La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva” así como “torturas” durante las protestas en Venezuela y acusó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes.
“En Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.
La ONU denunció que “varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas”.
El gobierno de Venezuela rechazó el acceso al país de los investigadores de la ONU, por lo que el Alto Comisionado encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que realizara unas 135 entrevistas a distancia a víctimas y familiares, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y a un funcionario de la oficina de la Fiscal General.
“Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo de derechos humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos”, precisó la ONU en un comunicado.
Dijo que según indicios verosímiles “las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura”. Ante ello, el Alto Comisionado denunció el uso de “choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares”.
Si bien no se cuenta con una cifra oficial de personas detenidas, “los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5,051 personas sufrieron detención arbitraria”.
“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, agregó Zeid. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno”, sentenció.
El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas “a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”.