El
mercado del “oro negro” se está comportando acorde a las leyes de oferta y
demanda, en vez de un cártel conformado por gobiernos y empresas, como lo había
hecho las últimas décadas. Los principales países productores, como Arabia
Saudita, se niegan a cumplir con las acciones de la OPEP para controlar el
precio del barril. Ahora, cada nación actúa por su propio interés, provocando
una saturación del mercado para compensar las ya de por si reducidas ganancias.
Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (IEA) señala que aún en los
países emergentes, la cantidad de petróleo consumida por unidad de rendimiento
económico está disminuyendo. En particular, el caso de la desaceleración China
ha tenido efectos importantes en la demanda.
El precio del crudo también tiene consecuencias
en el ámbito político, sobre todo para países cuyas finanzas públicas dependen
de las exportaciones del hidrocarburo. En conjunto con una gran variedad de factores,
la fragilidad del mercado petrolero ha generado cambios políticos importantes
en América Latina.
Venezuela es el ejemplo más claro. El
pasado 6 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro sufrió un duro golpe
cuando la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo 109 de los 167 curules de
la Asamblea Nacional. Bajas exportaciones, poca producción, exceso de reservas y
falta de inversión de la paraestatal PDVSA han provocado fuertes estragos en la
economía venezolana. Esto, en cambio, provocó un giro dramático en la vida
política del país inducido por el descontento ciudadano.
Otro caso destacado es el proceso de
destitución (impeachment) de Dilma Rousseff. Brasil enfrenta una severa crisis
tanto económica como política, en gran parte por las pérdidas que ha sufrido
Petrobras, pero sobre todo por los continuos escándalos de corrupción que
acechan a la estatal y que involucran a los niveles más altos de gobierno,
tales como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
En México, el precio del dólar es
una preocupación mucho mayor para las autoridades. Las reformas han asegurado,
en parte, la despetrolización de las finanzas públicas. El próximo 15 de
diciembre, se llevará a cabo la tercera fase de la llamada Ronda Uno, en la que
se otorgarán 26 contratos de licencia para proyectos de extracción en estados
como Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Entre todos, tienen
el potencial de producir 2,500 millones de barriles de petróleo.
Un agente debe ser considerado: las
nuevas tecnologías. México está compitiendo tanto con el Medio Oriente como con
el frackingen Estados Unidos. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido una serie de coberturas,
asegurando así más de 200 millones de barriles a manera de protección del
desplome del valor de la mezcla nacional. Sin embargo, esto no ha sido
suficiente para reducir el porcentaje de ingresos fiscales provenientes del
carburante. El gobierno le apostó todo a la reforma energética. La situación
global podría poner en juego sus resultados.