Los datos más recientes del Índice Global de Impunidad México 2018 ubican a Aguascalientes entre los diez estados con mayor impunidad en el país, acompañado de entidades como Tamaulipas, Veracruz y Guerrero.

Entre los motivos se encuentra la falta de personal en los órganos de justicia como policías, ministerios públicos y jueces. A nivel nacional, 93 de cada 100 delitos no son denunciados, y los que sí son reportados, casi nunca llegan a la emisión de una sentencia contra los inculpados.

El estudio puntea a Aguascalientes como el estado número nueve respecto de su índice de impunidad en delitos denunciados, mismo que asciende a 75.85 puntos, mientras que la media nacional es de 69.84 puntos. Además, la entidad es uno de los ocho estados en donde este índice creció en más de cinco puntos respecto de lo reportado en el Índice Global 2017.

El estudio se realizó con datos del 2016, último año de la administración priista de Carlos Lozano de la Torre.

A decir de Enrique Morán Faz, secretario general de gobierno, el problema tiene que ver con la falta de capacitación en las instituciones de justicia al momento de la integración de los expedientes abiertos por todo tipo de delitos, mismo que va desde la detención de la persona y hasta la falta de judicialización del delito.

“Estamos trabajando con el fiscal para que exista un trabajo más profesional en la integración de carpetas para turnarlas a judicialización y se vincule a proceso, estamos teniendo cuidado en que no haya errores operativos desde el elemento policiaco y que en la Fiscalía haya mayor profesionalización con la integración de las carpetas, no había la suficiente capacitación, el nuevo sistema de justicia no estaba siendo implementado con todas sus variables, a nivel nacional en la práctica estaba quedando libre mucha gente por errores en la implementación”, explicó en entrevista con Newsweek Aguascalientes.

Para ello, aseguró que durante 2017 María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), fungió como asesora directa de la Fiscalía para “perfeccionar los mecanismos y la capacitación directa a quienes integran las carpetas de investigación”.

“Hay que tipificar cuáles delincuentes no deben salir y darle elementos al juez para que lo retenga con prisión preventiva, estamos trabajando en eso”, añadió.

Los problemas de Aguascalientes respecto de la impartición de justicia no sólo están relacionados con la falta de capacitación, sino también con el déficit de ministerios públicos y jueces, lo cual lo coloca como uno de los estados con situación más crítica.

Durante 2016 en esta entidad había 2.49 agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitantes, y 3.34 jueces por la misma cantidad de ciudadanos. El actual gobierno pretende resolver este problema con una reorganización de personal y, si es necesario, mayor presupuesto para los órganos de justicia, aunque aún no se tiene una cifra estimada.

“Con ambas dependencias el Poder Judicial y la Fiscalía se está trabajando un análisis para que puedan reforzar desde el número de ministeriales, es un rezago a nivel nacional de que no se cumple con los parámetros de número de agentes por cada cien mil habitantes. Hemos estado platicando con el fiscal para ver si es necesaria una readecuación presupuestal para liberarle más plazas o si algunas plazas dedicadas a otra actividad, los habilita como ministerios públicos”, declaró Morán Faz.

– ¿Por qué si seguridad es uno de los rubros con mayor presupuesto, tiene tanto déficit?

-Es una cuestión conceptual, algunas gentes gastaban más en armamento o cosas más caras, que en sistemas y procedimientos. Hay que resolver el problema de fondo, que es que haya personal suficiente, capacitado y con el equipo adecuado.

Finalmente, el secretario general de gobierno explicó, como ya lo había hecho el ex fiscal general René Urrutia de la Vega, que el aumento en el número de denuncias se debe a un cambio realizado en el conteo de las mismas.

“En el caso particular de la impartición de justicia, nosotros hemos analizado con mucha responsabilidad algunas cuestiones no recomendables que la Fiscalía General del Estado venía practicando desde 2015 y 2016 con lo que llamaron reporte de noticia delictiva, es decir, si tenías 10 denuncias, y de esas tres o cuatro, en lugar de pasar a denuncia las calificas como un simple reporte, llega un momento en que esas no entran a las estadísticas, se iban al archivo muerto.

“No nos queremos exculpar, pero sí explicar el contexto sobre la evolución de la impartición de justicia, estamos conteniendo el problema, aún no entra en la curva de descenso, pero también estamos inmersos en una inercia peligrosa, estamos en un contexto regional muy delicado”.