El pleno del Congreso guatemalteco decidió hoy unánimemente retirarle el fuero al Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien está acusado de liderar la red de corrupción aduanera denominada “La Línea”.

“Se declara con lugar” el retiro de la inmunidad del presidente, anunció el diputado opositor Carlos Herrera, secretario de la junta directiva del parlamento, tras el voto favorable de la totalidad de los 132 diputados presentes en la sesión plenaria.

A partir de este momento, Pérez Molina puede ser investigado e incluso arrestado por su vinculación con la “La Línea”, un caso que ya le costó el cargo a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, detenida y a la espera de saber si enfrentará un juicio.

El anuncio fue recibido con el estallido de petardos y gritos de júbilo de cientos de guatemaltecos que aguardaban la decisión afuera de la sede del parlamento, mientras automovilistas celebraban haciendo sonar las bocinas de sus vehículos.

Con la decisión del Congreso, Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en enero de 2012, se convierte en el primer presidente de Guatemala en perder su inmunidad, una decisión que lo dejó expuesto a ser investigado por su supuesta vinculación con la red denominada “La Línea”, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.

El expediente que habilita la investigación, identificado con número 197-2015, debe ser trasladado “inmediatamente” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que ésta a su vez lo traslade a un juez, de acuerdo a la información judicial disponible.

El Congreso de Guatemala está conformado por 158 escaños y a la sesión de este martes no asistieron varios, entre ellos los 24 del partido Lider, el principal de oposición, según dijo el legislador Mario Taracena, del partido UNE (opositor).

“Habiendo mayoría queda aprobado. Declara con lugar la formación de causa, las diligencias de antejuicio contra el presidente”, dijo el presidente del ente Legislativo, Luis Rabbé. En apenas una hora y media, en la que se dio lectura a las actas anteriores y a la de este martes, los diputados decidieron quitarle el privilegio al mandatario.

El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.

Tales indicios incluyen una conversación telefónica en la que Pérez supuestamente ordena cambios de personal en las aduanas, algo que sus acusadores interpretan como una injerencia para facilitar las operaciones ilícitas.

La Diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, una de las integrantes de la llamada Comisión Pesquisidora que avaló en un informe retirarle la inmunidad, razonó su voto y dijo que la decisión “contundente” está basada en hechos que dan a suponer la participación del presidente en “hechos penales”.

“Nadie se alegra de lo que está pasando”, sostuvo, pero agregó que todo acto debe tener consecuencias y que ahora es el momento de que la Justicia se pronuncie.

El caso que fue destapado inicialmente por la Fiscalía y la CICIG en abril pasado, precipitó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso.

¿Cederá Pérez el mandato?

Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de septiembre y, pese a que Pérez se niega a renunciar, la incógnita radica en si llegará al cambio de gobierno, el 14 de enero, para entregar la banda presidencial a quien resulte electo. La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.

El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), cree que Pérez “no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos” en la justicia.

Miles de personas han exigido en los últimos meses, en jornadas de protestas inéditas en el país, la renuncia de Pérez, un llamado que fue acompañado por instituciones como la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.

Pero el mandatario reiteró el lunes en conferencia de prensa que no renunciará al cargo y aseguró que no recibió “ningún centavo” de estructuras fraudulentas. “Me siento completamente tranquilo”, aseveró.

Asimismo, el lunes, su abogado César Calderón presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país que está incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia, para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad. El tribunal se pronunciará a más tardar el jueves.

Sanabria coincide con otros analistas en que el presidente se apoya en una “evidente alianza” entre el gobernante Partido Patriota y el también derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder), y que ambos partidos buscarán entorpecer los procesos contra el mandatario.

Sin embargo, el candidato de Líder, Manuel Baldizón, favorito en las encuestas para ganar las elecciones del domingo, rechazó esas versiones y había alentado al Congreso a quitar la inmunidad a Pérez. El Congreso había rechazado a mediados de agosto levantar los fueros al mandatario, aunque fue antes de que fuera involucrado oficialmente en el caso de las aduanas.

Además de ese caso, hay otros escándalos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez. Entre ellos figura la sobrefacturación en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social, que implicó el arresto en mayo de jerarcas de esa institución y del Banco de Guatemala (banco central).

Igualmente, como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la CICIG, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la Presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía.

(Con iformación de AFP y Sin Embargo)