El Senado mexicano decidirá si aprueba una polémica ley que avala la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial condicionándola a promover los logros gubernamentales. Lo que está en juego son millones de recursos públicos con los que el gobierno premia o castiga a los medios de comunicación según sus contenidos. Los expertos insisten en que esto supone un riesgo sin precedentes para la libertad de expresión.
En una cena con periodistas, el 28 de marzo de 2016, el presidente Barak Obama decía que el periodismo es indispensable porque la gente lo necesita para descubrir la verdad.
“Las personas reales dependen de información en la que puedan confiar porque cedieron la toma de decisiones, que tiene un efecto profundo en sus vidas, en un grupo de personas que son bastante lejanas y muy rara vez tendrán acceso a ese funcionario o político para hacerle una pregunta, o para ser capaces de ordenar las complejidades de las políticas que determinarán sus salarios o su posibilidad de tener un fondo de retiro, o su capacidad para enviar a sus hijos a la universidad, o a la guerra.
“Las personas confían en los periodistas cuando les dicen que hay un problema en sus escuelas, o que su agua ha sido envenenada, o que sus candidatos están promoviendo proyectos que no son ciertos. Por eso los reportajes de investigación, los cuestionamientos informados, las historias de profundidad —el tipo de periodismo que honramos hoy— es más importante que nunca y, por cierto, dura más que algunos tímidos tuits que se escapan de nuestras pantallas al pestañear, que pueden obtener más éxitos hoy, pero no resistirán la prueba del tiempo. Esa es la única forma en que nuestra democracia puede funcionar”.
La necesidad del periodismo en la democracia es clara para varios líderes del mundo. Sin embargo, en México aún se juega con esta necesidad y se le convierte no en un valor de la democracia sino en objeto de propaganda, en prebenda política.
Al son de “se compran portadas, columnas, líneas editoriales, entrevistas…”, el Congreso mexicano tiene en vía de aprobación una de las legislaciones más polémicas de los últimos tiempos: la Ley General de Comunicación Social, que la Cámara de Diputados aprobó el 10 de abril. La Ley pasó al Senado donde los integrantes de oposición frenaron su aprobación. En la reunión de las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos la discusión se llevó más de dos horas y no hubo acuerdo. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una carta privada a los senadores para pedirles que no aprobaran la minuta del proyecto de decreto, pues no era acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Se espera el veredicto de los senadores en una próxima sesión extraordinaria.
A decir de distintos expertos, la ley maniata la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, generaliza prácticas discrecionales que por décadas el gobierno ha ejercido en la asignación de publicidad oficial y se utiliza como mecanismo de control en premio o castigo a la prensa, de allí que coloquialmente se le denomine como Ley Chayote.
Los medios informativos dependen de los ingresos de publicidad para su subsistencia. La diversidad de anunciantes les permite ser independientes en sus investigaciones y le da al personal que trabaja en la producción de noticias la libertad para poder presentar y difundir sus trabajos. Desgraciadamente, en México la mayoría de los medios de comunicación depende, para su subsistencia, de la publicidad de gobierno. La asignación de recursos podría ser transparente y equitativa, pero esto no ocurre así. Según cifras de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar, 48 por ciento del dinero lo reciben diez grandes medios de comunicación, y 52 por ciento restante, 3,800 medios. Ello incide en la falta de pluralidad.
La ley que se aprobó en la Cámara de Diputados “normaliza en estados y municipios las malas prácticas que se llevan a cabo dentro de la administración pública federal en la asignación de publicidad oficial”, explica Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. El trabajo de esta organización no gubernamental, que promueve la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, marcó pauta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisara jurídicamente el tema y sentenciara al Congreso de la Unión a legislar sobre la publicidad oficial. Sin embargo, acota Ruelas, esto no se hizo en los términos en fue emitida la polémica ley.
El día en que se discutía en el pleno la Ley Chayote se volvió trendig topic y encendió las redes sociales dado que esa iniciativa, presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un copia y pega de los lineamientos de la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación. Representantes de las organizaciones no gubernamentales consideran que, además, facilita a los tres niveles de gobierno tener partidas presupuestales destinadas a la publicidad oficial que, en los hechos, se traduce en contar con una caja chica para dar a la prensa su zanahoria o garrote, según sea el caso.
Pese a la indignación manifiesta a través de las redes sociales, las botargas de chayotes que en los pasillos de San Lázaro coreaban “se compran portadas, columnas, líneas editoriales, entrevistas…”, esta ley se aprobó con 205 votos a favor y 168 en contra y luego se envió a la Cámara Alta, donde ahora se define su futuro.
