El jardín de la casa de Alberto Athié Gallo bien puede describir la personalidad del exsacerdote: sencillo, pulcro, cuidado; denota respeto a la naturaleza, a la vida misma. Mientras es retratado sobre una banca de cemento que esconde una cisterna de reciclaje de aguas jabonosas, se refiere a la “encíclica verde” publicada hace unos días por el papa Francisco.

“Así como dice preocuparse por el medioambiente en el planeta, debería preocuparse por su casa y ver si el cuidado de los niños en el ambiente eclesiástico es auténtico, porque el daño causado por la Iglesia católica a estos niños ha sido brutal debido a los sucios mecanismos de corrupción y explotación sexual infantil”, suelta, iniciando así nuestra conversación.

Más que aludir al reciente llamado del papa respecto a trabajar para superar la “compleja crisis socioambiental” a la que, considera, hace frente el mundo, Athié reflexiona en torno a las acciones del obispo de Roma respecto a un tema que ha ensombrecido la imagen de la Iglesia católica en los últimos años: la pederastia. Para él, ninguna otra institución en el mundo ha afectado a tanta gente en el tema de abuso sexual como la Iglesia misma.

El exsacerdote de la Arquidiócesis de México, que renunció a su ministerio en 2003, no cree que Jorge Mario Bergoglio vaya a exorcizar los demonios del flagelo que —afirma— ha afectado a decenas de miles de niños y adolescentes a escala mundial. Es fecha en que no hay una respuesta contundente por parte de la Santa Sede en contra de los representantes que han cometido este tipo de abusos. “No tiene nada que ver con la búsqueda de la justicia de las víctimas”, asegura. Y añade: “Francisco sigue en la línea de conservar el mismo mecanismo, no ha hecho nada novedoso en absoluto, más allá de su brillante discurso”.

El papa ordenó en días pasados crear un tribunal que se haga cargo de juzgar a los obispos que encubran casos de pederastia cometidos por sacerdotes o religiosos a su cargo. Este tribunal, informó Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dependerá de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Para Athié Gallo esa medida resulta irrelevante, ya que esa congregación siempre ha fungido como el órgano para este tipo de casos. Lo novedoso “es que se crea un espacio particular para procesar el encubrimiento y abuso de autoridad y se introduce el delito de ‘abuso de poder episcopal’; pero este tribunal —precisa— es muy oscuro, ya que todo se maneja de forma interna, sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que lo vuelve un tribunal eclesiástico para juzgar disciplinaria y no penalmente como lo requiere el delito de la pederastia”.

En febrero de 2014 el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas dio a conocer un informe donde se critica al Vaticano por su proceder al adoptar “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos a menores y a la impunidad de los responsables”. También ahí se destaca que la movilidad de los responsables es la que ha permitido a muchos sacerdotes continuar en contacto con niños, lo cual “sigue poniendo a los menores en alto riesgo de abuso sexual en muchos países”.

Para Athié, el informe del comité de la ONU “es histórico porque la Santa Sede nunca había sido interpelada y cuestionada en su comportamiento institucional internacionalmente”. Durante años el Vaticano se lavó las manos al afirmar no tener jurisdicción sobre las iglesias locales, negando así toda responsabilidad, “lo cual es totalmente ilógico y cínico, ya que esta no sólo tiene jurisdicción en el Estado Vaticano, sino en todas las representaciones de la Iglesia católica alrededor del mundo”, afirma mientras los rayos de sol, que se cuelan por las ramas del enorme árbol dispuesto en su jardín, tocan su rostro que ya luce un semblante de indignación.

En su opinión, en 2014 el Comité de la ONU puso al Vaticano contra la pared al señalar su responsabilidad directa en las decenas de miles de casos de abusos en contra de infantes cometidos en diversas partes del mundo. En especial al considerar que “el mecanismo creado por el papa Juan XXIII en 1962 —en el que se determina cómo tratar esos casos en el interior de la Iglesia— ha creado más daños y ha mantenido en reserva información que sigue dañando a países y niños”. De ahí la importancia de eliminar este mecanismo del derecho canónico para evitar que se siga protegiendo la información sobre casos de pederastia.

OMISIONES SIN PERDÓN

“La Iglesia como instancia internacional prefirió darle prioridad al cuidado de su imagen que a la protección de los niños”, insiste Alberto Athié, quien el año pasado fue seleccionado por un panel de veinticinco jurados de la revista Quién para ser uno de los cincuenta personajes que han influido constructivamente en la transformación positiva de México en el último año.

El exsacerdote mira a su interlocutor con unos ojos que parecen decodificar rostros. Imperturbable, continúa: “La ONU le pide a la Santa Sede un informe serio sobre los casos de abuso sexual que han ocurrido en diversos países y que se han omitido en los informes de tres quinquenios (1999 a 2014), justo el periodo de tiempo en que explotan miles de casos de abuso sexual en el mundo”. Son los años en que el tema de la pederastia se le sale de control a la Iglesia. En los que él renuncia al sacerdocio argumentando haber comprobado la protección que el cardenal Norberto Rivera Carrera brindó a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusar sexualmente de sus discípulos, menores de edad.

