sugieren medidas de carácter progresivo como:
– Formular estrategias y planes que incluyan indicadores y objetivos para hacer efectivo el derecho humano a la alimentación.
– Aprobar políticas y asignación de fondos suficientes.
– Supervisar y evaluar periódicamente los plantes y estrategias, así como establecer programas de capacitación.
– Establecer programas de capacitación a los trabajadores del centro de reclusión, a fin de que cumplan debidamente con sus obligaciones.
Para ello, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado instruyó al gobernador de la entidad, Martín Orozco Sandoval, a informar sobre las acciones emprendidas, incluyendo las adecuaciones presupuestarias que garanticen una alimentación de calidad a los internos, en un plazo de tres días posteriores a la notificación.
De igual modo se exhorta al secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, para que realice los trámites necesarios para la organización y supervisión del funcionamiento, operación y administración del CERESO, salvaguardando en todo momento el respeto absoluto de los derechos humanos y la dignidad de los internos, en un plazo de tres días posteriores a la notificación. De las actividades anteriores se deberá informar al respectivo juzgado.
En caso de no cumplir con las acciones señaladas, ambas autoridades podrían ser sancionadas con una multa de 100 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México o incluso la separación del cargo y su consignación en caso de que así lo determine un Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
