ORIZABA, VER.— La mujer camina deprisa. Su afán por llegar a su destino se interrumpe cuando pasa frente a las rejas del DIF de la ciudad de Orizaba. Retrocede y detiene sus pasos frente a los dos carteles. Su mirada se fija en los números escritos con plumón negro. Es el conteo de votos que se depositaron en las casillas electorales que ayer se instalaron en este lugar. Sus ojos repasan una y otra vez las cifras. Su rostro no oculta la sorpresa. Cuando otra mujer se detiene a su lado, y mira lo mismo que ella ve, es que se atreve a soltar la frase. La dice en voz alta como para convencerse de que es verdad: “Perdió el PRI”.
Las dos mujeres se quedan mirando un rato los resultados de la votación para gobernador y diputados locales. No son las únicas. Durante buena parte del lunes, casi todos los que caminan sobre la calle Sur 7 se detienen frente a estas rejas. Muy pocos son indiferentes a la noticia con la que se despertó Orizaba, Veracruz y el país mismo: el PRI perdió las elecciones en uno de sus principales bastiones políticos, el estado donde nunca antes había sido derrotado en las urnas.
La tierra que gobernaron figuras icónicas del priismo —Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado, Patricio Chirinos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y actualmente Javier Duarte— conocerá la alternancia política.
Aunque será bajo la figura de un expriista, un político formado bajo el amparo de Elba Esther Gordillo: Miguel Ángel Yunes Linares, candidato que representó a la coalición formada por el PAN y el PRD y que, de acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), obtuvo 34.4 por ciento de los votos; seguido del su primo, Héctor Yunes, el candidato del PRI que consiguió 30.5 por ciento de los sufragios. El tercer candidato con más votos fue el representante de Morena, Cuitláhuac García, un ingeniero mecánico cuyo nombre, antes de las elecciones, era casi desconocido en Veracruz y el resto del país.
En las dos casillas que se instalaron en el DIF, y cuyos resultados miran con atención las dos mujeres, quien obtuvo más votos para gobernador fue García; en segundo lugar quedó Yunes Linares y en tercero el candidato del PRI. Ese fue el resultado en todas las casillas que se instalaron en el distrito 20 de Orizaba, ciudad en donde la gente votó para que “se vayan los corruptos”, “para que no queden los mismos de siempre”, “para que se termine la violencia”.
El domingo 5 de junio de 2016, en Veracruz, los ciudadanos marcaron su voto y lo depositaron en las urnas como si se tratara de conjuro en contra de los males que se instalaron en sus tierras.
En la región de Orizaba-Córdoba, donde las grandes montañas dominan el paisaje, los males se acrecentaron durante los últimos cinco años. La cotidianidad se transformó con el sonido de las balas, las imágenes de cuerpos sin vida que yacen en las calles, las llamadas de extorsión, los secuestros y las desapariciones.
El 7 de septiembre de 2012, a Fernanda Rubí un grupo armado la sacó por la fuerza de un bar. Desde entonces está desaparecida. Foto: Thelma Gómez Durán.
CONTRA LA SONRISA DE DUARTE
Muy cerca del lugar donde las dos mujeres se detienen a mirar los resultados de las votaciones me encuentro con Araceli Salcedo. Ella, como muchos de los veracruzanos, no se dejó intimidar por las señales amenazantes que tomaron fuerza durante los días previos al domingo de elección: mensajes que llegaron a los celulares advirtiendo que no salieron de sus casas porque “se iba a poner cabrón”; bombas molotov lanzadas a las sedes de partidos políticos o cabezas humanas dejadas frente a lugares donde se instalarían casillas.
El domingo 5 de junio, Araceli Salcedo votó. Ella, sobre todo, lo hizo recordando la sonrisa burlona e indiferente que recibió del gobernador Javier Duarte.
El 23 de octubre de 2015, en las escalinatas que llevan a la zona más turística de Orizaba, Araceli encaró a Duarte. El video que registró el momento se difundió a nivel nacional. La mujer de piel morena, cabello negro, estatura baja y ojos que no podían ocultar su enojo le gritaba a un gobernador que no dejaba de caminar y sonreír: “¡Párese! ¡Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada!”.
El 7 de septiembre de 2012, antes de las once de la noche, Fernanda Rubí Salcedo, hija de Araceli, fue sacada a la fuerza por un grupo armado del bar Buldog, donde había acudido para reunirse con un grupo de amigos. Acababa de cumplir 21 años.
Las autoridades aseguraron que a Fernanda Rubí “la había mandado levantar un cabrón, porque le gustaban muchachas así como ella”. “Cuando escuchas eso —dice Araceli— te enojas, te preguntas ¿dónde está la seguridad en el estado para que no pase eso?”.
