México no cuenta una base de datos federal que registre el
número de las personas desaparecidas, a pesar de que unas 25 000 personas se
han extraviado desde 2006, y a este problema se le suma otro: los familiares de
las víctimas que se sienten desprotegidos por la Ley, afirma el diario estadounidense Los Angeles Times.

El tabloide norteamericano señala que no está claro cuántos
desaparecidos pudieron haber sido víctimas de un crimen y se teme que muchos
han muerto a causa de los altos niveles de violencia y la guerra emprendida por el gobierno federal contra los cárteles de la droga que se inició en 2006.

Recuerda que uno de los muchos casos más trascendentales
ocurrió en septiembre del año pasado, cuando 43 estudiantes de una escuela
rural de Ayotzinapa, en Guerrero fueron llevados por la policía de Iguala.

El medio narra los casos de dos jóvenes que desaparecieron
en el Estado de México, en ambos casos las autoridades afirmaron haber
encontrado los cuerpos de sus hijas, pero nunca se los mostró.

Mariana, una joven de 19 años, desapareció en el municipio
de Tecamac hace casi un año cuando se dirigía a una tienda de copias. Los
padres acudieron a las autoridades para informar de lo sucedido con su hija,
pero ellos les sugirieron que probablemente había escapado con su novio.

“Las autoridades muestran muy poca humanidad [hacia
nosotros]. Lo primero que la policía hace es faltar a su honorabilidad”, dijo
la señora Guadalupe Reyes en entrevista con Los
Angeles Times.

Señala que a principios de enero, Guadalupe y su esposo
Bernardo fueron informados por la oficina del fiscal de que se habían
encontrado los restos de Mariana en el Río de los Remedios, a pocos pasos de su
casa.

“Pedimos a ver sus restos, pero nos dijeron que ya habían
sido enterrados, y cuando pedimos ver las fotos nos dijeron que no podíamos
verlas, además, cuando quisimos saber más acerca de la investigación nos
dijeron que era demasiado delicada y era complicado”, detalló Guadalupe Reyes
al medio.

Agrega: ”Cuando fui a ver el expediente del caso, estaba
completamente vacío. No hubo investigación”.

Ella pidió que los restos se exhumaran y fueran estudiados
por científicos forenses independientes, la familia está a la espera de los
resultados.

Otro caso es el de Abril Caldino Rodríguez, de 15 años,
desapareció en mayo 2011, también en Tecamac después de ir a un cibercafé.
Cuando su madre, Isela, reportó la desaparición a la policía, también
sugirieron que Abril se había escapado con su novio.

Dos agonizantes años más tarde, la madre de Abril fue
informada de que se habían encontrado los restos de la niña. Pero la prueba de
ADN demostró que el equipo forense del Estado de México había cometido un
error: Los restos eran en realidad los de un hombre.

“La verdad es que todavía no tenemos idea de [lo que pasó a
Abril]. No sé si ella está viva o muerta”, explicó Isela al diario
estadounidense.

El Estado de México tiene una de las tasas más altas de la
nación de los crímenes de odio contra las mujeres. Para las familias como la de
los Reyes, la angustia de no saber dónde están sus seres queridos se ve
agravada por las autoridades.

El mes pasado la entidad mexiquense activó la Alerta de género,
reconociendo que algo había que hacer sobre el número de mujeres y niñas
desaparecidas.

Dilcya García Espinoza, el fiscal que supervisa la
investigación y el procesamiento de las desapariciones y crímenes de odio
contra las mujeres en el estado, dijo al diario: “Estamos activando una brigada
con un enfoque intenso dentro de este agencia para cambiar las cosas, para
crear una situación en la que los investigadores estén en contacto con las
familias de las víctimas”.

“Pero las personas con familiares desaparecidos no tienen
muchas esperanzas de que las cosas vayan a mejorar”, afirma la publicación.

Caso Iguala

El vocero de los padres de familia de los 43 normalistas
desaparecidos, Felipe de la Cruz informó al diario El Sur que en su última
visita a la Normal Rural de Ayotzinapa el 11 de agosto, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que hay indicios de
que los jóvenes podrían seguir vivos.

El integrante del GIEI, que es auspiciado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Valencia Villa se reunió
con padres de los 43 desaparecidos el 11 de agosto en la Normal Rural de
Ayotzinapa, como parte de los preparativos del último informe del grupo, que se
presentará en los primeros días septiembre.

Consultado vía telefónica, De la Cruz declaró que en el
encuentro privado entre los padres y Valencia Villa, en el que se les informó
que el GIEI no logró entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería
del Ejército respecto a los ataques del 26 y 27 de septiembre, se les dijo que
hay indicios de que los normalistas podrían estar vivos.

Sin embargo, no se precisó en qué consisten los indicios que
descubrió el GIEI, y de acuerdo con De la Cruz, el Equipo Argentino de
Antropólogos Forenses (EAAF) coincide, y se prueba que la “verdad histórica”
que dio a conocer el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam
en enero, es falsa.

De la Cruz recalcó que no conocen qué tipo de pruebas
podrían tener tanto el GIEI como el EAAF al respecto, pero el último informe de
los expertos tendrá todos los detalles de la investigación, así como las
irregularidades del caso Ayotzinapa que está a cargo de la Procuraduría General
de la República (PGR).

Por último señaló que ante la destrucción de los videos que
grabaron las cámaras de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Iguala la
noche del 26 y los primeros minutos del 27 de septiembre, los padres no dudan
en que haya otro tipo de pruebas que las autoridades ocultaron.

(Con información de Los Angeles Times y Sin
Embargo)