Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que aglutinan la mayoría en el Senado de la República, podrían dejar fuera varias iniciativas de relevancia social en la sesión con la que concluye el último periodo ordinario de la LXIII Legislatura de este lunes.
Entre las propuestas legislativas que se podrían quedar fuera de la discusión en el pleno se encuentran el nombramiento del fiscal general de la República así como del fiscal anticorrupción, la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos y la reforma para proteger los derechos de los usuarios de plataformas digitales de transporte privado entre otros temas, señaló el senador de Aguascalientes por el Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Santana García.
“Algunas de las iniciativas que consideramos importantes para el país, el grupo parlamentario del PRI pretende detenerlas y, por el contrario, debemos impulsarlas a efecto de que la ciudadanía quede conforme con las mismas”.
El legislador lamentó que por razones político-electorales o por intereses particulares de algunos senadores, se puedan quedar fuera de la sesión estos temas que son de gran interés para los ciudadanos.
Nombramiento de fiscales, en el ostracismo
El caso más preocupante es el de los nombramientos de los fiscales, que desde hace algunos años se ha postergado por posturas encontradas y resistencias entre los partidos políticos.
El 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que daban vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente, en julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial las leyes secundarias del sistema. Sin embargo, aún faltaba una parte esencial para poder implementarlo: el fiscal anticorrupción.
Desde entonces, se he dado un debate intenso en el Senado de la República donde se ha discutido en varias ocasiones el perfil, la trayectoria y el mecanismo de selección del fiscal anticorrupción, sin mucho avance, por lo cual la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no puede concluirse en su totalidad.
Por otra parte, en febrero de 2014 se aprobó dentro de la Reforma Política los lineamientos para transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República, con lo cual se busca descentralizar a la dependencia del Ejecutivo Federal y darle plena autonomía en la impartición de la justicia.
Las modificaciones se harían válidas con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en el Congreso de la Unión, así como el nombramiento del titular de la nueva fiscalía.
Con la transformación estructural de la PGR, el Senado de la República se convierte en la entidad encargada de nombrar al fiscal general de la República a partir de una lista de 10 perfiles que reúnan los requisitos, eliminando así la facultad del ejecutivo federal de designar de manera unilateral al titular de la dependencia, o que en su caso, el titular de la PGR tuviera pase directo a la Fiscalía General de la República.
“Esta falta de nombramientos crea una incertidumbre jurídica en aspectos fundamentales para el Sistema Nacional Anticorrupción pues de no manejarse los nombramientos de manera correcta, objetiva, imparcial y con certidumbre, entonces echa abajo todo lo que se ha venido trabajando en los últimos cuatro o cinco años”, refirió el legislador panista.
Eliminación del fuero constitucional se estancaría en el Senado
Contra todos los pronósticos, en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad de 370 votos la eliminación del fuero constitucional para funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diputados federales, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y alcaldes, entre otros.
Después de la histórica sesión, el dictamen fue turnado a la Cámara Alta, donde se esperaba que al haberse aprobado por unanimidad, también encontrara el consenso entre las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, no fue así.
De acuerdo a senadores del PRI, Morena, Partido del Trabajo e independientes, el dictamen avalado en la Cámara de Diputados presentaba inconsistencias jurídicas y deficiencias de técnica legislativa, que de aprobarse en el Senado podría vulnerar el cargo de los funcionarios públicos.
Tras lo anterior, se integró una comisión permanente entre las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos a fin de analizar a profundidad el dictamen y modificar las “inconsistencias jurídicas” y sacar adelante un dictamen más fortalecido y aplicable, el cual podría concluirse después de la sesión del lunes, quedando así fuera de la discusión.
“Se supone que iba a ser votada ayer, sin embargo el PRI se opuso, entonces esperemos que para el lunes el dictamen ya esté listo y se aprueba la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, el PRI es el que la tiene que dictaminar y subir al pleno, ellos son mayoría junto con el Verde y se necesitan dos terceras partes para que sea aprobada”, indicó el senador.
Regulación de plataformas de transporte privado, también fuera del debate
Otra de las iniciativas que podría quedarse fuera de la sesión del lunes es la reforma a la Ley Federal del Consumidor, que busca incrementar las responsabilidades de las plataformas de transporte articular en caso de que tengan participación en la comisión de algún delito.
La iniciativa fue presentada por el propio senador Jesús Santana García en octubre del año Pasado. Con ella, se amplían facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que las empresas atiendan responsabilidad en situaciones como secuestros exprés, acoso o abuso
sexual, luego de varios casos de este tipo de delitos que han involucrado a trabajadores de dichas plataformas en varios estados de la República.
La iniciativa legislativa se asienta en cuatro puntos importantes para lograr la regulación de este tipo de aplicaciones:
1) Que las plataformas sean consideradas en la legislación como “servicio de transporte privado”, pues en el esquema actual la empresa evade cualquier responsabilidad por la conducta o desempeño de sus conductores ya que se encuentran en un modelo de “habilitadores tecnológicos a través de socios conductores”.
2) Obligar a las plataformas a apegarse a las leyes y normas mexicanas ya que en la actualidad algunas de ellas recurren a tribunales internacionales para la resolución de procesos jurídicos, lo que limita los alcances legales de las autoridades mexicanas.
3) En el tercer punto se exige que las plataformas se hagan responsables en caso de daños o afectaciones a los usuarios o a su patrimonio, ya que actualmente las empresas señalan que los conductores aparecen sólo como “socios del servicio” pero no como “empleados”.
4) Finalmente, en el cuarto apartado la propuesta contempla la obligación para realizar un registro ante la PROFECO de las plataformas de transporte privado, el cual se deberá actualizar cada dos meses.
Cabe destacar que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Legislativos, pero tras recibirse algunos señalamientos de la Secretaría de Economía del gobierno federal la iniciativa podría quedarse fuera del orden del día.
“La Secretaría de Economía ha enviado algunas objeciones, que desconozco cuáles son, para que no transite la iniciativa, entonces esto boicotea una ley tan importante para el consumidor de este tipo de transporte, para los usuarios”, agregó Jesús Santana.
A pesar de los temas pendientes, el senador Santana considera como poco probable la realización de un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante las iniciativas que no alcancen a salir en la sesión del lunes, debido a la cercanía de las elecciones del 1° de julio.
“Si el lunes no salen estas iniciativas será muy difícil que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para un análisis de las mismas porque cuando se convoca a un periodo extraordinario es para materias específicas y además se vienen las elecciones, entonces ojalá que todos nos pongamos de
acuerdo para sacar estos temas”, concluyó.