Discusión del dictamen de la Ley de Comunicación Social en el Senado de la República, el pasado 19 de abril. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Justine Dupuy, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, destaca que la Ley General de Comunicación Social no pone límites ni exige transparencia en los recursos públicos, pese a que ese es uno de los pilares en la sentencia de la Corte y porque, además, “hemos demostrado que hay derroche de los recursos públicos en este rubro. Se aprueba un presupuesto y terminan gastando casi el doble, y la ley no estipula ningún límite al respecto. Por ejemplo, ni siquiera se plantea el sobreejercicio, y eso es primordial y es precisamente lo que pide la Suprema Corte: regular la eficiencia y eficacia de este gasto público”.
De aprobarse en tales términos, “el Congreso estaría desperdiciando una oportunidad histórica de cambiar la relación de chantaje que ha primado entre poder y los medios de comunicación en México”, asegura Dupuy.
GASTO EN ASCENSO
“No pago para que me peguen” es una frase atribuida al presidente José López Portillo. Desde finales de los años 70, el sobreentendido mensaje se convirtió en tácito criterio para la asignación de la publicidad oficial.
La discrecionalidad con la que el gobierno decide a quién sí y a quién no asignarle publicidad ha sido un tema tabú, secreto a voces en oficinas de prensa y redacciones. La práctica sustituyó al suministro de papel periódico que el Estado monopolizó hasta los años 80.
De esta forma, el mecanismo que en esencia el gobierno debería utilizar como canal de comunicación con los ciudadanos, “para informarles de manera efectiva de temas que les sean útiles, por ejemplo, campañas de vacunación o temas de protección civil, se convirtió en un mecanismo de control de los medios”. Esto, explica Ana Cristina Ruelas, genera “información sesgada para la sociedad y un efecto inhibidor en los periodistas”.
Con esta lógica, la directora de Artículo 19 considera que “cada gobierno ha ido incrementando su gasto en publicidad, precisamente porque busca controlar lo que se informa a la sociedad. Si tú controlas los medios realmente estás controlando la información que le llega a la sociedad, y el gobierno cada vez invierte más en ello”. La actual administración lleva gastados más de 40,000 millones de pesos en publicidad; unos 21 millones diarios en promedio.
EL OBJETIVO ES INFORMAR
En 2013, derivado de sus visitas oficiales a México y otros países del hemisferio, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, emitió una serie de principios para la regulación de la publicidad oficial con equidad, transparencia y honradez, con el fin de que los gobiernos dejaran de utilizarla para acallar medios y voces críticas. Como Estado parte de la CIDH, México debía adoptarlos, pero no fue así.
El tema se colocó en la palestra pública a partir de que Artículo 19 promovió un amparo ante la SCJN frente a la omisión legislativa de promulgar una ley que regulara la asignación de la publicidad oficial, la cual debía aprobarse desde el año 2014.
El pasado 15 de noviembre, la SCJN otorgó el amparo al determinar que, efectivamente, la publicidad oficial se asigna de manera discrecional, de forma poco transparente, sin pautas ni criterios objetivos como una forma de censura indirecta. Y en una sentencia histórica ordenó al Congreso expedir una ley antes del 30 de abril de 2018.
El fallo parecía que ayudaría a sortear “uno de los resabios más claros y evidentes del autoritarismo mexicano, que ha legalizado este sistema perverso entre medios de comunicación y poder político, con pocas probabilidades de transitar a una verdadera democracia”, observa Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Y es que, agrega el abogado, “no se trata solamente de dinero, sino de poder informar sobre lo que realmente pasa en el país”.
Una vez que la Corte emitió su fallo, en el Congreso surgieron diversas iniciativas; pero la que se llevó al pleno y sin análisis de fondo fue la que se votó, la del PRI, que es facsímil de los lineamientos vigentes en la Subsecretaría de Normatividad y Medios.
¿PUBLICIDAD OFICIAL O NO?
La publicidad oficial, dice Ana Ruelas, “es necesaria en la medida en la que debe ser un mecanismo de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Por ejemplo, refiero que hay muchas comunidades en México que no tienen acceso a las tecnologías de información “y si no fuera a través de los espacios publicitarios sería muy complicado que estas comunidades se informaran”. Considera que el problema mayor radica en que la publicidad oficial no está funcionando para lo que tendría que funcionar, “para lo que está funcionando es para promover a figuras públicas, para hacer proselitismo y para hablar de los logros de un partido político y ahora —subraya— esta Ley Chayote dice que las campañas en los medios de comunicación pueden ser sobre los logros de un gobierno, y esto no debe ser así”.