En Orizaba, Araceli fue la primera en levantar la voz para denunciar la desaparición de su hija. Su reclamo fue una especie de llave que abrió una puerta que el miedo había mantenido cerrada. Los familiares de personas desaparecidas en Orizaba, Córdoba, El Fortín, Río Blanco, Ciudad Mendoza y otras zonas de la región comenzaron a hacerse visibles. Con ellos formó el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Veracruz.
Tan sólo de 2015 a la fecha, de acuerdo a datos oficiales, hay por lo menos 400 carpetas de investigación abiertas por desaparición en la región. La mayoría de las personas desaparecieron después de haber ser detenidos por la policía estatal o municipal.
Cuando se llevaron a Rubí, Orizaba ya había comenzado su violenta metamorfosis. “Antes era muy raro que te enteraras de un secuestro. Ahora, ya hasta por 20 000 pesos te secuestran”, comenta Oliver Coronado, miembro de un colectivo de músicos, escritores y poetas que decidieron hacer del arte un instrumento para sembrar la paz en su comunidad.
“Hace cinco años nos fuimos de Orizaba con toda mi familia; comenzamos a recibir llamadas de extorsión. Nos preguntábamos: ¿por qué a nosotros, si no tenemos dinero?”, cuenta un taxista que me pide no publicar su nombre, como muchos ciudadanos que se atreven a contar lo que viven, sólo si es bajo la protección del anonimato.
El taxista regresó a Orizaba hace un par de años, “porque no encontré trabajo donde andaba; allá se quedó parte de mi familia. Antes trabajaba el taxi de noche, pero desde que hay balaceras, sólo salgo de día”.
Araceli Salcedo denunció la desaparición de su hija donde pudo. Incluso fue con la Marina. “Nadie investigó nada”, lamenta. La información que tiene sobre su hija la ha conseguido por investigaciones que ella misma ha realizado. Hoy sabe que a Rubí se la llevaron los zetas, organización que ha hecho de la trata de personas, una más de sus actividades ilícitas. “El gobierno, la policía —dice sin titubear— es quien los cubre para que se puedan llevar a nuestros hijos”.
Desde que le desaparecieron a su hija, Araceli no para. Va de un lado a otro, presionando a los funcionarios para que hagan su trabajo, investigado una nueva pista, asistiendo a reuniones con otras organizaciones de familiares que impulsan la aprobación de la Ley General sobre Desaparición o tomando cursos para aprender cómo desenterrar huesos en una fosa clandestina.
Siempre va acompañada de tres hombres que la PGR designó para que garantizaran su seguridad. Porque desde que se atrevió a levantar la voz, Araceli ha recibido varias amenazas de muerte.
La noche del sábado 4 de junio, un día antes de las elecciones, Araceli llegó a la ciudad de Orizaba, después de estar un par de días en la Ciudad de México dando seguimiento a sus denuncias. No podía faltar a la cita marcada en su agenda. El domingo tenía que votar para que el PRI dejara de gobernar Veracruz. Para quitarle su sonrisa a Duarte.
Las grietas del autoritarismo
Amanda Ramos y Hugo Guzmán dirigen el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, organización que ha trabajado en la sierra de zongolica y hoy acompaña a las comunidades campesinas que se oponen a la construcción del periférico Orizaba-Córdoba que, dicen, literalmente está proyectado para “pasar por arriba de las tierras de cultivo”.
Un día antes de la elección, Amanda y Hugo no ocultan su escepticismo sobre el proceso electoral. No creen que el PRI pierda las elecciones. No dudan de que los ciudadanos están cansados y muy enojados por los escándalos de corrupción del gobierno de Javier Duarte, por las grandes deudas del estado (2 500 millones de dólares) y por la inseguridad, pero también no olvidan que viven en una entidad en donde el PRI echó raíces tan profundas que no se cortarán de un solo tajo.
“Por su larga historia de priismo —explica el investigador de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez—, Veracruz tiene un sistema político autoritario, anclado, sobre todo en las organizaciones corporativas del magisterio, de los petroleros, de los cañeros, de los cafetaleros y muchos otros sectores”.
La mañana del lunes, cuando los datos del PREP se inclinan a favor del candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, Amanda y Hugo tampoco están muy entusiasmados.
“En el ánimo de la gente —dice Amanda— si hay una especie de respiro en la población, porque perdió el PRI. Un respiro porque se siente que se rompió algo del autoritarismo y de los mecanismos de control. Eso es positivo. Pero no creo que veamos cambios estructurales que permitan combatir las violaciones a los derechos humanos, como la desapariciones o el despojo del territorio, que se han incrementado en los últimos años”.
Hugo apela a la memoria para no caer en el entusiasmo: “Miguel Ángel Yunes se formó en el priismo. Y cuando Vicente Fox ganó la presidencia había grandes expectativas, pero ¿en qué terminaron?”.