Mientras diversas denuncias de víctimas, abogados e informes de países referían que durante décadas hubo abusos de menores, se instaló un mecanismo de protección de estos clérigos por parte de la autoridad eclesiástica. “Se coincidió en que había sacerdotes pederastas que habían abusado de muchos niños durante mucho tiempo y en muchos lugares distintos, permaneciendo en el ministerio durante todos los abusos que cometieron gracias al mecanismo institucional permisivo y la movilidad que permite que los curas estén en contacto con nuevas personas y tengan acceso a nuevas víctimas de abuso […] Se puede decir que lo incentivaban, ya que a muchos encontrados culpables por las autoridades eclesiásticas involucrados los cambiaban de parroquia y únicamente les pedían rezar”, dice Athié con ironía.

Los investigadores Michael Bemi, del National Catholic Risk Retention Group, de Vermont, y Patricia Neal, directora del programa de protección de niños Virtus, dieron a conocer en 2012 que en un periodo de entre quince y veinte años la Iglesia católica gastó más de 2000 millones de dólares (2 billones de dólares) para resolver casos extrajudiciales a escala internacional de abusos de sacerdotes contra niños. Una suma estratosférica de la que se echó mano para pagar los acuerdos a los que se llegaba en las demandas interpuestas por las víctimas ante las diócesis, por los juicios, asesoramientos legales, las terapias para las víctimas y el seguimiento de los agresores, entre otras.

—¿Por qué la Iglesia invierte tanto dinero para proteger a sus clérigos incómodos despreciando el daño cometido contra las víctimas, subestimando sus versiones?

—Porque la Iglesia decide encubrir a pederastas. Esto no está solamente ligado a una especie de complicidad delincuencial, sino a una ideología y una mentalidad de que lo primero y más importante es la institución y quienes la presiden y representan.

Y da otro ejemplo: el nombramiento que el papa hizo de Juan Barros como obispo de una ciudad chilena. Tras ser designado, a inicios de este año, Barros fue acusado por víctimas de abusos sexuales de haber observado los atropellos que cometía el padre Fernando Karadima —a quien tanto la justicia ordinaria como la eclesiástica consideraron responsable de abuso sexual de menores durante las décadas de 1980 y 1990—. “¿Cómo alguien que no fue vigilante (con la pedofilia) puede ser obispo?”, reclamaron miembros de la comunidad católica chilena.

“Las propias víctimas los vieron besarse y acariciarse enfrente de ellos —precisa Athié—, presentaron sus declaraciones de abuso sexual ante la Santa Sede y ante el tribunal de Chile, los señalamientos ahí están; sin embargo, el papa decide nombrarlo obispo de la diócesis de Osorno, pese a las declaraciones públicas y la información. El papa no cambió de parecer… unas son sus palabras, otras son sus acciones.”

FRANCISCO Y LA “CERO TOLERANCIA”

Ante la presión internacional, el papa Francisco creó en 2014 la Comisión de Atención a las Víctimas y de Protección a los Niños. Hasta ese año “Bergoglio decide tomar cartas en el asunto y empieza a querer tratar de resolver casos directamente, sin modificar lo que le pidió el Comité”, asegura Athié. Sin embargo, esta comisión cuenta con un grave defecto: sigue siendo cerrada, ya que no está dispuesta a hacer públicos los casos, lo que no colabora con las autoridades civiles del mundo para una posible condena penal de los culpables.

El papa se ha movido rápidamente y ha logrado intervenir acertadamente en casos como el de Granada, España, donde atendió personalmente la llamada del denunciante, le pidió perdón y lo invitó a hacer una denuncia ante la justicia civil. Además, puso en marcha el proceso canónico de manera efectiva, lo que llevó a la suspensión de tres curas de la diócesis, pese a que el arzobispo Francisco Javier Martínez conservó su puesto.

No obstante, se sigue observando discrecionalidad en la implementación de la nueva justicia que no se ciñe a un protocolo ni acciones penales concretas. Un caso en México cuestiona la verdadera intención del papa Francisco: el de Jesús Romero, un joven abusado sexualmente por Carlos López Valdés y cuya historia se narra en el documental Agnus Dei, Cordero de Dios (2011), de la cineasta Alejandra Sánchez. En él se presenta al exclérigo López Valdés en escenas de explícito contenido sexual con Jesús. Sobre este caso, el sumo pontífice se limitó a emitir una carta lamentando lo que le pasaba, afirmando que sentía “dolor y vergüenza”, por lo que le pedía “perdón en nombre de la Iglesia”.

