Con un salario menor a 15 mil pesos, los defensores de oficio en la entidad cargan con una responsabilidad mayor a cien expedientes, cantidad que puede incrementar pese a las modificaciones estructurales en la administración de justicia en el país.
El 18 de noviembre de 2014, el gobierno estatal incrementó el número abogados pagados por el Estado, según la respuesta a una solicitud de información obtenida vía Infomex.
El servicio de Defensoría de Oficio sumó a 11 profesionales, por lo que la cifra aumentó a 88, lo que habría de ser suficiente para atender el aparato de administración de justicia en la entidad, tanto en juzgados como en agencias del Ministerio Público y otras áreas.
En una charla “sin identidad” para evitar represalias laborales, un litigante de institución social pública gratuita con, aseguró, “algunos” años de antigüedad, muestra una agenda llena de recortes, post-it, recomendaciones y una larga lista de números de expedientes que mantiene vigentes.
La cifra de casos que atiende, afirmó, en ocasiones sobrepasa los 150, primordialmente de la gente que no tiene dinero para pagar un defensor privado o aquellos que “ya se cansaron de mantener litigantes sin resultados”, aseguró.
Los juicios penales y mercantiles son los que llevan más tiempo debido a que las personas que solicitan sus servicios, en su mayoría, no cuentan con recursos para conseguir las pruebas o realizar viajes para corroborar datos, escrituras o hasta actas de nacimiento, según el defensor.
“Hay corazón por nuestro empleo, hay compromiso social con mucha gente pobre que nos busca”, afirmó; sin embargo, se queja de que no existen condiciones para realizar su trabajo de manera más tecnificada, incluyendo al personal que muchas veces los apoya.
Dependientes de la Coordinación Jurídica del gobierno estatal, los defensores de oficio obtienen un pago de 14 mil 898 pesos mensuales, con el cual pagan actualizaciones profesionales, alimentación, estacionamiento, copias, traslados a juzgados.
“No es queja –afirmó–, sólo es exponer nuestra realidad”.
El abogado consideró la necesidad de modernizar los esquemas de trabajo para dinamizar su tiempo y rendir más a la población “que a cada momento llena los estrados porque no tiene dinero para pagar un particular”.