BASURERO MUNICIPAL DE COCULA, Guerrero.— La guerra del fuego fue central en el debate público del informe Ayotzinapa, presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el domingo 6. El documento había hecho numerosas revelaciones, tanto sobre la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, como sobre graves debilidades que hacen ver que el sistema mexicano de investigaciones criminales es inoperante.

Toda suerte de altos funcionarios, civiles y militares, insistieron durante once meses en que los ataques contra los estudiantes fueron un asunto estrictamente de escala municipal, que no involucró más que a policías, delincuentes y políticos locales, en tanto que las corporaciones estatales y federales, y el Ejército, fueron engañados y no supieron lo que ocurría.

El informe confirma que ocurrió lo contrario: la información fluyó hacia todos los organismos de seguridad en tiempo real y los mandos de las fuerzas armadas y policiales —que tuvieron agentes presentes en todos los escenarios— permitieron que criminales conocidos montaran una operación masiva y coordinada de persecución, asesinato, detención ilegal, tortura y ejecución durante más de tres horas, involucrando al menos a 120 perpetradores y dejando como resultado a seis muertos, cuarenta heridos y 43 víctimas de desaparición forzada.

El tema de la supuesta gran incineradora improvisada en el basurero de Cocula, sin embargo, ganó prominencia sobre los demás asuntos porque se trata del pilar sobre el que descansa la versión del gobierno de lo que ocurrió entonces, que el exprocurador general de la república Jesús Murillo Karam presentó —aún estando lejos de concluir las diligencias básicas— como una “verdad histórica”, y que ahora los padres de los 43 estudiantes desaparecidos califican como “mentira histórica”.

LA GUERRA DEL FUEGO

Para las autoridades es poco lo que ha cambiado. Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó el requisito de comentar que tomaría en cuenta las consideraciones del GIEI, pese a lo cual “nosotros estamos seguros de que lo que pasó ahí fue un gran incendio”, dijo en entrevista con Grupo Imagen, “que ahí fue quemado un grupo importante, sin poder afirmar que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes”.

¿Y los que no fueron quemados ahí? En varias intervenciones en medios, el lunes 7, Zerón se abstuvo de aventurar pistas o ideas. A él y a funcionarios de mayor nivel que se pronunciaron de manera similar, como el presidente Enrique Peña Nieto y la procuradora Arely Gómez, el discurso de la ambigüedad les permite decir que no después de decir que sí, y mantener las imprecisiones.

Eso es poco eficaz, sin embargo, ante la impresión generalizada en la opinión pública, nacional e internacional, de que los trabajos de la PGR son un navío que naufragó antes de salir de puerto y que la gran pira del basurero fue un montaje.

Así se desató la guerra del fuego. El martes 8, el senador panista Javier Corral denunció en tribuna que el gobierno, “en un acto de simulación, ha lanzado una campaña que pretende descalificar a los integrantes” del GIEI, y que “a través de diversas columnas ya se empieza a llamárseles expertos en mentir, que tienen agenda propia en México, e incluso tratar de politizar sus planteamientos”.

Los articulistas de golpeo bajaron en masa a los callejones, empleando cualquier recurso para ensuciar la imagen de los cinco expertos internacionales y de José Torero, el perito de la australiana Universidad de Queensland que realizó el análisis incluido en el informe del GIEI, que concluye que en el basurero no fue incinerado ni los 43 estudiantes, ni un grupo importante ni uno solo: “No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”.

El martes 8, el diario Milenio publicó un texto sin firma ni fuentes identificadas, basado totalmente en lo que supuestamente dijo “personal de la PGR presente en la inspección independiente” de Torero, en el que se acusa al experto de “carecer de rigor científico y metodología”, de hablar “desde la teoría” y de haber pasado sólo veinte minutos en el basurero sin “comentar nada a sus acompañantes”.

