Un grafiti llamó la atención de Marco Antonio Sánchez Flores. Esa fue la razón por la que el 23 de enero se detuvo en una avenida cercana a la estación de Metrobús El Rosario. El estudiante de 17 años se detuvo a fotografiar la composición pictórica. Iba en compañía de su amigo Roberto.
Cuando tomaba la foto, arribaron al lugar tres policías de la Ciudad de México. Sin más, acusaron a Marco Antonio de haber cometido un robo. Asustado, el adolescente echó a correr. Los oficiales que lo perseguían lograron alcanzarlo. Frente a su amigo, los agentes lo golpearon, esposaron y subieron en una patrulla.
Lo que ahí aconteció quedó documentado en el celular de Roberto. En la foto que logró tomar se observa a Marco Antonio esposado, en el suelo. Lo somete uno de los uniformados.
Cuando los policías se llevaban al menor de edad, le dijeron a su amigo —único testigo de los hechos— que lo trasladarían al Ministerio Público 40, ubicado en la delegación Azcapotzalco.
Horas más tarde, los padres del estudiante de la Prepa 8 de la UNAM acudieron a buscarlo a la agencia ministerial. Ahí se enteraron de que su hijo no había sido presentado tras su detención. Los funcionarios del MP se negaron a tomar la denuncia por la desaparición de Marco Antonio. Alegaron que no habían pasado 48 horas desde que desconocían su paradero.
La familia de Marco Antonio tuvo que esperar dos días —afuera de la agencia del ministerio público— para que las autoridades accedieran a tomarles su denuncia y emitieran un volante con la fotografía del estudiante a quien se catalogó como una persona “ausente o extraviada”.
Durante cinco días el joven estaría desaparecido.
El caso de Marco Antonio de origen no fue investigado por las autoridades capitalinas como una desaparición forzada. Ello, pese a la denuncia de sus padres donde se subraya que no se supo más sobre su paradero luego de que el adolescente fue arrestado por policías capitalinos.
Miguel Ángel Mancera explicó al respecto que los oficiales refirieron haber liberado al menor de edad antes de llegar al MP donde se suponía que iban a entregarlo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México justificó así el hecho de que no se iniciara una indagación por la probable comisión del delito de desaparición.
Volga de Pina Ravest, investigadora y abogada especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, sostiene que la dilación en la toma de denuncias y en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas forma parte de una serie de irregularidades que cometen autoridades de la Ciudad de México. Y que el hecho de no reconocer el delito de desaparición forzada incrementa el riesgo de que las víctimas no sean encontradas o, incluso, que se les localice sin vida.
En la CDMX, desde 2012, cuando la Procuraduría General de Justicia local (PGJ CDMX) adoptó el acuerdo A 015/2012, se estableció que cuando una persona es reportada como desaparecida “de inmediato hay que hacer una denuncia”. Así lo indica en entrevista José Antonio Ferrer, titular del Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA), que depende de la procuraduría de justicia capitalina.
El funcionario reconoce que “a veces la sociedad maneja que se debe esperar de 48 a 72 horas, pero esto no es cierto”.
De acuerdo con Ferrer, cuando en 1990 se creó el CAPEA se estableció “que se hacía el reporte, y si después de 48 horas no se encontraba a la persona reportada, se iniciaba la averiguación previa”. Sin embargo, agrega, “esto dejó de funcionar hace muchos años y es muy claro el acuerdo de 2012, que establece [que la búsqueda] debe ser de forma inmediata”.
MINIMIZAN DESAPARICIONES
Después de que los padres de Marco Antonio hicieron pública la dilación de las autoridades para comenzar la búsqueda de su hijo así como la negativa de tomar su denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió un comunicado solicitando a las autoridades capitalinas tomar medidas precautorias para salvaguardar la integridad del adolescente. Además, inició una queja donde se calificó la situación como una desaparición forzada, presuntamente cometida por policías del gobierno capitalino. Pero la procuraduría de justicia local no investiga este caso bajo la línea de una probable desaparición forzada.
Al respecto, Volga de Pina Ravest, abogada e investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explica que existen deficiencias en la forma en que las autoridades capitalinas atienden las desapariciones. Y es que el CAPEA no distingue entre ausencias, extravíos, desapariciones y desapariciones forzadas.
“De entrada —puntualiza De Pina— hay un tema de minimización, porque en otros estados del país hay fiscalías, propiamente dichas, para atender desapariciones; sin embargo, en la Ciudad de México se queda en un centro de atención para personas ausentes y extraviadas, no desaparecidas”.