EJERCICIO PERIODÍSTICO, ¿EN RIESGO?
Los términos de la Ley General de Comunicación Social encendieron las alertas también de organismos internacionales. La Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas expresó su preocupación al considerar que en la ley prevalece el manejo discrecional de los recursos públicos y promueve la inequidad.
El impacto podría ser más profundo. Christian Mirh, titular de Reporteros Sin Fronteras en Alemania, quien es uno de los representantes más destacados de la organización en Europa, y quien ha seguido de cerca el caso mexicano, destaca que el tema entraña graves afectaciones al ejercicio periodístico y para la sociedad en su conjunto.
“La misión principal del periodismo —dice– es hacer contrapeso a los que tienen el poder, o sea los gobernantes y los empresarios, y revelar abusos del poder. El valor del periodismo es que puede ser una plataforma independiente para publicar estas revelaciones, y por ello hay una tensión natural entre periodistas y gente poderosa. En México los lazos entre el poder y los medios de comunicación son innegables, pues la mayoría de estos son recompensados o castigados con publicidad oficial.
—¿Cómo afecta a la sociedad? —se inquiere a Christian Mirh.
—La industria mediática en México en vez de usar su poder económico para proteger a los periodistas de los peligros letales que enfrentan, los está haciendo aún más vulnerables ante presiones y autocensura. La línea editorial muchas veces va de la mano de la cantidad de dinero que reciben por publicidad oficial. Pero si no hay información independiente, no hay una discusión independiente en la sociedad, que es la condición para su desarrollo, por eso necesitamos transparencia sobre la publicidad oficial y sobre los lazos entre el poder y los medios.
Discusión del dictamen de la Ley de Comunicación Social en el Senado de la República, el pasado 19 de abril. Foto: Adobe Stock
—¿Cómo debe manejarse la asignación de publicidad oficial en un régimen democrático?
—Primero se necesita transparencia sobre el volumen total de la publicidad. Segundo, se requieren límites y reglas claras, particularmente en la televisión pública, sobre todo en tiempos electorales. Así funciona, por ejemplo, en Alemania, donde en tiempos electorales el gobierno no puede asignar publicidad oficial y donde cada partido tiene el mismo tiempo garantizado para publicidad electoral.
La otra cara de la moneda es precisamente el caso mexicano, donde la polémica ley se dictamina en el periodo electoral que se advierte como el más reñido de los últimos tiempos. En este contexto, Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, apunta:
“Evidentemente el modelo de medios administrados de manera privada, pero controlados por dinero público, conviene a todos los partidos de todos los colores. Quienes piensan ganar las elecciones consideran que sería un suicidio poner reglas claras en el uso de la publicidad oficial, los que piensan que van a perder, pero que tienen una pequeña posibilidad de meterse a la contienda, prefieren que se queden así las cosas porque así pueden seguir controlando el dinero y los discursos y la narrativa en torno a este proceso. Y al final es un sistema perverso en el cual algunos juegan a ser oposición y votar en contra y otros son los malos que asumen el costo político, pero no hay discusión de fondo”.
Quizás así, algún día, México tendrá a un presidente que, como Obama, vea en el periodismo un pilar de la democracia y no una herramienta política para buscar o mantener el poder.
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PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LA LEY
Para Leopoldo Maldonado, oficial de Artículo 19, la ley carece de criterios claros. Prevalece la lógica del “no pago para que me peguen” y, peor aún, se considera ahora que esto lo aplique desde el presidente de la república hasta los gobernadores y los alcaldes.
Se está garantizando que los recursos públicos se ejerzan como si fueran de los funcionarios en turno y prevalece el talante profundamente autoritario del régimen. No se considera un organismo que revise, supervise y fiscalice el ejercicio del gasto.
En esta ley el padrón de medios va a quedar en manos de la Secretaría de Gobernación, dependencia que decidirá a quién darle y a quién negarle publicidad.
Se incluye promover los logros de gobiernos, lo cual Maldonado considera absurdo y grave. Rompe con el concepto mínimo de publicidad oficial. En los estándares internacionales significa que esta tenga utilidad pública y, obviamente, los logros de gobierno no tienen utilidad pública. En otros países es impensable que el gobierno promocione sus logros porque estos deben hablar por sí mismos, la gente se da cuenta.