EXPERTOS EN DISPUTA

Ese mismo periódico y la revista Nexos alojaron otra línea de refutación del informe del GIEI, más razonada y sin tonos viscerales, llevada por dos periodistas que previamente habían sostenido la hipótesis de que sí incineraron a los estudiantes en el basurero: Juan Pablo Becerra-Acosta, un reportero que ha cubierto extensamente los acontecimientos en Guerrero, que ha tenido el privilegio de recibir importantes filtraciones de documentos militares y que mantiene la tesis de que, a falta de imputaciones directas del GIEI, no hay indicios de una actuación incorrecta del Ejército; y Esteban Illades, editor de la versión electrónica de Nexos, quien escribió el libro La noche más triste basado en fuentes casi exclusivamente documentales y sin haber acudido a los escenarios de su trabajo, como Iguala, el basurero y Ayotzinapa. En su texto, Illades tampoco muestra extrañeza porque el Ejército no haya intervenido en defensa de los agredidos ni expresa inquietud por el papel de los militares en estos eventos.

A ambos les interesó contribuir al debate sobre la pira del basurero consultando a tres peritos extranjeros, que coincidieron en que sí es posible incinerar a 43 personas en las condiciones del basurero: el ingeniero mecánico español Guillermo Rein; la antropóloga forense estadounidense Elayne Juniper Pope, jefa de la oficina del forense en Norfolk, Virginia; y John DeHaan, autor del libro Kirk’s Fire Investigation.

La “verdad histórica”, en contraste, fue refutada por varios científicos, como el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y antropólogo Jorge Arturo Talavera; Lorena Valencia Caballero, antropóloga forense y jefa de la unidad de Investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM; y Alfonso Palacios Blanco, experto en incendios y explosivos.

En los seis casos anteriores, el factor común es que todas estas personas respondieron a las solicitudes de los distintos reporteros, que les hicieron las preguntas que creyeron adecuadas para resolver el dilema, en lugar de presentar análisis basados en investigaciones propias.

Es distinta la situación del doctor Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Pablo Ugalde, que fueron los únicos que —por iniciativa propia— examinaron el problema en un extenso documento titulado “Imposible la cremación de 43 normalistas en el basurero de Cocula”, abundante en detalles y fuentes bibliográficas, en diciembre del 2014.

Con posterioridad, Montemayor señaló que el Ejército debía ser investigado. Esta postura le bastó a Illades, en su libro, para desestimar el trabajo del científico como parcial, en antagonismo con la PGR, y acudió a DeHaan con el propósito de presentar una postura “neutral”, que resultó compatible —con base en la teoría— con la “verdad histórica” de Murillo Karam.

PGR EN EVIDENCIA

El peritaje de José Torero, que ante los ojos del mundo derribó la versión oficial del gobierno mexicano, concluyó que tal incineración masiva en el basurero en esas condiciones no pudo haberse dado. Fue presentado con el informe del GIEI por los cinco expertos, frente a dos centenares de personas, entre las que destacaban padres de los 43 desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa. Con el resto de periodistas, Illades pidió la palabra y obtuvo una respuesta directa: el contenido de su entrevista con DeHaan había sido puesto a consideración de Torero, y refutado.

Al día siguiente, Nexos y Milenio publicaron en conjunto los “comentarios” de Illades, quien prometió que pronto tendría una respuesta de su experto. Quienes esperaban que, ahora sí, DeHaan realizaría un análisis detallado del caso en lugar de responder a lo que le planteaba el periodista mexicano, se quedaron con las ganas: el miércoles 9, Illades difundió, también en ambos medios, su intercambio de tres correos electrónicos con DeHaan, quien declaró que Torero “ha malinterpretado nuestros resultados”.

A final de cuentas, sólo hay tres estudios específicos sobre la hipotética quema: los de los peritos de la PGR, el de Montemayor y Ugalde, y el de Torero.

Los demás son expertos que responden a preguntas de reporteros sin involucrarse en una investigación minuciosa, y sin haber acudido al sitio donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Montemayor y Ugalde sí dedicaron tiempo a revisar videos, fotografías y datos reportados, y a compararlos con fuentes bibliográficas para valorar la plausibilidad de los hechos. Pesa sobre ellos, como sobre DeHaan, Illades y varios más, el hecho de no haber realizado una verificación in situ.