La abogada, que entre sus labores acompaña y asesora a familias de personas desaparecidas en diferentes estados del país, refiere, además, que “hay un problema al nombrar una desaparición como ausencia o extravío, porque se te puede extraviar un calcetín, pero no una persona. Ese es un eufemismo que han usado siempre las autoridades para no reconocer que alguien desapareció”.
La especialista puntualiza que, si bien en la capital del país la desaparición forzada no es un delito tan común como en Veracruz, Tamaulipas o Coahuila, “sí hay desapariciones, y aunque no sea tan grave, no se tiene que esperar a llegar a que desaparezcan cientos para reconocerlo”.
SIN FACULTAD PARA INVESTIGAR
Si bien el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes es la instancia a la que las personas deben acudir en caso de no localizar a un familiar para denunciar el hecho y pedir que se inicie su búsqueda, el titular de esta dependencia sostiene que, en los casos de desaparición, no pueden intervenir debido a que “no conocen los delitos”.
José Antonio Ferrer explica también que cuando de buscar personas extraviadas o ausentes se trata, el organismo pone en marcha un protocolo con las acciones necesarias para la localización del reportado. Pero si se presume la comisión de un delito se realizan “diligencias diferentes”, por lo que declinan la competencia y la envían a la fiscalía correspondiente para que lo conozcan e investiguen.
Desde agosto de 2015 las fiscalías y procuradurías de los 32 estados de México adoptaron el Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR). El titular del CAPEA afirma que este organismo no lo utiliza, pues se refiere a desaparición forzada y por particulares, aunque concede que las diligencias son “muy similares”.
Para de Pina Ravest, esto “es una forma de crear eufemismos para que se retarden o no se activen los mecanismos de búsqueda, y reduce las posibilidades de encontrar a la gente, o de encontrarla viva, lo que deja a un lado la obligación de las autoridades de proteger la vida”.
En el caso de Marco Antonio, la abogada afirma que, en “el contexto actual de inseguridad y violencia y, además, teniendo pruebas de que se cometió un delito por parte de funcionarios públicos, no tuvieron que haber hecho esperar a la familia y catalogarlo como una ausencia: se tenía que haber investigado con todo el rigor con el que se tiene que hacer cuando se presume que se trata de una desaparición forzada”.
El titular de CAPEA apunta que, cuando se denuncia la no localización de una persona, un agente ministerial debe elaborar un registro con el nombre, la edad, la forma en la que iba vestida, sus señas particulares y, de preferencia, solicitar una fotografía para agregar al fotovolante con el que será buscada.
Y agrega: “Una vez que conocemos estos datos, la procuraduría, con un sistema de localización de personas, en menos de diez minutos cruza la información con bases de datos del sistema penitenciario, seguridad pública y de la misma institución para saber si el reportado fue puesto a disposición en alguna de estas instancias”.
Después de comprobar que no se encuentra en estos lugares, la familia se entrevista con personal de trabajo social y se hace un “rastreo institucional”, por hospitales y morgues, se emite un fotovolante que es enviado a las autoridades de la demarcación donde fue vista por última vez la persona, así como terminales de autobuses, aeropuertos y fiscalías de otros estados para que comience su búsqueda perimetral.
En el caso de Marco Antonio Sánchez transcurrieron dos días para que las autoridades capitalinas tomaran la denuncia de sus padres y comenzaran a investigar sobre su paradero. Esto, de acuerdo con De Pina Ravest, constituye una irregularidad, y al tratarse de la desaparición de un menor de edad, indica que se tuvo que haber activado la Alerta Amber como parte de las acciones inmediatas para su localización.
Para que se active la Alerta Amber, el protocolo establece que el menor de edad debe estar “en peligro inminente, por motivo de sustracción, ausencia, desaparición o no localización”, e indica que esta debe emitirse de manera inmediata “sin anteponer prejuicios y valores personales o cualquier otro acto de discriminación que pueda impedir u obstaculizar la búsqueda del niño, niña o adolescente”.
La Alerta Amber para buscar a Marco Antonio fue emitida cinco días después de la denuncia de su desaparición.
El titular del CAPEA, quien además es el coordinador en la Ciudad de México del programa Alerta Amber, precisa que los criterios que siguen para la activación del mecanismo establecen que hay circunstancias en las que la ausencia o extravío podrían vincularse con algún delito y, en casos así, la activación de la alerta podría ponerlo en riesgo, por lo que esta no se activa.
¿LAS AUTORIDADES SE NIEGAN A LEVANTAR LA DENUNCIA?
