Castro Soto acusó que “el gobierno sigue preparando sus argucias para presentar ante la opinión pública que el asesinato de Berta se debió a conflictos internos, cuando hay demandas contra quienes la habían querido asesinar, vinculando a la empresa hidroeléctrica protegida por el Estado”.

Con el argumento de que tenía que rendir declaraciones en el tribunal de Intibucá, el mexicano fue retenido por autoridades migratorias hondureñas la mañana del sábado cuando pretendía regresar a su país.

Castro Soto afirmó en su carta que ya había ido “al juzgado a declarar como testigo protegido, vestido con una túnica negra hasta los talones y con una capucha negra” y confesó sentir temor porque “los sicarios ya saben que no morí y seguro estarán dispuestos a cumplir con su tarea”, aunque el consulado mexicano acudió de inmediato a su auxilio.

Alegó que las amenazas son “cosa que el gobierno hondureño no quiere ver intentando todavía hasta el día de hoy retenerme para controlar la información de mis declaraciones” y afirmó que fue una familia solidaria que le dio atención médica por las heridas.

En su carta Castro Soto sostuvo que policías investigadores “llegaron para que viera fotos y videos e identificar a los asesinos (…) pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del Copinh” para que señale quién de ellos había sido el asesino, expuso.

“Pero no me han mostrado las caras de los dueños de la empresas o sus sicarios”, denunció.

“Los sicarios que han asesinado a Berta y que intentaron asesinarme siguen en la impunidad, mientras el gobierno pretende socavar la memoria de Berta y el honor y la lucha magnifica que el Copinh ha hecho por tantos años en la defensa de la vida, los territorios y de los derechos humanos”, agregó en su mensaje que fue escrito el sábado, día del sepelio del cuerpo de la ambientalista.