Los peritos de la PGR sí fueron al basurero. Sus dictámenes no se conocieron hasta que les fueron arrancados a las autoridades a fuerza de recursos de acceso a la información. Entonces se supo que se basaron en estudios que tergiversaron, como aclaró al portal Aristegui Noticias Olegario Martínez Morán, científico del Departamento en Química y Física Aplicadas de la Universidad de León, España, cuyo texto, “Valoración energética de neumáticos fuera de uso”, fue sacado de contexto para asegurar que es posible alcanzar temperaturas de 1600ºC en una pira como la del basurero, cuando el texto en realidad se refiere a una técnica que sólo se puede practicar en un laboratorio, y con una temperatura oscilante de entre 700ºC y 1500ºC.

No fue la única de las fuentes bibliográficas de la PGR que rechazó la forma en que fue utilizada por sus especialistas. La otra fue José Torero, precisamente el científico llamado por el GIEI, quien además se entrevistó con los peritos de la PGR y consideró que ninguno era experto en el comportamiento del fuego.

En su documento, el GIEI descalificó el peritaje de la PGR porque falló en la “recolección de evidencia, contiene errores de interpretación, y la falta de entendimiento de la dinámica de fuego y de la bibliografía en este campo invalidan las conclusiones del informe”.

La PGR pedía confianza en sus empleados pero mantuvo ocultos sus nombres hasta que el GIEI los dio a conocer. Entonces, Aristegui Noticias revisó sus antecedentes: aunque Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos son presentados como “peritos en incendios y explosiones”, el único título con el que cuenta el primero es el de ingeniero en comunicaciones y electrónica, mientras que el segundo, que no acabó ninguna de las dos carreras que inició, declaró una capacitación en incendios en una institución cuyo nombre dio incompleto.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Buena parte de la discusión sobre lo que pudo haber pasado en el basurero se basa en interpretaciones de personas que no fueron al lugar, y que, por lo mismo, carecen del respaldo de observaciones directas.

Newsweek en Español vino al sitio como parte de un recorrido de verificación que fue parcialmente reseñado en la edición de hace dos semanas: en ese reportaje, el reportero dio cuenta de la ausencia en la investigación de registros de numerosas cámaras de seguridad en el camino que, según la PGR, tomaron los secuestradores de los estudiantes. También señaló lo extraño que es la falta de testigos, cuando el movimiento de una camioneta y un camión cargados con jóvenes apilados que se estaban aplastando unos a otros, y que debieron haber electrizado el ambiente con alaridos mientras quien de ellos morían por sofocamiento, necesariamente debería haber llamado la atención en las alargadas zonas urbanas y semiurbanas por las que habrían pasado, en Iguala, Loma de Coyotes y Cocula.

El informe del GIEI señala que la versión oficial está sostenida principalmente en los testimonios brindados por los presuntos ejecutores de los crímenes, de quienes se sospecha que pudieron haber sido torturados. Según sus declaraciones, grabadas en video y hechas públicas, los ocho sicarios que trasladaron a los estudiantes al basurero, bajaron a los muertos y asesinaron a los veintiocho que seguían vivos. Después habrían hecho rodar los 43 cadáveres cuesta abajo hasta el fondo del basurero del Hoyo del Papayo, veinte metros abajo.

Como es natural, estar en el sitio de los hechos da una perspectiva difícil de adquirir desde la distancia. Es improbable que las cosas hayan ocurrido así. De entrada, porque donde se dice que arrodillaron a los jóvenes para asesinarlos uno a uno, entre interrogatorios, la investigación no indicó que hubiera hallado huellas de sangre, ni ahora se aprecia alguna señal.

Después: aunque la pendiente es inclinada, la basura está apelotonada de manera natural en lo que semeja terrazas de agricultura que hubieran detenido el movimiento de los cadáveres. Sin acarrear nada, descender requiere de unos diez minutos, y una persona hubiera tenido que esforzarse empujando cada cuerpo, en la oscuridad de luna nueva y cielo cubierto a la medianoche, bajo una lluvia persistente.