Ante la desaparición de un familiar, el Manual de la Universidad Iberoamericana señala que se puede presentar la denuncia ante cualquier agencia del MP para efecto de 1) exigir a las autoridades que se realice la búsqueda de tu familiar y 2) para que comiencen con las diligencias que permitan identificar a todas las personas que hayan participado en la desaparición.
La denuncia no puede ser negada por parte de los funcionarios del ministerio público.
De acuerdo con el “Protocolo para la búsqueda de personas en situación de extravío o ausencia”, lineamiento al que se apega el CAPEA, en cuanto un agente del MP tiene conocimiento del extravío o ausencia de una persona —en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes— debe comenzar, de manera inmediata, una averiguación previa, e implementar sin demora el Plan Emergente de Reacción Inmediata (P. E. R. I.).
En el caso de Marco Antonio, las autoridades pidieron a sus padres esperar 48 horas. La abogada De Pina Ravest dice que cuando se niega a familiares levantar una en las primeras horas de la desaparición, se observa que los funcionarios no se sensibilizan con la situación y los desincentivan a no denunciar.
“Las autoridades no han entendido que tenemos un problema grave, hay mucha criminalización basada en estereotipos. En alguna ocasión me tocó acompañar a una familia de Tepito a reportar la desaparición de su hijo, que tenía antecedentes penales. El ministerio público que nos atendió nos dijo que seguro era un mañoso, casi casi [insinuó] que no lo iba a buscar porque seguro andaba en algo, y eso es algo que también usan de manera constante como una justificación para no salir a buscar”.
Cuando las autoridades niegan a los familiares la presentación de una denuncia penal, el Manual de la Universidad Iberoamericana sugiere:
-Solicitar hablar con el coordinador de ministerios públicos, el procurador o el subprocurador, para la negativa a levantar la denuncia y exigir que se respete el derecho a denunciar en ese momento.
—Si continúa la negativa, acudir a la comisión estatal de derechos humanos o ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar una queja contra el ministerio público por negar el acceso a la justicia.
El titular de CAPEA dice que la propia procuraduría capitalina tiene áreas de control interno, como una contraloría y una visitaduría para denunciar irregularidades, y que en las sedes del ministerio público se cuenta con un teléfono rojo para “cuando existe alguna negación del servicio o una mala atención, solo hay que levantarlo y hacer un reporte”.
Cinco días después de su desaparición, 120 horas después de vagar herido y desorientado, y gracias a la amplia difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales, así como la protesta ciudadana del caso, Marco Antonio fue hallado en Tlalnepantla, municipio del Estado de México, entidad vecina de la capital. Para De Pina Ravest esto fue “cosa de suerte, porque en la mayoría de las entidades del país, cuando las personas desaparecen, ya no vuelven”.
De acuerdo con la defensora, el caso de Marco Antonio es excepcional y deja como enseñanza que los papás de una persona desaparecida deben insistir a las autoridades y denunciar públicamente, convocando a la exigencia multitudinaria de la aparición de su hijo porque tal parece que “solo el escándalo hace que aparezcan las personas”.
¿Qué hacer si una persona cercana desaparece?
En caso de que un familiar o conocido se encuentre desaparecido, el Manual de Acciones Frente a la Desaparición y la Desaparición Forzada, elaborado por la Universidad Iberoamericana, recomienda:
-Comunicarse con familiares y amistades para confirmar que la persona desaparecida no está con ellos.
-Reportar a la persona desaparecida en Locatel, para que se comience su búsqueda en ministerios públicos y hospitales (el manual recomienda que, aunque no hayan pasado 24 horas de la desaparición, se valore la conveniencia de decir a quien tome la denuncia que sí han transcurrido, a fin de que aceleren la investigación).
-Acudir o comunicarse con hospitales y servicios médicos forenses de la ciudad donde ocurrió el hecho.
-Reunir toda la información sobre la desaparición: ¿cuáles fueron las actividades de la persona desaparecida a lo largo del último día que se supo de ella?, ¿a qué lugares acudió y con quiénes?, ¿cuándo fue la última vez que se supo de ella?, ¿quién fue la última persona con quien tuvo contacto? Y comunicarse con las personas que tuvieron contacto con el desaparecido por última vez para que proporcionen información.
-Acudir a una organización de la sociedad civil para solicitar asesoría.
-Acercarse con otras familias que también hayan sufrido la desaparición de un ser querido para conocer su experiencia y organizarse con ellas para la exigencia de búsqueda.
-Denunciar ante el MP.
