En un caso relacionado con un mandato judicial federal contra la Alianza Marin a favor de la Mariguana para Usos Médicos, el juez de distrito Charles Breyer dijo que el hecho de hacer cumplir tales órdenes judiciales viola una recomendación que dice que el Departamento de Justicia no puede utilizar el dinero asignado para “impedir” que los estados “implementen” leyes que permitan el uso médico de la mariguana.
El Departamento de Justicia sostiene que la recomendación, que fue incluida en el proyecto amplio de la ley de gastos que el Congreso aprobó en diciembre pasado, afecta solamente las impugnaciones directas a las leyes estatales. Breyer no está de acuerdo y afirma que “el hecho de que el gobierno argumente que no impide que California implemente sus leyes relacionadas con la mariguana médica al cerrar estos… altamente regulados dispensarios en los que se vende la mariguana para usos médicos es un desafío a la terminología y a la lógica”.
Breyer señala que los patrocinadores de la enmienda relacionada con la mariguana para usos médicos, los representantes Dana Rohrabacher (republicano de California) y Sam Farr (demócrata de California), se han quejado de que el Departamento de Justicia ha malinterpretado sus instrucciones.
En una carta enviada el 30 de julio, Rohrabacher y Farr pidieron al Inspector General del Departamento de Justicia Michael Horowitz que investigara el continuo acoso federal a los distribuidores de mariguana para usos médicos como violaciones de la ley anti-deficiencia, que convierte en un crimen el gasto de dinero federal en formas no autorizadas por el Congreso.
Explicaron que “nosotros, los autores de la terminología, y nuestros muchos colegas, entre ellos, quienes se opusieron a la enmienda, establecieron repetidamente en el expediente que el propósito y la terminología de la previsión era impedir que el departamento justicia pudiera interactuar con cualquiera que hiciera negocios de manera legítima en relación con la mariguana medicinal de acuerdo con la ley estatal.”
Antes de la aprobación de la enmienda, los abogados del Departamento de Justicia advirtieron que dicha enmienda tendría un grave impacto en las acciones judiciales relacionadas con la mariguana. Una vez que fue aprobada la enmienda, el Departamento de Justicia decidió repentinamente que no tenía efecto en tales casos, lo que significa que los fiscales federales pueden seguir tratando de encarcelar a proveedores de mariguana medicinal como Charlie Lynch en California y a pacientes como los cinco de Kettle Falls en Washington.
De acuerdo con el diarioSan Francisco Chronicle, “Breyer no indicó si su razonamiento también se aplicaría en el caso de interponer acciones legales contra delitos graves.” Pero es difícil ver por qué no sería así, dado que la interposición de acciones legales y los mandatos judiciales tendrían el mismo efecto de eliminar a los proveedores legales de mariguana para usos médicos.
Si la resolución de Breyer se mantiene en la apelación, podría tener implicaciones de largo alcance, especialmente debido a que la Cámara de Representantes votó en junio a favor de la renovación de la enmienda Rohrabacher-Farr durante otro año fiscal. El Comité de apropiaciones del Senado aprobó una terminología similar una semana después.
La Alianza Marin a favor de la Mariguana para Usos Médicos, que funcionó desde 1998 hasta que el Departamento de Justicia la cerró en 2011, es el dispensario más antiguo de California. Lynette Shaw, su fundadora dijo alChronicle que planea reabrir lo antes posible.
Si el fallo de Breyer persuade a otros jueces u obtiene la aprobación de la cámara de apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, podría influir en las acciones federales contra los pacientes de Berkeley y el Centro de Salud de Harborside, en Oakland, por no mencionar a los pacientes y proveedores de todo el Noveno Circuito, que incluye a cinco estados más que han legalizado la mariguana para usos médicos
Apéndice: el fallo de Breyer no invalida su mandato judicial de 2002 en contra de la Alianza Marin a favor de la mariguana para usos médicos (MAMM, por sus siglas en inglés), que dio como resultado el cierre del dispensario mediante una acción de confiscación por parte del Departamento de Justicia. Pero Breyer dice que “la simple lectura del texto de la Sección 538 [la enmienda de Rohrabacher/Farr] prohíbe que el departamento de Justicia haga cumplir este mandato judicial contra MAMM en la medida en que MAAM funcione de acuerdo con las leyes de California.”
Breyer señala que MAMM funcionaba de acuerdo con una ley estatal que autorizaba que grupos de pacientes distribuyeran mariguana para usos médicos y con la aprobación de funcionarios locales, quienes certificaron que el dispensario cumplía con todas reglas relevantes.
*Este artículo apareció por primera vez en Reason.com.