Scott Slater tiene un plan.
No es un plan popular, pero quiere bombear 814 mil millones de galones de agua
del subsuelo del desierto de Mojave a Los Ángeles y otras comunidades del sur
de California abrumadas por la sequía, y a cambio obtendrá más de dos mil
millones de dólares.
“Sí, es mucho dinero”, dice
Slater, director ejecutivo de 57 años de Cadiz Inc., parado frente a un modelo
a escala del proyecto en el recibidor del la oficina de su compañía en el piso
28 –y último- de un edificio del centro de Los Ángeles. “Vale lo que esté
dispuesta a pagar la comunidad que necesita el agua para satisfacer sus
necesidades”.
Cadiz tiene los derechos de
agua de 18,210 hectáreas de tierra junto a la ruta 66, a unos 120 kilómetros al
noreste de Palm Springs. Los derechos fueron adquiridos por el fundador de la
empresa, Keith Brackpool, empresario británico de carreras de caballos que
llegó a Estados Unidos después de confesar que había violado las leyes de
divulgación financiera en el Reino Unido, en la década de 1980.
Los mayores inversionistas de
la compañía, algunos de los cuales han estado esperando a que el agua de Cadiz
fluya a L.A. desde hace más de una década, incluyen al fondo de riesgo
neoyorquino Water Asset Management, y al londinense Odey Asset Management,
propiedad de Crispin Odey.
Slater ya consiguió contratos
para vender agua por 960 dólares por acre-pie (cantidad de agua necesaria para
cubrir un acre de tierra con un pie de agua). Eso equivale a 2.4 mil millones
de dólares a lo largo de los 50 años del convenio de extracción de agua que la
compañía tiene con el Condado de San Bernardino. Sin embargo, el problema es
convencer a políticos, reguladores y público de que bombear agua 320 kilómetros
desde el acuífero del desierto hasta L.A. es una buena idea.
“La gente mira este
desarrollo como una iniciativa del sector privado y responde de una manera muy
visceral y negativa”, informa Slater.
El precio del agua ha estado
subiendo continuamente en California, igual que la demanda de la creciente
población, y mientras tanto, el estado sigue padeciendo cuatro años de sequía
grave. Slater dice que el agua vale hasta 2,200 dólares acre-pie en San Diego,
donde la escasez es mayor. Hace una década, el precio era inferior a 100
dólares, informa.
La sequía es una buena
noticia para Slater y Cadiz. “En condiciones de carestía, toda el agua, toda el
agua que sea confiable, se vuelve más valiosa”, dice Slater. El precio de las
acciones de la empresa escala cada vez que se declara una emergencia por
sequías, pero las acciones han perdido más de 80 por ciento de su valor desde
2007 debido a repetidos reveses de regulación que han entorpecido los esfuerzos
de Cadiz para explotar el acuífero de Mojave.
En la última ocasión, la
Oficina de Gestión de Tierras de Estados Unidos (BLM) dictaminó que la compañía
no podía tender una tubería junto a una línea de ferrocarril existente para
transportar agua al acueducto del río Colorado y de allí, a las ciudades de la
costa californiana. Eso significa que Cadiz tendrá que pedir la autorización
federal para la tubería, lo cual precipitará una prolongada y costosa revisión
sobre el impacto ambiental.
Slater, quien fuera jurista
especializado en derechos de agua durante 30 años, hasta que tomó el cargo de
CEO de Cadiz, en 2013, no renunciará a la tubería vecina al ferrocarril sin dar
pelea. Acusa a BLM de malinterpretar la ley ferroviaria del siglo XIX y dice: “Si no podemos hacer que cumplan la
ley, haremos lo que haga falta y buscaremos soluciones administrativas y
judiciales”.
Explica que la logística del
proyecto es bastante simple, y que la compañía podría empezar a bombear
suficiente agua en 2017 para abastecer a 400 000. “Sé que funcionará”, asegura,
vestido con camisa Burberry morada, abierta en el cuello y pantalones vaqueros.
Cadiz tiene muchos enemigos
–ambientalistas, rancheros locales, proteccionistas y tribus nativas
americanas-, pero ninguno es más feroz que la senadora Dianne Feinstein.
“Me preocupa que el proyecto
de Cadiz pueda dañar irreparablemente el desierto de Mojave, y creo que la
decisión de BLM de negarles el derecho de paso, es correcta”, dijo la demócrata
veterana, quien ayudó a crear la reserva nacional Mojave, en 1994, y opina que
el proyecto de Cadiz podría ponerla en peligro. “En resumen, lo que necesitamos
ahora es usar el agua con más responsabilidad, no menos”.
David Lamfrom, director del
programa de desierto y vida salvaje de la Asociación para la Conservación de
Parques Nacionales, dijo que “un examen detallado de la propuesta de Cadiz Inc.
volverá a demostrar que es insostenible y que dañará nuestros parques
nacionales desérticos, nuestras comunidades, negocios y vida salvaje”.
Slater aseguró que su plan es
ambientalmente “benigno” y conservará agua que, en este momento, se pierde del
acuífero por evaporación en lagos secos. Advierte que, de lo contrario, los
50,000 acres-pie de agua anuales que podría extraer la compañía “se evaporarán,
lo que es un desperdicio mucho peor que dejar que la gente beba”.
“Nada del agua que vamos a
sacar cayó en el suelo en los últimos 100 años. Es agua milenaria. Tarda siglos,
desde que cae en el extremo superior de nuestra cuenca y luego migra hacia
abajo, hasta donde estamos”, dice.
“La hipótesis de proyecto es
construir un campo de pozos aquí”, prosigue, indicando un punto en el modelo a
escala. “E interceptar el agua conforme baja de la colina antes que se vuelva
hipersalina y se evapore. Nuestros pozos reemplazan al proceso de evaporación
natural, que devuelve el agua a la atmósfera y la desperdicia”.
Además de las inquietudes
ambientales, otros objetan que una compañía privada pretenda ganar miles de
millones de dólares con el agua. Slater argumenta que no entienden la ley, la
cual, en California, establece que ninguna entidad es propietaria del agua,
pero puede comprar, vender y negociar el derecho de usarla.
“Hay gente que cree que el
agua es un derecho humano y confunde la privatización con el derecho de obtener
agua bajo condiciones económicas”, dice Slater.
“Estamos en Estados Unidos y
aquí existe la propiedad privada. No es un país comunista. Somos dueños de la
tierra y el uso de la tierra es un atributo del derecho de propiedad”,
prosigue. “La comida no se queda en la tierra donde fue cultivada. Compartimos
nuestra comida, compartimos nuestra energía, compartimos nuestro petróleo y
gas. Podemos vender la tierra a quien sea. ¿Por qué voy a tratar el agua de una
manera distinta?”.
“El uso del agua es una
propiedad. Nadie puede llamar a Dios y decirle: ‘Haz que llueva’. El agua se
vende como un derecho, igual que vendes una casa”.