“Aquí no hubo mayor intervención de Francisco, no llamó al cardenal Norberto Rivera para pedir que entregara al padre Carlos y lo pusiera a disposición, como sí lo hizo en el caso de Granada”, enfatiza el hombre que ha investigado cientos de casos de pedofilia sacerdotal. Athié ha buscado llevar a la justicia al propio cardenal Rivera, a quien señala de encubrimiento en más de quinientos casos cometidos por los curas Marcial Maciel, Nicolás Aguilar, Carlos López y, más directamente, por el del padre Eduardo Córdova, a quienes sus víctimas tildan de “psicópata sexual”. Mientras las denuncias contra este último se clarifican, sigue ofreciendo servicios religiosos en San Luis Potosí, pues el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero considera que se requieren “pruebas” de las acusaciones. Los testimonios contundentes de tres de sus víctimas no le parecen suficientes.

—¿Se atreverán a llamar al cardenal Rivera para pedirle cuentas sobre los cuatro casos graves de encubrimiento en que se ha visto involucrado?

—Él dirá que hizo lo que le pidieron… Todos los que pudieran ser llamados dirán: ‘Yo obedecí las indicaciones de mis autoridades, yo soy un hombre fiel a mi iglesia, ¿quieren juzgarme de cómplice y encubridor? Adelante, pero que respondan también los que me pidieron que lo hiciera a través del mecanismo que ellos mismos establecieron’.

En los tribunales civiles, el encubrimiento en casos de abuso sexual es un delito federal, dado que implica una organización delincuencial que lleva a cabo una serie de violaciones a la ley de forma sistemática y constante, en donde intervienen dos o más personas, lo que lo vuelve sumamente grave dada la orquestación de grupos y personas que buscan extender y perpetuar la comisión de delitos en contra de niños, algo muy penado en las cortes del mundo.

—¿Cuál era la solución?

—Lo que era necesario era [crear] una Comisión verdaderamente auténtica, independiente de la Santa Sede, que derivara en consecuencias reales [juicios y condenas penales], pero Francisco decidió mantener el perfil ambiguo y el control interno, que incluso las víctimas que fueron invitadas decidieron abandonar al ver que aquello no tenía futuro.

—¿Qué pretende el papa?

—Por un lado, posicionar su imagen de un gran reformador de la Iglesia. Pero, en términos verbales, cualquiera puede ser un gran reformador, hasta Peña Nieto, Maduro o el mismo Putin, pero en las acciones está mostrando que no lo es tanto al aplicar una discrecionalidad en los casos.

EL CASO WESOLOWSKI

En estos días, el caso del exnuncio en República Dominicana, el polaco Józef Wesolowski, acapara la atención de la prensa internacional por ser la primera vez que el tribunal vaticano procesará a un jerarca de la Iglesia católica por delitos como el abuso a menores y la posesión de material “pornográfico-pederasta”. La gran novedad es que será el propio papa el fiscal del proceso que inicia el 11 de julio próximo. Athié hace otra lectura de un hecho que ha sido celebrado por muchos:

“El Estado Vaticano y la Santa Sede armaron toda una estrategia para evitar que Wesolwski fuera detenido por las autoridades de República Dominicana y lo llevan al Vaticano en una acción tipo servicio secreto de Israel, al puro estilo soviético y totalitarista, para ahora enjuiciarlo bajo secreto en las puertas internas del Vaticano.”

Wesolowsli (sesenta y seis años) es acusado por sus víctimas de abusar de menores durante el lustro comprendido entre 2008 y 2013, cuando se desempeñó como nuncio en República Dominicana. También se le acusa de participar en orgías en Polonia y estar ligado a organizaciones de trata de personas, además de formar parte del denominado “lobby gay” del Vaticano.

“Por eso se lo llevó, no quería que las autoridades destaparan la cloaca del encubrimiento, el cual ya ha reconocido Francisco”, estima Athié.

En el nuevo tribunal, el papa tiene el poder absoluto, ya que representa todos los poderes, lo que le da facultades para nombrar al juez, al jurado, al fiscal y, además, determinar la pena contra el exnuncio por los delitos cometidos contra niños que, dadas las características de este tribunal, no podrán estar ahí y se quedarán sin posibilidad de participar en el proceso ni de apelar la sentencia. Esto Athié lo ve como un doble crimen que podría llevarse a la Corte Internacional. “La creación del tribunal interno y el acto de sacar a Wesolowski de República Dominicana para evitar que fuera juzgado penalmente por las autoridades locales y llevárselo al Vaticano bajo secreto son dos crímenes que pueden ser llevados al tribunal penal de La Haya.”

—¿Hasta dónde piensan llegar en esto?

—La pederastia eclesiástica tiene tres niveles de responsabilidad: el que comete el acto, el que protege al que lo comete, y los que mandaron a hacer el mecanismo de protección para que estos lo aplicaran a favor de los primeros. Históricamente, estamos en el segundo nivel, y vamos hacia el tercero.