Cuando
piensa en las filtraciones de documentos confidenciales de la firma legal
panameña Mossack Fonseca, la primera frase que viene a la cabeza de Salvador
Mejía, socio director de la consultora Asimetrics, conformada por especialistas
en prevención de lavado de dinero, es: “the
shit hit the fan”.
Al escuchar las palabras “Panama Papers”, la investigación
publicada por una coalición internacional de más de 100 medios, basada en 11.5
millones de documentos y que detalla cómo los políticos, empresarios y
personajes del entretenimiento (varios de ellos mexicanos) utilizan bancos y empresas
fachadas en paraísos fiscales para ocultar sus activos, Mejía pide disculpas
por la expresión, “pero sí: the shit hit
the fan”, repite. “Y obviamente empezó a salpicar”, agrega.
El exsubadministrador en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal -encargada de investigar la totalidad de los casos de evasión de impuestos en el país- del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aclara: “Que tu dinero se
encuentre en un banco en el extranjero o tu compañía esté domiciliada en un
país diferente a donde está tu fuente de riqueza, no son delitos por sí mismos.
“Dejar de pagar
impuestos —complementa—, sí lo es. Primero, hay que ver cuál es la situación
fiscal de todas y cada una de las personas mencionadas en este escándalo
monumental. Si le apostamos a la lógica, no sería difícil llegar a la conclusión
de que varios que optaron por esta estrategia fiscal se verán en aprietos”.
La opinión de Jorge
Alberto Lara Rivera, exsubprocurador de Jurídico y de Asuntos Internacionales
de la PGR y especialista en prevención de lavado de dinero, es similar en ese
sentido: “No hay que ser ingenuos, estas estructuras corporativas se utilizan
muchas veces para abatir las cargas fiscales. Hay que ver si las maniobras son
lícitas”.
El simple acto, indica, “de
buscar amparo en otras jurisdicciones con menores umbrales para los temas
fiscales y identificación de recursos, debe llamar la atención a las
autoridades, y sobre todo por las cantidades que se mencionan. Si se acredita
que las operaciones tuvieron como finalidad la defraudación fiscal, los montos
ya hablarían de la gravedad del delito y la sanción”.
—El procedimiento legal para enviar recursos a otro lugar es
complejo —le comento al director de Asimetrics.
—Atender, antes que
nada, a lo que dicen todos los tratados para evitar la doble tributación y
combatir la evasión fiscal, y México en concreto tiene firmada una gran
cantidad con muchos países. Uno puede hacer valer sus derechos con una
estrategia fiscal, pero si dejas de pagar impuestos y evades la responsabilidad
de señalarte como el beneficiario real de una cuenta o bien, estarás violando
el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la
famosa ley contra el lavado de dinero de México. Entonces, sí tendrás un grave problema
con las autoridades.
CASO
GRAVE
Ya
es llamada la mayor filtración periodística de la historia, en la que
participa el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por
sus siglas en inglés) e involucra a 140 políticos y funcionarios del mundo. Los
nombres de varios mexicanos están incluidos en la lista.
Destaca
el de Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, empresa beneficiada con
contratos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y constructora
de una mansión de 7 millones de dólares para él y su familia. Él ocultó
100 millones de dólares en paraísos fiscales.
También se menciona a
Ramiro García Cantú, empresario; socios de Oceanografía; Omar Yunes Márquez, hijo
del candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares;
Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca; Alfonso de Angoitia, vicepresidente
ejecutivo de Televisa; Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y al narcotraficante
Rafael Caro Quintero, entre otros.
El exsubadministrador del SAT,
Salvador Mejía, cuestiona: “¿Qué ventilamos con toneladas de información que ahora
están en proceso de análisis? El futbolista Lionel Messi ya amenazó con
demandar a los medios. Hay varios implicados de altísimo nivel: el dueño de
Higa, candidatos a puestos de gobernador”.
El especialista se detiene
en el caso de Salinas Pliego: “Según la información, hace uso de este mecanismo
para comprar yates y obra de artes. Con esto estaría evadiendo la responsabilidad,
contenida en el artículo 17 de la ley antilavado, de identificar qué compra”. Y prosigue: “Su caso es grave —analiza‚ no sólo porque es uno de los hombres más ricos de México: como parte de su
grupo, tiene un banco obligado a dar cumplimiento a diversas disposiciones en
materia de lavado de dinero”.
Por su parte, Lara
Rivera, el exsubprocurador de la PGR, comenta el caso del dueño del Grupo Higa.
De acuerdo con la información, el empresario “donó” millones de dólares a su
mamá y suegra y los recuperó a través de un sistema de “restructuración
patrimonial”.
“Lo que procede —indica— es ver a título de qué hizo esas donaciones, muy cuantiosas. Hay que ver si
ellas son empresarias o personas físicas amas de casa. Para cualquier
investigador, lo segundo significaría no un elemento de suspicacia pero sí para
recabar más información: no es común que una madre de casa sea la receptora o
presidente del consejo de una empresa o un fideicomiso de naturaleza inminentemente
empresarial”.
LA
MADRE DE LAS FILTRACIONES
Este
lunes, un día después de que se dio a conocer la investigación mundial, el
titular del SAT, Aristóteles Núñez, informó que se empezaría a revisar la
información de los mexicanos involucrados.
Edson Uribe Guerrero,
subprocurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon), indica que el SAT es la única dependencia que puede concluir si los
involucrados incurrieron en el delito de evasión fiscal. “Es necesaria una
investigación profunda, caso por caso, y es ahí donde entraría la Prodecon:
estaríamos presentes en las auditorías personales específicas de los personajes”,
expone.
“El escándalo es tan
grande y hay tantas personas involucradas –indica Salvador Mejía– que nos vimos
obligados en cada país a tratar a los nacionales involucrados. Si las
autoridades mexicanas no se suben al banco y comienzan una investigación, van a
correr el riesgo de que una autoridad extranjera presente cargos en contra de
algún empresario del país por posibles delitos de defraudación fiscal, lavado
de dinero, de corrupción y más a las que se acumulen”.
Lara Rivera menciona: “Que
sean varios casos incrementa el grado de dificultad para entender qué pasó. Si se
demuestre una falta de justificación, estaríamos ante uno de los grandes casos
de corrupción y lavado de dinero del que se tenga noticias en la historia”.
Es responsabilidad del
SAT, retoma Mejía, “investigar a Grupo Higa, a Salinas, a Alfonso Angoitia y
una gran cantidad de personalidades que tienen empresas domiciliadas en este
paraíso fiscal. ¿Qué hará? Esa es la gran pregunta. Salvo declaraciones, no veo
a una sola entidad en México, la Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, áreas
antilavado de dinero de la PGR, lanzando una búsqueda exhaustiva de cada una de
las empresas y personas mexicanas dentro de la lista.
“La idea ‘follow the money’ —finaliza— tiene que ser
reevaluada y reentendida. Estamos ante la madre de todas las filtraciones: hay
revelaciones de México, el resto de América Latina y Europa, y esto nos va a
llevar a la madre de todas las investigaciones anticorrupción”.