Chihuahua, Chih.- Organizaciones de mujeres, representadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres –Cedehm- señalaron que han dado inicio con las acciones necesarias para revertir de manera inmediata la aprobación de las reformas a los códigos civil y familiar del estado aprobadas el pasado martes por los legisladores locales. La posibilidad de dicha reversión, dijeron, existe porque “las normas jurídicas son reformables, modificables y con esta Legislatura o con la siguiente las normas se tienen que modificar. Creemos que los legisladores no lo han entendido y lamentamos que habiendo tantas mujeres no hayan tenido la sensibilidad y la preocupación de ver lo que estaban legislando”. Aseguraron que “esto no es una posición radical de mujeres que están empeñadas en algo sino que hay un sustento jurídico, de carácter científico que nos da la razón pero la soberbia y la sumisión de los diputados no les permite ver los derechos de los grupos vulnerables que ahora están violentando”.
Irma Villanueva directora jurídica del Cedehm, indicó que se ha emitido la alerta de género por agravio comparado, misma que se erige como la primera en su tipo contra un estado que legisla en contra de los derechos de las mujeres por debajo de los estándares internacionales. Además, dijo, “exigiremos que se den a conocer las recomendaciones de los expertos que se contrataron y a quienes se les hizo un pago para que revisaran los códigos”.
Las recomendaciones llegaron el martes pero los diputados ya habían votado y aprobado las reformas, incumpliendo con ello el acuerdo con las organizaciones civiles hecho el pasado 27 de septiembre.
Lucha Castro, directora del Cedehm señaló que “hemos recorrido todo un camino tocando instancias nacionales, alertando sobre lo que está pasando en Chihuahua, porque puede ser un precedente bueno que puedan tomar otros estados pero también puede convertirse en algo negativo porque si otros estados van a legislar los juicios orales van a tomar como modelo a Chihuahua. Además, se corre el riesgo de que el sistema colapse como ya está sucediendo en el ámbito penal. En los juicios orales muchos tienen que ver en el tema de mujeres, hay una gran cantidad de carpetas de investigación y muchos prescriben porque no hay capacidad para llevarlos a judicializar, las prisiones preventivas están venciendo porque no hay capacidad para sustentar. Lo mismo va a suceder con el ámbito familiar y civil, sólo pongamos como ejemplo el tema de las viviendas, en Chihuahua hay más de 10 mil casos de juicios hipotecarios que van a ir a dar a los juicios orales, ¿cuál va a ser la respuesta para eso? La soberbia no permitió ver los problemas sociales que se van a generar y las leyes siempre tienen que responder al contexto social en que se dan”, apuntó.
Agregó que “ya nos habían advertido desde el propio Congreso porque querían llegar a un acuerdo de que aceptáramos los códigos así y después hiciéramos una mesa y ante esa situación convocamos a una reunión en la que participó Alejandra Negrete, representante de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres así como Angélica Quiroga, Fiscal especial de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas y Roberto Cabrera de la Comisión Nacional de Seguridad. Estuvimos denunciando la situación de violencia contra las niñas y mujeres en especial en la Sierra Tarahumara. En el transcurso de la reunión recibimos la noticia de que se estaban aprobando los códigos y le pedimos a la maestra Negrete que aceptara la activación de alerta de género y ella hizo el compromiso de aceptarla por violaciones a los derechos humanos”. En cuanto a las referidas violaciones, Villanueva explicó que “pareciera que con estas reformas incluyen algunas palabras en los códigos que dan la impresión de que ya acataron el pronunciamiento emitido por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) que preside el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero de fondo cuando se revisa la cuestión procedimental nos damos cuenta que no es así. Es totalmente erróneo y equivocado estar legislando en materia de procedimientos cuando no se tiene el contenido del derecho, la parte sustantiva de la cual se va a generar el proceso civil”.
Villanueva agregó que al revisar los códigos familiares se dieron cuenta que están totalmente dispares con los códigos procesales que se acaban de aprobar, entonces –cuestiona- “¿cómo hacerlos embonar después? es un retroceso y es empeñarse en hacer esto aún más confuso. Nunca se debió haber legislado sobre los procedimientos si no se tenía la cuestión sustantiva”.
Chihuahua, dijo, tiene el primer lugar en lo que a madres solteras respecta y “la convención sobre los derechos del niño establece la obligación de los estados de legislar sobre procedimientos claros, sencillos, y rápidos que faciliten el reconocimiento de la paternidad y en consecuencia la responsabilidad de cuidado y manutención. El código recién aprobado carece de ello, hay una total omisión”.
Además, dijo, hay enormes vacíos legales en cuestión de procedimientos especiales que atiendan necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad como son adultos mayores, discapacitados, indígenas, diversidad sexual, niños y mujeres.
En lo que respecta al lenguaje inclusivo, dijo, “no se trata de decir mujer u hombre sino de elaborar una norma jurídica que en la práctica facilite el acceso a las mujeres a procedimientos sencillos, claros y oportunos que atiendan las desventajas. Seguimos con el modelo de decir que hay igualdad jurídica pero lo que queremos es que se reconozca la desventaja histórica de la mujer para acceder a la justicia y se traduzca en la norma interna”. En materia de pensiones alimenticias, explicó, “sigue sin dar parámetros claros; las decisiones tomadas por los jueces para adjudicar una pensión justa continúan siendo flojas y eso ha hecho que históricamente los hombres evadan la responsabilidad”. Otros ejemplos que sustentan el agravio comparado, dijo la abogada, son “el tema de la prohibición de la mediación, los plazos tan cortos que se dan en procesos de juicios orales familiares ya que los expertos en la materia dicen que las mujeres violentadas necesitan más de 80 ó 100 días para poder recuperarse de una situación que posiblemente hayan enfrentado durante muchos años. Esta legislación no está para tratar específicamente estos casos, si los diputados conocieran a profundidad lo que quienes verdaderamente saben del tema, hubieran adecuado la norma interna para atenderlos”.
