El gobierno y la justicia de España desplegaron este jueves todo su arsenal contra el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña, donde la fiscalía asegura que intervendrá todo material destinado a celebrar la consulta.

Fustigando un “intolerable acto de desobediencia” en Cataluña, el presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció que su gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de la consulta, pidiendo su nulidad.

A la espera de que el alto tribunal decida, Rajoy explicó que su gobierno pide la suspensión cautelar del referéndum, así como de la ley que lo permite y de la autoridad electoral recién creada por la dirigencia catalana.

En una comparecencia ante la prensa ofrecida tras dirigir un consejo de ministros extraordinario, Rajoy apeló a los casi 950 alcaldes catalanes, informándoles que tienen el “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referendo”.

El presidente del gobierno regional, el independentista Carles Puigdemont, les ha enviado una carta en la que les pide que en 48 horas notifiquen los espacios de que disponen para celebrar la consulta.

La misiva destaca que la ley sobre el referéndum, aprobada el miércoles en una acalorada sesión, establece un “régimen jurídico excepcional”, superior a cualquier otra legislación, incluyendo la Constitución española.

Sin embargo, es muy probable que la ley y la convocatoria de la consulta sean anuladas por el Tribunal Constitucional, en cuyo caso los ayuntamientos se verán en la difícil tesitura de obedecer o no.

Por el momento, y a la vista de estos preparativos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció desde Madrid que próximamente “se van a cursar las órdenes oportunas para que la policía judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”.

“Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La ley les obliga, pero también les protege y les defenderá frente a cualquier arbitrariedad”, abundó Rajoy, refiriéndose a los funcionarios catalanes.

El fiscal general anunció también que ahora mismo se están “ultimando sendas querellas criminales”, una contra los miembros del Parlamento catalán, que el miércoles permitieron tramitar la ley del referéndum, y otra contra los miembros del gobierno regional catalán, “por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum”.

El gobierno nacionalista catalán no tardó en reaccionar, denunciando a través de su portavoz, Jordi Turull, un “estado de sitio encubierto”.

“Nosotros seguimos con la misma determinación”, y “esto no altera para nada lo que tiene previsto el gobierno (regional)” el 1 de octubre, aseguró el portavoz.

Rajoy recaba apoyos

Aparte de la vía judicial, Rajoy escenificó los apoyos políticos con que cuenta frente al desafío soberanista catalán.

Así, se reunió con el líder de la oposición socialista (PSOE), Pedro Sánchez, opuesto a la celebración del referéndum pero favorable a un diálogo político que logre desactivar una crisis que dura años.

“Responsabilidad en la defensa de la ley pero con la convicción de que mediante el diálogo y la suma de voluntades lograremos una solución”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

Rajoy se reunirá también este jueves con Albert Rivera, líder del partido centrista Ciudadanos, principal fuerza opositora en la cámara catalana. Éste ya ha manifestado su apoyo “sin fisuras” al gobierno español.

Desde fuera de España, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, y que “cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la UE”.

Independentistas en marcha 

Ajeno a las advertencias de Madrid, el Parlamento catalán, tras una tensa y maratoniana reunión el miércoles, volvió a reunirse este jueves para seguir adelante con su plan.

Los independentistas quieren aprobar la “ley de transitoriedad”, que será la “norma suprema” en los primeros compases de la nueva república si gana la opción independentista.

La Generalitat ha lanzado una campaña de seducción para conseguir la máxima participación posible que legitime la cita electoral. “Ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos”, asegura un anuncio publicitario del gobierno regional.

Su principal enemigo es una abstención masiva de los partidarios del “no”, promovida por los partidos contrarios a la secesión, que el miércoles denunciaron insistentemente la ilegalidad del proyecto.