En México cada año nacen 265 mil niños en pobreza extrema: sin alimentación ni vivienda adecuadas, sin acceso a servicios de salud y seguridad social, y con pocas posibilidades de acceder a educación gratuita y de calidad. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos Por México a la Presidencia, prometió que de resultar electo “ningún bebé nacerá en pobreza extrema”.

Uno de cada tres niños que nacen en pobreza extrema está condenado a morir en la misma situación, de acuerdo con la Encuesta de Movilidad Social 2015 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Las probabilidades de que herede esta misma condición a su descendencia es inminente. De no corregirse, se perpetúa la pobreza. Además, de acuerdo con la OMS, la nutrición y salud durante los primeros años de vida de un niño son fundamentales para definir sus capacidades cognitivas, estado de salud y oportunidades futuras de ingreso.

Para eliminar la pobreza existen dos vías: aumentar el ingreso de los hogares de las personas en esta situación o asegurar que nadie sufra al menos tres de las seis carencias con las que se mide la pobreza en México (alimentación, seguridad social, servicios básicos de vivienda, salud, calidad y espacios de vivienda, y rezago educativo). La propuesta de Meade Kuribreña se enfoca en la segunda opción.

Para lograr que “ningún bebé nazca en pobreza extrema”, el equipo de campaña de Meade Kuribreña dijo que pretendía que: “La red de gobierno y todas las dependencias que la integran trabajarán en coordinación para atender las necesidades particulares de cada persona. Lograremos que todos los mexicanos tengan asegurados éstos derechos desde su nacimiento”.

José Antonio Meade ha dado otros detalles en eventos públicos sobre cómo evitará que más menores nazcan en pobreza extrema: intervenciones nutricionales en las zonas más marginadas del país; incorporación al seguro popular desde el nacimiento; educación, estimulación temprana desde la primera infancia y servicios de vivienda.

Para que esta política sea posible de financiar, el equipo de Oxfam México ubicó cuatro programas sociales clave: Seguro Popular, Prospera, Seguro Médico Siglo XXI y el Programa de Apoyo a la Vivienda, cuyo presupuesto conjunto tendría que ser de 159 mil millones de pesos anuales, es decir, cuatro mil 411 millones más de lo actualmente se destina para el mismo propósito.

De pobres extremos a solo pobres

Una forma de lograr reducir, de manera artificial, la pobreza extrema es mediante la “credencialización de la pobreza” o “pegarle al indicador”.  Con ello, se busca solucionar una carencia (y reducir en automático la pobreza) a partir de la afiliación a programas sociales  sin  que eso signifique en la realidad erradicar o reducir la pobreza. Por ejemplo, el Seguro Popular, dirigido a la población sin seguridad social, cuenta con 55 millones de empadronados, sin embargo, no se puede asegurar que todos ellos cuenten en realidad con acceso a clínicas de salud o la atención médica oportuna.

Otros ejemplos: empadronar en programas de suelo firme, no implica que la vivienda cuente otros servicios, instalar comedores no quiere decir que las personas tengan una alimentación sana, suficiente y balanceada. 

En cuanto al acceso a la salud, mientras que el número de padecimientos del Seguro Popular aumentó en los últimos años, el presupuesto real por beneficiario ha permanecido constante de 2012 a 2016. Es decir, aunque ahora el servicio cubre enfermedades como hepatitis C, cáncer de mama, cáncer infantil o VIH, no implica el aumento en clínicas u hospitales especializados, por lo que no es una garantía para muchas familias recibir el tratamiento directamente.

La exclusión de la pobreza por ingreso

Un problema de la definición de la pobreza extrema es que no toma en cuenta a todas las personas que tienen ingresos muy bajos: hay más de un millón de personas que tienen ingresos menores a mil 482 pesos, que no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas —es decir, por debajo de la línea de bienestar mínimo— y no son considerados pobres extremos, ya que tienen dos o menos carencias sociales, de acuerdo con estimaciones hechas por Oxfam México, con base en la ENIGH 2016 y la medición de pobreza del CONEVAL.

La propuesta de Meade no contempla directamente la pobreza por ingresos; de hecho, desde hace 26 años (de 1992 a 2016) no se han podido aumentar de manera sostenida los ingresos de los más pobres: el porcentaje de personas con ingresos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria ha permanecido casi igual.

Los actuales programas sociales del gobierno federal y estatales son insuficientes. Por ejemplo, Prospera —el programa social más grande del país— se enfoca a otorgar transferencias condicionadas de efectivo a hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. A pesar de beneficiar a más de 27 millones de personas, el apoyo es insuficiente para alcanzar la línea de bienestar mínimo. De acuerdo con estimaciones de Oxfam realizadas con la ENIGH 2016, el monto promedio mensual de la transferencia de Prospera fue de 218 pesos por persona, mientras que en promedio se necesitaba el doble, 429 pesos. Para atender esta problemática de manera efectiva, el presupuesto del programa debería pasar de los 82 mil millones de pesos que tuvo asignados en 2016 a 164 mil millones de pesos. En 2018, el presupuesto del programa fue similar al del 2016.

