Un nivel de endeudamiento fuera de control es nocivo para una persona, una familia, una empresa o una región porque hipoteca su futuro.
El gobierno federal cuenta con políticas para lograr objetivos económicos: crecimiento de la economía, generación de empleo y disminución de la inflación.
Estas políticas son fiscales (impuestos y gasto público); monetarias (oferta de dinero y tasas de interés); comerciales (tarifas y aranceles) y políticas industriales (incentivos a la inversión y capacitación).
Históricamente, políticas como la fiscal, han sido implementadas por el gobierno federal a través de un acuerdo hecho ley. La Ley de Coordinación Fiscal de 1978, donde los estados firman para que la federación cobre impuestos y envíe participaciones dependiendo del número de habitantes de cada entidad y el tamaño de su economía.
Para que un país pueda aumentar el gasto público en la construcción de carreteras, alumbrado público, y programas educativos y sociales, debe aumentar impuestos. Cuando los ingresos por impuestos son menores que los egresos por gasto, se incurre en un déficit fiscal.
Los estados de forma acomodaticia, dejaron que la federación se encargara de cobrar los impuestos como el IVA para no incurrir en costos políticos. Sin embargo, descubrieron una forma de ejercer el gasto público sin aumentarlos: el endeudamiento.
Esta situación se ha acelerado en los últimos años en estados y municipios. Así tenemos casos aberrantes como Coahuila o Veracruz, donde la deuda se multiplicó 36 veces de 2000 a 2015.
Actualmente cada habitante del país debe 4,500 pesos por las deudas de los estados.
El problema con el endeudamiento es que es un tema poco discutido. Así, la deuda del gobierno federal pasó del 39% del PIB en 2005, al 54% en 2015. Un crecimiento de casi 40% en 10 años.
El endeudamiento se vuelve un conflicto cuando se empeñan las tasas de crecimiento futuro.
A raíz de los escándalos de corrupción, se establece la Ley de Disciplina Financiera como medida para controlar la deuda contratada por estados y municipios. Los estados más endeudados por habitante son: Quintana Roo ($14,946.00), Coahuila ($12,862.83), Nuevo León ($12,468.40), Chihuahua ($12,023.40) y Sonora ($7,992.27).
Con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Baja California aparece en el nada honroso octavo lugar de endeudamiento.
Lo que preocupa es la tendencia. En el 2000, la deuda del estado era de 1,775 millones de pesos. Para 2010 aumentó a 9,491 millones, es decir, un crecimiento del 434%. Para 2015, la deuda del estado alcanzó 18,169 millones, un crecimiento acumulado de 923% con respecto al año 2000.
Actualmente, el nivel de endeudamiento de cada bajacaliforniano es 22% superior al endeudamiento promedio nacional, el monto asciende a más de 5,500 pesos por habitante del estado. La pregunta es: ¿qué recibimos a cambio de ese nivel de endeudamiento?
Esperemos que la Ley de Disciplina Financiera tenga candados y que existan los contrapesos necesarios que impidan que Baja California se convierta en la próxima Coahuila, Sonora o Veracruz.
*El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y especialista en Desarrollo Regional.
