Las tres sillas vacías en medio de la sala lo decían
todo.

En
cada una, el nombre de cada funcionario del alto nivel del gobierno mexicano
encargado de velar por los derechos humanos en el país: Eber Omar Betanzos
Torres, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

Los tres habían sido invitados por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la presentación el
pasado 24 de abril de su informe final sobre la desaparición forzada de 43
estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Era no sólo la última oportunidad de escuchar públicamente
al grupo, a quien el gobierno mexicano ha negado extender su investigación,
sino también su oportunidad de dar la cara y asumir la obligación del Estado
frente a las familias de los jóvenes, y la sociedad en general. .

La ausencia de representantes del Estado en la
presentación del informe es la terrible ilustración de la actitud que el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en relación al caso
Ayotzinapa y a los de las más de 27 000 personas desaparecidas en todo el país.

Y no es la única.

El catálogo de fallas que el grupo ha documentado en
cuanto a la investigación oficial de los hechos deja en claro que el gobierno
mexicano no sólo no está interesado en saber qué pasó con los jóvenes sino que
está haciendo todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz.

La obstaculización de los esfuerzos de contribuir con
la investigación y la búsqueda de la verdad del grupo de expertos, el uso de
declaraciones contradictorias posiblemente obtenidas bajo tortura, la interpretación
irracional de la evidencia científica disponible y la deliberada manipulación u
ocultamiento de evidencia apuntan a una estrategia gubernamental para esconder
la verdad y cerrar un caso políticamente incómodo para la administración del
presidente Enrique Peña Nieto.

Desde la publicación del primer informe del GIEI en septiembre de 2015 se dio a conocer que la investigación adelantada por la
Procuraduría General de la República (PGR) era deficiente y que su teoría, conocida
como la “Verdad Histórica”, de lo que pudo ocurrir a los estudiantes se
sustentaba principal y problemáticamente en confesiones de supuestos miembros
de la delincuencia organizada. El grupo de expertos ha señalado que dichas
declaraciones podrían haberse obtenido bajo tortura, como ya organizaciones de
la sociedad civil habían denunciado.

El gobierno del presidente Peña Nieto sigue tergiversando
los hechos e ignorando la evidencia para aferrarse a su teoría de que los
estudiantes (o algunos de ellos) fueron asesinados e incinerados en un basurero
en Cocula, pese a la existencia de dos peritajes independientes que indican que
ese hecho no pudo haber ocurrido en las condiciones en que la PGR ha presentado,
y esto en base a evidencia científica sólida.

El grupo de expertos señaló que su trabajo fue
obstaculizado y que no pudo acceder a toda la información necesaria, ni se
llevaron a cabo todas las acciones de investigación que requirieron.

Aun así, este grupo pudo determinar, entre otras cosas,
que en los hechos participaron elementos de la policía de otros municipios, que
los estudiantes fueron vigilados por autoridades locales y federales desde su
salida de Chilpancingo y su ingreso a la ciudad de Iguala y que sus movimientos
fueron reportados, así como que el ejército mexicano supo en tiempo real del
ataque a los estudiantes y no hizo nada para auxiliarles.

El GIEI terminará su labor en México el próximo 30 de
abril, ya que el gobierno mexicano, incluido el presidente Enrique Peña Nieto,
se negó a admitir una nueva extensión del mandato del grupo, pese a las
peticiones de las familias de los estudiantes, de las organizaciones de
derechos humanos que las representan y de la propia Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Este desdén por la supervisión técnica internacional
no es casual, es la expresión de la nueva política exterior de México de seguir
pregonando la supuesta apertura del Estado, mientras en los hechos obstaculiza
o impide las labores de supervisión de varios mecanismos internacionales,.

La cerrazón del Estado a la asistencia técnica
internacional, y la total intolerancia ante críticas constructivas, muestra que
su intención no ha sido la de encontrar la verdad y proveer justicia para las
familias, sino de gestionar una crisis mediática. Los derechos de las víctimas
y sus familias no parecen ser el centro de la estrategia del Estado, lo que se
muestra en la forma en que el gobierno juega políticamente con el caso e ignora
su obligación de investigar auténticamente lo sucedido.

Es imprescindible que el gobierno mexicano implemente
adecuadamente todas las recomendaciones del GIEI debido a que las mismas
contribuirían no sólo a la búsqueda de verdad, justicia y reparación en este
caso, sino a mejorar el desempeño de las instituciones de cara a la crisis de desapariciones
en el país.

Si quiere demostrar algún nivel de voluntad política
para atender este caso, el Estado mexicano debe aceptar el mecanismo de
seguimiento de recomendaciones que establezca la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y colaborar transparentemente con el mismo; así como, permitir el
monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas de las organizaciones de la
sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos humanos en el país,
reconociendo en todo momento su importante labor y garantizando su seguridad y
protección.

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La autora es Directora para las Américas de Amnistía
Internacional.