En México, recuerda el investigador Aguilar, la alternancia política no es garantía de una reforma profunda en el Estado.
De ser ratificado su triunfo por las autoridades electorales, el mandato de Miguel Ángel Yunes al frente de Veracruz sólo será de dos años, debido a las reformas que impulsó Javier Duarte para empatar la elección del estado con el proceso federal.
Esos dos años, considera Aguilar, podrían convertirse en una larga campaña electoral con miras a las elecciones estatales y federales del 2018.
Más que colocar las expectativas en el próximo gobernador, Aguilar voltea hacia el congreso local. Las elecciones del domingo 5 de junio permitieron que, por primera vez, no se tuviera un congreso estatal dominado por el PRI ni por ningún otro partido.
Para este investigador, que se ha especializado en estudiar la acción colectiva y el sistema político veracruzano, estas elecciones mostraron que “hay grietas en el sistema político autoritario del estado. Ese muro de autoritarismo aún no está derrumbado, pero hay grietas”.
Esas fracturas, explica, fueron provocadas por varios sectores que en los últimos años fueron muy golpeados con la represión que caracterizó al gobierno de Duarte, pero también por las reformas impulsadas por el gobierno federal.
Los maestros que, por ejemplo, en Veracruz se habían caracterizado por apoyar al PRI han sido golpeados con la reforma educativa, “que es más una reforma laboral” y, además, fueron reprimidos en el estado. En el sur de la entidad, la reforma energética ha dejado al sector petrolero sin empleo. En las zonas rurales se incrementaron los megaproyectos hidráulicos o mineros que han generado mucho descontento. Se dejó sin recursos al Instituto de Pensiones del Estado y la crisis financiera de la Universidad Veracruzana explotó.
“Hay un miedo generalizado en todos los sectores, por el autoritarismo y represión que caracteriza al estado —señala Aguilar—, pero ese miedo se ha revertido, sobre todo entre los sectores más golpeados, entre ellos los familiares de las víctimas de la violencia. Hay un espíritu de resistencia en muchos sectores. Y eso no se veía en el estado”.
Resistencias aquí y allá
Alejandro Gallardo, de 37 años y habitante de Jalcomulco, una comunidad localizada en la cuenca del río Antigua, a unos 45 minutos de Xalapa, es uno de los tantos rostros de esa resistencia que crece en Veracruz. Él forma parte del Colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres.
El lunes, mientras Miguel Ángel Yunes escribía en Twitter “Hicimos historia, ganamos las elecciones”, Gallardo se preparaba para cumplir con su guardia en el campamento que gente de su comunidad tiene instalado, desde hace dos años cuatro meses, en el lugar donde los gobiernos federal, estatal y la empresa brasileña Odebrecht planean construir una hidroeléctrica.
En 2013, sin que ninguna autoridad los consultara, llegaron las primeras máquinas para realizar sondeos, perforaciones y estudios. Las comunidades se organizaron, buscaron información sobre el proyecto y se enteraron que la hidroeléctrica que se planea levantar en Jalcomulco es una de las 120 proyectadas en Veracruz.
Los habitantes de los poblados asentados a lo largo del río antigua —y para quienes este afluente les permite vivir de la pesca y el turismo— comenzaron su lucha legal para detener el proyecto. También quisieron exponer sus argumentos al gobierno de Duarte, pero nunca los recibió. Sólo miraron como en sus comunidades crecía la militarización y la presencia de la policía estatal.
“Todo lo que ha pasado en el estado nos hace sentir vulnerables”, confiesa Gallardo. Aún así, dice, no cesarán en su lucha por defender el río y sus comunidades. Sus palabras reflejan el sentir de muchos veracruzanos: “Nos han quitado tantas cosas, que hasta el miedo nos quitaron”.
Las hidroeléctricas no son los únicos megaproyectos que tomaron fuerza en los últimos años en Veracruz. El estado también aparece en los mapas donde el gobierno federal tiene planes para realizar explotación de hidrocarburos, utilizando técnicas como el fracking. Varios de esos proyectos se ubican en el sur de la entidad, en la Sierra de Santa Marta, en la región de los Tuxtlas, zona habitada por indígenas nahuas y zoque-popoluca.
En varias de esas comunidades, la alternancia política que vivirá Veracruz tiene poco significado. Por lo menos así es para Julio Pascual, Adán Darío Canseco y Ramón García, abogados que trabajan en la zona en la defensa de los derechos humanos.
“Estamos en un contexto político amafiado, en donde nada más se cambia de sujeto, pero ya está marcado el camino a dónde quieren ir. Y ese no es el camino que quieren los pueblos indígenas”, dice Julio.
“Que los candidatos se identifiquen de un partido o de otro, no significa que sean diferentes… Los políticos se lavan las manos diciendo que es el crimen organizado el responsable de lo que pasa, cuando ellos son los responsables”, comenta Ramón.