La PGR fue incapaz de encontrar aquí un solo rastro de los jóvenes. Ni uno, nada. El único elemento en las actas es un fragmento de hueso que los exámenes de ADN indican que perteneció al estudiante Alexander Mora, pero no provino del basurero y está en duda que efectivamente fuera hallado donde se dijo —el río San Juan, a seis kilómetros de distancia—. De lo demás, se asegura que todo fue incinerado. Pero la sangre regada durante la matanza no habría quedado expuesta al fuego, lo mismo que los restos de cabello, sudor, grasa y otros fluidos, o de ropa, que habrían quedado tras el accidentado arrastre de los cuerpos por metros y metros. Todo esto habría provisto elementos de identificación mediante pruebas de ADN, pero nada fue reportado.

LA PIRA INEXISTENTE

La súbita depresión conocida como Hoyo del Papayo y utilizada como basurero es geológicamente interesante. Podría convertirse, efectivamente, en un gran horno. Pero en temporada de secas: en tiempos lluviosos como los de septiembre, es natural que en el fondo se produzcan acumulaciones de agua. Especialmente si llueve, como ocurrió ese día. Y sería necesario disponer del combustible.

El análisis de Montemayor y Ugalde, fundamentado en una extensa bibliografía, indica que la cantidad de material que habría sido necesario para mantener lo que, según la PGR, fue un fuego de 950ºC, durante diez a quince horas, sería de 33 toneladas de troncos, de cuatro pulgadas de diámetro, y 995 neumáticos.

Entrevistado por el reportero, Montemayor señala: “Treinta y tres toneladas son dos tráileres, o sea, la caja completa de un tráiler, dos cajas completas de un tráiler llenas de madera. Los troncos los tuvieron que haber talado, los tuvieron que haber puesto a secar por ocho o diez meses, tuvieron que ir los dos tráileres ahí, tuvieron que cortarlos y acomodarlos, tuvieron que haber previsto de qué largo iban a ser estos arreglos y de qué ancho, y para eso tuvieron que hacer cálculos, o por lo menos, tuvieron que, ya muy mala la situación, haber visto ya de perdida una foto de (las cremaciones en) la India, entonces, y luego los tuvieron que serruchar, de esas formas, de esos tamaños”.

La PGR y los expertos entrevistados por Illades y Becerra-Acosta dijeron que esas cifras son exageradas. El peritaje de José Torero, sin embargo, coincide: para cremar 43 cuerpos en las condiciones descritas harían falta sesenta horas, 30.1 toneladas de madera, 13.3 toneladas de neumáticos y 13.33 toneladas de diésel.

Materiales que deberían ser alimentados a la pira a lo largo de la quema. En respuesta a una pregunta de Illades, John DeHaan dijo que los perpetradores podrían haber hecho esto: “Acercarse con cuidado al borde del pozo”.

Es una de las señales más claras de que ninguno de los dos conoce el basurero, que no es un pozo con paredes de 90º desde cuya parte superior uno se pudiera aproximar al fuego. Es un error parecido al que cometieron los peritos de Murillo Karam cuando creen que se trata de pendientes lisas, sin obstáculos para el rodar de los cuerpos, lo que en realidad es una capa de desperdicios gruesamente arrugada.

Según la PGR, los sicarios declararon haber bajado al fondo para arrojar llantas y otros combustibles al fuego, y no podría haberse hecho de otra forma porque desde la orilla hasta el núcleo de la supuesta pira hay quince metros en línea recta horizontal, más veinte metros en vertical.

Es decir: nadie dijo haberse “acercado a la orilla del pozo” porque habría sido necesario bajar para adentrarse en el horno que supuestamente improvisaron. Los cálculos de radiación calorífica, presentados por Torero, indican que hubiese sido imposible acercarse a menos de quince metros porque cualquier ser humano se hubiese quemado vivo.

Un fuego de esas dimensiones “hubiera generado un incendio forestal” y hecho arder plásticos, papeles y los desperdicios en general, dice el peritaje. Pero el basurero sigue ahí. Aunque eso desmienta a los alimentadores de esta guerra del fuego.