La LXVII Legislatura terminará su periodo el próximo 15 noviembre dejando al Congreso cerca de romper dos récords nacionales: el del Congreso local más caro y el del más opaco.
El Informe Legislativo publicado hoy por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el portal Animal Político encontró que el Congreso de Aguascalientes es uno de los más caros y de los menos productivos y transparentes entre las legislaturas locales del país.
En lo que lleva en funciones, la actual legislatura ha sesionado, en promedio 29 veces al año. Es el que menos sesionó. Con ese score, cada diputado le cuesta a sus representados seis millones 375,703.07 pesos; a cada aguascalentense, el Poder Legislativo le significa 131.94 pesos, mientras que el promedio nacional es de 126.30 pesos por habitante. En estos indicadores está cerca de media tabla, pero por arriba de la media nacional.
A pesar del gasto, el Congreso de Aguascalientes apenas ha transparentado el 27 por ciento de los recursos que recibe para operación. No se conoce cuánto destina a estudios legislativos, a bienes muebles e inmuebles ni a algunos de los órganos que dependen de él. Tampoco transparenta el presupuesto trimestral a través de su página web.
Sus indicadores positivos son dos: es uno de los que menos días de aguinaldo da a cada diputado (35 días contra 40 en promedio nacional) y tiene una de las remuneraciones más bajas para los legisladores, que ganan 65,801.04 pesos.
En general, el IMCO hizo siete recomendaciones a las legislaturas locales:
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Cumplir lo que legislan. Publicar las obligaciones de transparencia y contabilidad gubernamental
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Elaborar y publicar un presupuesto de egresos con base en las normas y buenas prácticas de contabilidad gubernamental
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Regular la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los congresos (órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, etc.)
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Apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar un aumento desproporcionado del mismo
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Establecer en la ley de presupuesto del estado (o equivalente) la prohibición de aumentar en más de 3 por ciento el presupuesto del congreso del estado