“No podemos esperar de estos gobiernos más que despojo. Nosotros, como indígenas, por eso estamos buscando otras alternativas”, lo secunda Adán.
Ni Adán ni Julio, mucho menos Ramón, votaron este 5 de junio. Tampoco lo hizo Edith Escalón, estudiante de la Universidad Veracruzana e integrante del colectivo Defensoría Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales (Deside).
Quienes forman este colectivo comenzaron a organizarse en 2014. Aunque la llama de su indignación se prendió mucho antes, sobre todo con el asesinato de la periodista Regina Martínez (la organización Artículo 19 ha documentado que durante el gobierno de Duarte han asesinado a 17 periodistas en el estado); pero un momento que hizo más grande su enojo fue justo hace un año.
El 5 de junio de 2015, un grupo de hombres encapuchados entró al cuarto que rentaban estudiantes de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa. Los ocho jóvenes que celebraban un cumpleaños fueron golpeados sin piedad.
Deside fue uno de los colectivos que acompañó a los jóvenes en su defensa legal; un proceso que ha sido lento y tortuoso para ellos y sus abogados.
Para Edith estas elecciones sólo fueron una simulación: “Los que unos ven y celebran como ‘cambio’ de gobierno, yo lo leo como una ‘continuidad’… Todos le apuestan a olvidar el pasado, pero en materia de violaciones a derechos humanos, Miguel Ángel Yunes tiene un largo historial, sobre todo durante el periodo en que fue secretario de gobierno (1992-1997) con el gobernador Patricio Chirinos”.
Sorpresa y escepticismo: La mañana siguiente a la jornada electoral, los veracruzanos despertaron con resultados jamás pensados, el PRI había sido derrotado. Foto: Thelma Gómez Durán.
Ya ganó, ahora que cumpla
El lunes 6 de junio, Araceli Salcedo recibió la llamada de una madre que también busca a su hija. Tres días antes, Jessica Martínez, de 19 años, salió de su casa y hasta ahora su familia no sabe de ella. Araceli, que ya conoce el espinoso camino que se sigue para buscar a un desaparecido en México, le aconseja a la madre qué hacer.
Horas más tarde, cuando Araceli tiene tiempo para enterarse de los resultados de las elecciones, busca entre sus archivos la carpeta que hace unos meses el entonces candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes, le entregó.
“Durante las campañas —recuerda Araceli—, el único candidato que nos buscó fue Yunes Linares. Nos reunimos con él varios colectivos de familiares de personas desaparecidas”.
Durante esa reunión —que se realizó bajo la condición de los familiares, de que la reunión no se divulgara en la prensa—, Yunes les entregó una carpeta engargolada en donde enumeró sus propuestas “en materia de desaparición forzada”.
A unos pasos de las escaleras en donde hace ocho meses, Araceli encaró a Javier Duarte, leo las ocho promesas contenidas en las diez páginas que integran la carpeta, entre ellas crear una unidad especializada en el tema de desaparecidos, un centro de capacitación para funcionarios y un Consejo Estatal Ciudadano, integrado por familiares y que tenga entre sus funciones realizar recomendaciones para la búsqueda.
También se propone implementar un sistema “avanzado” de búsqueda, el cual incluya la creación de un registro estatal; integrar a los programas sociales (becas, servicios médicos) a los familiares de desaparecidos; establecer programas de protección a los familiares e impulsar acciones legislativas como la de expedir el reglamento de la Ley Estatal de Víctimas.
Araceli hace tiempo perdió la confianza en las autoridades, pero ella no quiere desperdiciar ninguna oportunidad que se le presente para poder encontrar a su hija o a otros desaparecidos. Por eso, el mismo lunes tomó el teléfono y llamó a uno de los asesores de Yunes Linares, para recordarle al futuro gobernador los compromisos que hizo con los colectivos de personas desaparecidas.
Ella desde su trinchera, seguirá presionando “a quien tenga que presionar” para que busquen a los desaparecidos. Por lo pronto, ya se prepara para la segunda búsqueda de fosas clandestinas que, junto con otros colectivos del país, se realizará en Veracruz las próximas semanas.
En la primera búsqueda, gracias a denuncias anónimas identificaron varias fosas en San Rafael Calera, donde se han encontrado cerca de 7 000 restos óseos.
“Veracruz es una gran fosa”, me dice. “Nosotros no tendríamos que estar buscando, pero si no visibilizamos este problema nadie lo va a hacer, nada va a cambiar. Nos generaron miedo, temor y nosotros se los compramos. Ese miedo permitió que todo esto creciera y creciera. Se apoderaron de todos nuestros miedos. Nos desaparecieron a nuestros hijos, nos destrozaron la vida. ¿Ahora, qué miedo podemos tener?”.