La inseguridad y violencia persistente en pueblos y rancherías de México, donde prevalece “un clima de corrupción e impunidad”, han dado pie al incremento de un fenómeno de violencia criminal e institucionalizada que ha derivado en un verdadero éxodo en el país.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH) ha delineado en su informe “Desplazamiento Interno Forzado en México”, cómo este fenómeno ha causado que 310,527 personas abandonen sus hogares en los últimos ocho años debido a la presencia de grupos criminales, conflictos territoriales, religiosos o políticos.

Los desplazados pese a permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal y por tanto no tienen el régimen de protección que otorga el derecho internacional. “El gobierno en turno tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados; y tiene la obligación de garantizar todos sus derechos”, plantea la organización.

La CMDPDH explica que las familias han recurrido al desplazamiento interno como un recurso reactivo y preventivo ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

Hogar abandonado en una comunidad de la sierra de Durango debido a enfrentamientos registrados en octubre de 2015.Foto: Cuartoscuro.

La organización reporta que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo, en los cuales al menos 23,169 personas dejaron sus lugares de residencia situados en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

De estos episodios de desplazamiento forzado interno, 20 fueron producto de la violencia. Es decir, detalla el organismo civil, “en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia”.

Las mismas cifras indican que durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310,527 personas que tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

La Comisión menciona que debido a la ausencia de reconocimiento gubernamental y de políticas públicas de prevención y de atención integral, así como de soluciones duraderas para las víctimas de este fenómeno, la población obligada al desplazamiento interno forzado continúa en aumento.

La misma ausencia de instituciones y programas para atender el desplazamiento interno forzado contribuyen a que no exista certeza del número de retornos que ocurrieron en el año y de las condiciones de seguridad en las que tuvieron lugar. Sin embargo, la organización pudo identificar que de los 29 episodios de desplazamiento interno forzado registrados en el año 2016, existieron 5 eventos de retorno de la población.

Con respecto a los episodios de desplazamiento registrados el año pasado, la Comisión reporta en su informe que Michoacán fue el mayor expulsor de población con motivo de violencia, ya que al menos 10,000 personas fueron desplazadas por esta razón en el estado. Menciona que en la entidad se llevó a cabo un desplazamiento masivo de población “que no fue debidamente registrado por los medios de comunicación en los días 23 y 24 de mayo”. Sin embargo, menciona, de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana.

Elementos de la Marina implementan un operativo en junio de 2016 en los poblados de la Tuna, San José y La Palma pertenecientes al municipio de Badiraguato, todos ellos abandonados por sus pobladores a causa de la violencia. Foto: Cuartoscuro.

A nivel local, la comunidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato en el estado de Sinaloa, fue la que presentó un mayor número de eventos de desplazamiento. A lo largo de 2016, tres veces se registraron eventos de desplazamiento interno masivo en la localidad y en una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más del 96 por ciento de sus habitantes.

Con respecto a los desplazamientos atribuidos a otras formas de violencia o conflictividad, la Comisión detectó que en Chiapas se presentaron 2 eventos de desplazamiento masivo causados por violencia política, uno más por conflicto religioso y otro a causa de un conflicto territorial, los cuales fueron responsables del desplazamiento de 1117 personas.

En Zacatecas se presentó un evento de desplazamiento interno masivo que impactó a 67 personas, por causa de la actividad extractiva. En Hidalgo, en tanto, un conflicto territorial impactó en el desplazamiento de 74 personas. Jalisco a su vez presentó un evento de desplazamiento ligado a un conflicto religioso que impactó a 30 personas, mientras que en Oaxaca ocurrieron dos eventos de desplazamiento interno masivo consecuencia de violaciones de los derechos humanos cometidas hacia la población, que impactaron a 850 personas.