Ajuste presupuestal

De acuerdo con estimaciones hechas por Oxfam México con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, en caso de ganar la elección presidencial, la administración de José Antonio Meade deberá atender indirectamente a una población de 8.4 millones de personas, que tienen dentro de sus hogares a mujeres en edad reproductiva o son familiares cercanos de los menores de cinco años en pobreza extrema.

Directamente, la propuesta de Meade Kuribreña tendría que beneficiar a aproximadamente un millón 250 mil menores de cinco años que ya han nacido y son pobre extremos. Además, cada año nacen 2.6 millones de niños en todo el país, de los cuales 265 mil (10.2%) serán pobres extremos, según el INEGI y el CONAPO.

Cada uno de los menores de cinco años requieren atención por varias carencias sociales a la vez. De acuerdo con las estimaciones de Oxfam México enfocadas a las carencias que Meade Kuribreña pretende atender, serán más los niños que necesiten apoyo a la vivienda (815 mil 629); después los niños que necesiten acceso a la alimentación (680 mil 432); enseguida los que necesiten acceso a la salud (419 mil 413) y finalmente aquellos que requieran acceso a la educación (285 mil 201).

Si consideramos los cuatro programas sociales más factibles para aplicar la estrategia a nivel federal, enfocados a dichas carencias: Seguro Popular, Prospera, Seguro Médico Siglo XXI y el Programa de Apoyo a la Vivienda, para cubrir a todos los menores de cinco años en pobreza extrema (2.8 millones de niños en todo el sexenio) y mantener la calidad de los, se tendría que aumentar el presupuesto anual en cuatro mil 411 millones de pesos.

¿Cómo lograr un cambio real en las condiciones de vida de los más pobres?

Todas las intervenciones dirigidas a los menores de cinco años tendrían que tener mecanismos para asegurar que la ayuda, ya sea en especie o en efectivo, sea dirigida a mejorar las condiciones de vida de los niños. No todo es dinero, si se cubriera el ajuste presupuestal de cuatro mil 411 millones de pesos, de ganar, la administración de Meade tendría que atender cinco condiciones sobre la operación y diseño de los programas:

1) No están todos los que son ni son todos los que están

Bajo el actual diseño de Prospera contempla atender a todas las familias con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo, y según cálculos hechos con la ENIGH 2014, más de la mitad  de los hogares en pobreza extrema (53%, que equivale a 14.7 millones de personas) no eran atendidos por el programa y la mitad de los que sí eran atendidos no eran pobres extremos (13.2 millones de personas que equivalen al 51% de los beneficiarios).

Por lo que sería necesario contar con un sistema efectivo que permita identificar, ubicar y llegar a los verdaderos beneficiarios de los programas.

2) Garantizar la no exclusión

Es necesario redefinir las condiciones de los programas para evitar que queden niños excluidos. En el caso de Prospera, dado que el apoyo está condicionado a la asistencia escolar y a consultas de salud, se deja fuera a las comunidades más marginadas que no tienen acceso a escuelas y clínicas. Para compensarlo, el gobierno federal creó el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que otorga una transferencia de 154 pesos por persona, es decir, a los más pobres se les otorga un monto menor, aun cuando éstos no reciben el acceso a los servicios de salud que brinda Prospera.

Otro ejemplo de exclusión: para acceder al programa Apoyo a la Vivienda, las reglas de operación condicionan la entrega de los apoyos a aportaciones personales de los beneficiarios. Cuando se habla de personas en pobreza extrema, que no cuentan con lo suficiente para alimentarse, que pudieran hacer aportaciones para vivienda.

3) Coordinar los diferentes niveles de gobierno;

La Ley General de Desarrollo Social estipula que la política social del Estado mexicano es responsabilidad de los  gobiernos municipal, estatal y federal. No obstante, como ha afirmado Guillermo Cejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no existe coordinación efectiva entre los tres niveles; en los inventarios de programas sociales publicados por el Coneval, actualmente hay seis mil 500 programas afín por parte de los tres niveles de gobierno, que duplican esfuerzos y que no resuelven la pobreza. Resulta necesario cambiar la Ley para que se especifique qué le corresponde a cada nivel de gobierno y actúen de manera coordinada, y por lo tanto, de manera eficiente.

4) Coordinar los diferentes programas y asegurar el acceso y calidad a los servicios de la población beneficiada.

En el mismo sentido, se requiere también coordinación entre programas federales: una vivienda puede contar con una o más de las carencias, por lo que la familia debería recibir apoyo de distintos programas de manera coordinada para atender las necesidades específicas de esa familia; pero esa coordinación actualmente no existe.

5) Garantizar el acceso a la salud universal al momento de nacer.

La cobertura del Seguro Popular es limitada, cubriendo sólo el 14 %  de las intervenciones y el 11% de las enfermedades del Catálogo Internacional de Enfermedades de la OMS. En segundo lugar, en numerosas comunidades no se cuenta con clínicas, éstas son insuficientes para atender a toda la población, los médicos son escasos o nulos, o simplemente brindan una atención de muy baja calidad.