Amnistía Internacional (AI) denunció que gobiernos, como los de Egipto, Siria y México, emplean las desapariciones forzosas para acallar a grupos opositores o para perseguir a minorías étnicas por lo que pidió un compromiso a fin de erradicar esa práctica “atroz”.

El secretario general de la organización no gubernamental, Salil Shetty, dijo durante la presentación del informe divulgado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se “hace campaña sobre cientos de casos de desaparición forzada en todas las regiones del mundo”.

Amnistía dijo que actualmente siguen abiertos 44,159 casos en 91 Estados, registrados desde 1980, de acuerdo con los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el documento, se menciona cómo el “modus operandi” de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que jamás se les comunique a las familias su paradero y a menudo sufren torturas y viven con el temor constante a que las maten.

En el caso de México, el documento denuncia la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa cuando se dirigían a una protesta contra las reformas educativas del gobernador y fueron atracados por la policía y hombres armados en Iguala.

Casi dos años después, sólo se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos mientras que los 42 restantes continúan en paradero desconocido, recuerda la organización.

Ese caso, dijo Amnistía, es “emblemático” de una larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”.

Con respecto a Egipto, la organización lamentó que la desaparición forzada “se ha convertido en un instrumento clave de la política de Estado” a fin de intimidar a la oposición y acallar la protesta pacífica.

El informe refiere que cientos de ciudadanos, estudiantes, a veces menores de edad, y activistas políticos son secuestrados por la Agencia de Seguridad Nacional y recluidos en secreto, en condiciones crueles e inhumanas para forzar una confesión.

Amnistía denunció también la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas en Egipto y la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, dispuestas a mentir para ocultar sus rastros.

Desde el nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de 2015, se ha registrado un “notorio aumento” de esa práctica.

Otro de los países señalados por la organización es Siria, donde el número de desapariciones forzadas sigue en aumento y donde, especialmente en los dos últimos años, esa práctica “se ha utilizado de forma oportunista para realizar ajustes de cuentas u obtener beneficios económicos”.

De acuerdo con los datos de la ONU, en otros países como Camerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia Herzegovina o Serbia, se han documentado desde 1980 un total de 55,273 casos de desapariciones forzosas, de los que 44.159 siguen abiertos.

Amnistía también señaló que, según estos datos, los diez países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16,560), Sri Lanka (12,349), Argentina (3446), Argelia (3168), Guatemala (3154), Perú (3006), El Salvador (2673), Colombia (1260), Chile (907) y Filipinas (786).