La desaparición forzada alcanzó niveles históricos en la región del Bajío durante 2017
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) siete de cada 10 desapariciones ocurrieron en los últimos seis años.
Los datos del SESNSP indican que en Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro se tiene registro de 999 personas desaparecidas entre 2000 y 2018. La mayoría de los casos son investigados en el común, y solo 15 en el federal. Destaca que entre el 2000 y 2006 solamente se tiene registro de 8 personas desaparecidas.
A enero de 2018, el fuero común acumulaba 34 mil 210 averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas relacionadas con la desaparición de personas a nivel nacional, mientras que el fuero federal, a la misma fecha, sumaba 1, 142.
En Guanajuato, los niveles de inseguridad y violencia son los más altos de su historia. Siempre de acuerdo con el SESNSP, en el primer bimestre del 2018 se registraron en la entidad 282 víctimas de homicidio por arma de fuego, ocupando así el primer lugar a nivel nacional.
La desaparición de personas en Guanajuato es también síntoma de esta situación de violencia por la que atraviesa el estado. El SESNSP refiere que del año 2000 al 2018 se registraron 604 casos de personas desaparecidas. Destaca que el 80.7% de estos casos ocurrieron de 2013 a la fecha.
El año que tiene un mayor registro de personas desaparecidas en la entidad es 2017, con 188 casos. Es decir, el 31% de las personas desaparecidas en los últimos 18 años fueron vistas por última vez hace un año.
En cuanto a San Luis Potosí y Querétaro, el SESNSP tiene un registro de 96 y 299 personas desaparecidas respectivamente, entre 2000 y 2018.
Igual que Guanajuato, en Querétaro el 79% de los casos tuvo lugar durante el último sexenio. Tan solo en 2017 se registraron 90 casos, es decir el 30%.
A diferencia de Guanajuato y Querétaro, en San Luis Potosí el 81% de los casos sucedió entre 2006 y 2012.
En cuanto a los municipios, en los que se registró una mayor incidencia de esta problemática son Querétaro, que de 2000 al primer bimestre de 2018 se registraron 168 personas desaparecidas, seguido del municipio de Celaya, con 89 registros; León con 78 registros; San Luis Potosí con 54; y San Juan del Río con 46.
Dentro de la lista de los diez municipios en los que más registraron personas desaparecidas, destaca que siete corresponden al estado de Guanajuato: Celaya, León, Pénjamo, San Miguel de Allende, Irapuato, Guanajuato y Apaseo el Alto.
Cabe señalar que, el 77% de los desaparecidos entre 2000 y 2018 son personas del sexo masculino, mientras que restante 22% son mujeres; 41% de ellos, tenían entre 15 y 28 años al momento de su desaparición, lo cual muestra de la vulnerabilidad juvenil ante esta problemática.
La desaparición forzada
La desaparición forzada es un problema mundial, en un principio se relacionaba con regímenes caracterizados por ser dictaduras militares, que utilizaban la desaparición de personas como estrategia para infundir el terror entre los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad la desaparición forzada ya no es producto solamente de dictaduras militares, hoy sucede en situaciones de conflicto interno, muchas veces por intentar reprimir a la oposición interna. La desaparición forzada tiene como objetivo sembrar el terror en la sociedad.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en 2010, define a la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
En nuestro país, a más de diez años que iniciará la “guerra contra el narcotráfico” fue promulgada el 17 de noviembre de 2017 la Ley General en materia de Desaparición forzada de Personas, la cual establece penas de hasta 60 años de prisión a quien cometa este delito.
