Al arranque del 2018, en distintos diarios regionales y estatales, la nota es recurrente: “crece la ola de violencia”; “en lo que va de enero ya se rebasa el número de ejecutados del mismo mes del año pasado”; “sigue la ola de ejecuciones”; y un largo etcétera que pareciera extraído de un catálogo de cine “gore”.

La “novedad” en 2017 y en lo que va de 2018, es que, entre las entidades con un alto número de homicidios dolosos, aparece el estado de Guanajuato, otrora una entidad con una baja tasa de homicidios, pero que en los últimos tres años se ha convertido en un auténtico campo de batalla entre bandas del crimen organizado.

En enero de este año, se estima preliminarmente que han ocurrido 165 homicidios dolosos, entre los que destacan los de varios policías municipales y ministeriales; el del director operativo de la policía de San José Iturbide, el del director de la policía del municipio de Irapuato, y la de un regidor priista del municipio de Celaya.

Este mismo mes, llegaron a la entidad 3,200 efectivos de la Policía Militar, los cuales, se ha argumentado, permitirán reforzar las tareas de combate al crimen organizado en la entidad, en la cual, el año 2017 fue el más sangriento de su historia, con 1,435 homicidios dolosos.

¿Qué está pasando en Guanajuato? En primer lugar, debe destacarse que es una de las cinco entidades con mayor población del país; lo que la convierte en un mercado fértil para la distribución y venta de sustancias adictivas.

En segundo término, hay que decir que en la entidad se ubica la refinería Antonio M. Amor, así como una de las más amplias redes de ductos de distribución de gasolina y diésel en el país, lo que ha facilitado que la entidad se convierta en el primer lugar nacional en robo de combustibles y su comercialización.

Guanajuato es además un estado vecino con Jalisco y Michoacán, territorios en los cuales, se argumenta, han surgido dos de los principales carteles de la droga, los cuales, al parecer, han entrado en un severo conflicto, llenando las calles de terror y muerte.

¿Qué falló? Desde el inicio de la presente administración, se puso en marcha el llamado “Programa Escudo”, el cual buscaba generar un “blindaje”, precisamente ante la desarticulación de los cárteles que se estaba llevando en el país. La idea era evitar que en Guanajuato pasara lo que ya lleva meses ocurriendo. En este proyecto se invirtieron más de 2,500 millones de pesos, los mismos que han resultado, a todas luces, insuficientes.

¿De quién es la responsabilidad? Sin duda, alguna, el gobierno del estado no ha implementado una política efectiva de seguridad pública, en un sentido amplio, pues según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato tiene también el primer lugar nacional en homicidios culposos.

Sin embargo, es importante decir que si algo ha fallado es el sistema de inteligencia a nivel nacional, pues no se previó ni se actuó a tiempo, para evitar que se generara la enorme mortandad que ha provocado el enfrentamiento entre cárteles. Es decir, ¿por qué las fuerzas federales no anticiparon lo que venía y por qué no se desplegaron la fuerza, los recursos y las capacidades necesarias, de manera preventiva?

Hasta el día de hoy, en lo que va del 2018, en Guanajuato se tiene un promedio de siete ejecuciones al día. Y si esta tendencia continuara, al cierre del año podría llegarse a más de 2,500 casos, dato similar al que tuvo en 2017, el estado de Guerrero.

Acapulco, otrora el principal destino turístico del país hoy sufre una terrible crisis económica y social provocada por la inseguridad y la violencia. Así que, ante la experiencia histórica, y por el bien del país y de la entidad, Guanajuato debería convertirse en una de las mayores prioridades del aparato de seguridad pública nacional.